La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se fue convirtiendo desde 2018 y lo que va de 2019 en una estructura de tortura física y psicológica para quienes son detenidos por los cuerpos de seguridad del Estado.
El mayor general Iván Hernández, jefe de la Dgcim, ha tenido un ascenso acelerado en su carrera en la Fuerza Armada. Otra figura clave en esta estructura es el mayo Alexander Enrique Granko Arteaga, quien ocupa el cargo de jefe de la Unidad de Asuntos Especiales.
Otros factores del entramado lo constituyen los tribunales militares, la Corte Marcial y el grupo de médicos forense del Hospital de El Llanito, quienes firman las certificaciones sobre la salud de los detenidos, reseñó Infobae.
Estos omiten las marcas, moretones, golpes, heridas y cicatrices de los presos políticos.
De acuerdo con el Código Procesal Penal debe notificarse al fiscal en las primeras 8 horas y presentar al detenido ante el Tribunal en las primeras 48 horas. Sin embargo, en el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo pasaron días antes de presentarlo.
Cuando no los presentan en el lapso de 8 horas y no notifican al fiscal, es porque los están torturando para obtener información.
Luego de que el detenido llega el Dgcim lo dejan en el sótano 3 de investigaciones, donde hay un mostrador y lo obligan a quitarse sus prensas. Dependiendo del caso el detenido va a tortura y ahí inicia otra etapa, explica Infobae.
Los funcionarios colocan pape periódico o bolsas alrededor de los ojos y cinta pegante, los esposan hasta que llega el teniente de navío Abel Anzola y el capitán Jesús Gerardo Cardenas, quienes están entrenado en tortura física.
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