En Venezuela se ha instalado un patrón sistemático y generalizado de abusos contra los Derechos Humanos, dirigido a castigar severamente a quienes disienten e infundir terror en la población que protesta en defensa de esos derechos. La afirmación la hizo la ONG Provea.
En un comunicado, la organización lamentó el hecho en el cual el joven de 16 años, Rufo Chacón, perdió los ojos tras haber recibido una descarga de perdigones en el rostro, mientras participaba en una protesta por la falta de gas, en la población de Táriba, estado Táchira. La manifestación fue dispersada violentamente con funcionarios de la GN, Policía Nacional y Policía del Táchira
«En situaciones como la ocurrida en Táriba, es claro que el empleo de la fuerza policial y militar en el país esta dirigida a causar el máximo daño posible contra los manifestantes. Por lo que estos hechos, lejos de ser casos aislados, forman parte del patrón represivo acertadamente descrito por la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los DD.HH», destacó Provea.
Lo ocurrido este lunes recuerda el caso de la joven Geraldine Moreno, asesinada por funcionarios de la Guardia Nacional durante una manifestación realizada el 19 de febrero de 2014 en Valencia, estado Carabobo. Moreno recibió un impacto de perdigones disparados a quemarropa contra su rostro.
Las heridas sufridas generaron un severo daño del que la joven no pudo recuperarse. Geraldine Moreno falleció el 22 de febrero de 2014 luego de ser sometida a una operación que se prolongó por 8 horas.
«Provea lamenta y condena enérgicamente estos hechos. El uso excesivo e indiscriminado de la fuerza contra la población civil ha generado decenas de muertes y graves lesiones a manifestantes pacíficos. Demuestra el enorme déficit institucional para frenar los abusos, que por el contrario, son alentados por altos funcionarios del Estado venezolano», destacó el comunicado.
La ONG lamentó que los hechos ocurrieron «apenas una semana ha transcurrido desde que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de ONU, Michelle Bachelet, concluyó su visita al país». Dijo que los mismos «dejan nuevamente al desnudo, la feroz maquinaria represiva de Nicolás Maduro».
Provea rememoró que los principios básicos de la organización de Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, establecen que los funcionarios deberán emplear medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y armas de fuego, estableciendo que su uso se justifica solamente cuando otros medios resulten insuficientes para reducir la amenaza».
En los últimos años el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica ha estado severamente amenazado por violaciones del derecho a la vida; integridad y libertad personal realizados por agentes del Estado, lo que muestra la inexistencia de una política democrática de control del orden público.
Un total de 8.036 personas resultaron heridas en el contexto de manifestaciones entre los años 2002 y 2018. Tras la alarmante cifra hay rostros y vidas que fueron cambiadas por la represión.
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