Autoridades españolas investigan la compra de más de 120 inmuebles en las ciudades de Marbella y Madrid utilizados por exaltos mandos del gobierno de Hugo Chávez para lavar dinero, informó este martes una fuente de la Fiscalía Anticorrupción al portal digital español, El Confidencial.
Según las indagaciones de la Fiscalía Anticorrupción las más de 120 propiedades habían sido adquiridos por el viceministro de la Energía de Chávez, Nervis Villalobos, y sus cómplices mediante un esquema muy complejo de sociedades que operaban desde diversos países a través de estatal petrolera (Pdvsa).
Documentaron la compra de inmuebles por 68 millones de euros. Las propiedades no fueron compradas con los nombres de quienes serían los dueños, sino que lo hicieron mediante sociedades con fondos provenientes del extranjero.
«Las dos sociedades; Swissinvest SL – creada en las Islas Caimán en 2012 – y Columbus One Properties SL – constituida en Madrid en 2015 – conformarían una compleja estructura para blanquear dinero en España procedente de esquemas de corrupción que han expoliado Venezuela», recalcó la fuente.
La Fiscalía Anticorrupción informó que los cómplices de Villalobos en el blanqueo de capitales en España y que sirvieron como testaferros son: Hugo André Ramalho Gois, financiero portugués, Ralph Steinmann, José Vicente Amparán, Luis Fernando Vuteff, empresario argentino y yerno del exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, y Carmelo Antonio Urdaneta, exasesor jurídico del ministerio de Petróleo y Minas. Todos ellos investigados por tribunales de Estados Unidos.
Los tres hijos de Villalobos, que viven en una casa de lujo en España, también habrían recibido cuantiosas transferencias en sus cuentas bancarias desde esas sociedades.
Un juzgado de Madrid le imputa a Villalobos blanqueo de capitales en España al haber transferido siete millones de dólares entre octubre de 2011 y junio de 2012 a una sucursal en Lisboa (Portugal) del Banco Madrid.
Además está procesado en Andorra junto a otros altos cargos de Pdvsa por un expolio de 2.000 millones de dólares a la compañía pública venezolana.
Estados Unidos ha pedido su extradición. Pero el 20 de febrero de 2019 la Audiencia Nacional española revocó la entrega temporal al país norteamericano para ser juzgado allí por blanqueo.