Para ganar competitividad en el proceso electoral 

Aníbal Sánchez. Foto: Caraota Digital
Experto en temas electorales

La celebración de elecciones libres, justas y con reconocimiento está en la ruta establecida desde el Parlamento para la recuperación de la República, el restablecimiento del Estado de derecho en Venezuela y la reinstitucionalización. Es un tema incluido en las agendas de las discusiones multilaterales, en foros que buscan solución a la crisis venezolana, así como en los diálogos o negociación mediada entre actores nacionales.

Como conocedor del área política y electoral, creo necesario delinear algunas de las garantías y condiciones que se deberían dar en un proceso electoral para que sea considerado dentro los cánones del estándar internacional, como estipulan las normas ISO 54001 de abril de este año, las cuales dan mayor competitividad al sistema electoral sin detrimento de los derechos fundamentales, humanos y políticos de todo ciudadano.

Sin embargo, antes de enumerar los ítems centrales de este petitorio, se debe tener presente que sin la adecuación institucional, el desmontaje de algunas trabas y la construcción de nuevas medidas, se vería limitada a una segunda fase, posterior a la solidificación institucional, posterior a la denominada transición hacia la democracia. En mi opinión, debemos realizar una revisión sistemática de diversos actos, leyes y decisiones judiciales que han viciado los procesos electorales.

Garantías 

Son las medidas establecidas para preservar los preceptos del sufragio como derecho humano y el ejercicio pleno de los derechos políticos de todos los ciudadanos, de manera que puedan expresar o manifestar su voluntad en función de una opción política, y que la misma sea registrada y contabilizada de manera fiel.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece en el artículo 63 que las elecciones deben ser siempre libres, universales, directas y secretas, y esto parte del artículo 23 de la Declaración Universal de los DD. HH., ratificado en artículo 21 de la Convención Americana.

  1. El nombramiento de nuevas autoridades del CNE (295 y 296 CRBV) de acuerdo al proceso establecido en los artículos 18 al 30 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, sin dejar de prestar atención en los órganos subalternos.

2. Garantizar la universalidad a partir de la actualización del registro electoral (Artículo 34 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, Lopre) considerando que parte del archivo de venezolanos cedulados.

  1. Garantizar el respeto a las circunscripciones y derecho del voto de venezolanos en el exterior o extranjeros en el país, según el tipo de elección. A partir del registro preliminar (Artículo 35 Lopre) y suprimiendo requisitos adicionales impuestos en Artículo 124 Lopre.
  2. Revisión de la certificación de las organizaciones con fines políticos de acuerdo a lo que establece la ley de partidos (Artículos 10, 15 y 26) y no resoluciones sobrevenidas de organismos ilegales como la ANC.
  3. Respeto al derecho político de elegir y ser elegido (Artículos 42 y 65 CRBV y Convención de DD. HH.), restableciendo los derechos políticos a los ilegalmente inhabilitados, por Artículo 105 de la Ley de Contraloría.
  4. Garantizar al menos las 17 auditorías técnicas previa revisión de sus protocolos con los técnicos de las organizaciones participantes y revisión de la contratación de auditores externos (Artículos 160 y 161 Lopre).
  5. Realización del catastro de centro a partir de los 14.000 centros y 30.000 mesas de votación de acuerdo al ultimo corte del RE, prevaleciendo los criterios de vecindad e inclusión, y con un correcto servicio electoral (selección de miembros mesas).
  6. Garantizar las medidas de seguridad a los electores, partiendo de la premisa de evitar la coacción y se ejerza el libre voto, o evitar el acompañamiento indebido que pone en riesgo el voto secreto y directo.
  7. La observación internacional calificada en todas las etapas del proceso.
  8. Implementación de la contraloría y fiscalización electoral con el fin de evitar los abusos e ilícitos electorales.

Condiciones 

Son las medidas que conllevan a obtener una competitividad en igualdad: las partes deben tener las mismas posibilidades.

Se requiere garantizar la imparcialidad de los medios de comunicación para la publicación de propaganda por virtud de lo establecido en los artículos 73 al 84 de la Lopre, así como de otras regulaciones que impidan el proceso ventajoso, por la utilización de recursos del Estado, bajo el apoyo de las instituciones. También todo lo concerniente a la operación del Plan República, regulación de las campañas electorales, hasta la fiscalización de los gastos de candidatos.

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