Al ser libre Afiuni tendrá derecho a volver a su cargo de juez

Foto: Cortesía

El caso de la presa política María Lourdes Afiuni se ha convertido en una papa caliente para el régimen de Nicolás Maduro: al otorgarle la libertad plena que está exigiendo la ONU, tendrán que devolverle su cargo de juez 31 de Control del Área Metropolitana de Caracas, pagarle 10 años de salarios caídos y resarcirle todos los daños causados, incluyendo la atención médica y psicológica especializada que requiere ella y todo su grupo familiar.

Abogados consultados por Caraota Digital explicaron que la libertad plena de la jueza Afiuni generará, entre otras, las siguientes consecuencias:

1.- Por tratarse de una persona juzgada siendo inocente, tal como lo ha determinado la ONU, el tribunal deberá emitir una decisión absolutoria. En consecuencia, debe anular la sentencia y todas las medidas cautelares que pesan en torno a esta procesada.

2.- Una vez en libertad, Afiuni tendrá derecho a volver a su cargo de juez 31 de Control del Área Metropolitana de Caracas y a cobrar 10 años de salarios caídos.

3.- En caso de que Afiuni interponga una demanda internacional contra el Estado venezolano, tendrán que resarcirle los daños físicos y psicológicos causados tanto a ella como a sus familiares más cercanos.

4.- Al concretarse la medida, Afiuni podrá salir del país, por lo tanto el Saime no le podrá negar su pasaporte.

6.- Afiuni podrá utilizar las redes sociales y declarar a los medios de comunicación social, por lo tanto, podrá contar, con detalles, todo el horror que vivió mientras estuvo recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), es decir, podrá, entre otras cosas, señalar quiénes fueron sus verdugos.

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Recuento del caso

María Lourdes Afiuni Mora es una funcionaria de carrera del Poder Judicial.

Al ser detenida ejercía el cargo de juez 31 de Control del Área Metropolitana de Caracas.

El 10 de diciembre de 2009 otorgó libertad condicional a Eligio Cedeño, empresario y propietario de los Bancos Canarias, Caracas, Bolívar Banco y BanPro.

Cedeño había sido detenido en febrero de 2007.

Fue imputado de los delitos de contrabando por simulación de importación, distracción de recursos  bancarios y obtención de dólares de modo fraudulento.

Este caso fue conocido por la opinión pública como “El caso Microstar”.

Cedeño tenía 2 años y 10 meses detenido en El Helicoide cuando la juez Afiuni le otorgó el beneficio.

El Ministerio Público no había conseguido pruebas en su contra, sin embargo seguía detenido junto a su socio Gustavo Arraiz.

Minutos después de haber otorgado la medida, funcionarios del Sebin, sin orden judicial,  detuvieron a la jueza en su despacho ubicado en el Palacio de Justicia.

Afiuni otorgó esta libertad basada, entre otras cosas, en una Resolución emanada del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU.

El organismo internacional había calificado la detención de Cedeño como “arbitraria”.

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La orden del comandante

Un día después de la detención de Afiuni el hoy difunto presidente Hugo Chávez, en cadena de radio y televisión, no solo llamó “bandida” a la juez sino que pidió aplicarle todo el peso de la ley.

“Yo exijo dureza contra esa juez”, dijo Chávez.

La orden del comandante se cumplió a cabalidad y de forma extralimitada: Afiuni fue recluida en el Inof para que “conviviera” con las mismas reclusas que ella había condenado.

En ese lugar fue sometida a todo tipo de torturas físicas y psicológicas, incluyendo una violación sexual.

Ningún órgano del poder público evitó las atrocidades, por el contrario, todos, incluyendo a Chávez, mostraban satisfacción ante lo ocurrido.

En febrero de 2011, dado el grave estado de salud, Afiuni recibió una medida sustitutiva de libertad y desde entonces se encuentra en su casa, pero con todo tipo de restricciones.

Afiuni tiene prohibido, por ejemplo, salir del país, trabajar, usar las redes sociales y declarar sobre su caso a los medios de comunicación social.

Actualmente su hermano, Nelson Afiuni, es prácticamente su interlocutor.

Por muchos años lo fue su abogado, José Amalio Graterol.

Corrupción espiritual

En marzo 2019, nueve años después de iniciarse esta causa, el juez provisorio 17 de Juicio, Manuel Antonio Bognanno, condenó a la juez María Lourdes Afiuni a 5 años de prisión por el delito de “corrupción espiritual”, un término que no existe en la legislación venezolana.

En esa oportunidad se filtró una conversación que la juez Afiuni tuvo con su abogado.

Durante la conversación la profesional del derecho explicó que tanto el juez como la fiscal del caso reconocieron, y así quedó sentado en el expediente, que nunca hubo dinero ni intención de pago en este caso.

“Fui sentenciada, según ellos, por el sentimiento de placer que sentí al otorgar la cautelar a favor de Eligio Cedeño”, dijo Afiuni.

Recordó que el Ministerio Público, para entonces (2009), en manos de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, jamás consiguió pruebas en su contra .

En su oportunidad la propia Ortega Díaz reconoció públicamente que no se logró comprobar que la jueza Afiuni había obtenido beneficios económicos por haber emitido esa decisión.

Tampoco se le comprobó relación alguna con Cedeño ni con nadie de su entorno.

Después de este caso ningún juez, en su mayoría provisorios, se atreve a tomar una decisión si antes no consulta o recibe órdenes de sus superiores o jefes políticos.

Los expedientes relacionados a presos políticos o “enemigos del régimen” son tratados por jueces plenamente identificados con el oficialismo.

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