Desde que iniciaron las protestas antigubernamentales en Nicaragua el pasado 19 de abril de 2018 han muerto 651 personas, según cifras que maneja la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
El presidente de la ONG, Álvaro Leiva, quien se encuentra en Costa Rica como asilado político, sostuvo que ese período han sido asesinados 613 hombres y 27 mujeres, además, 4.922 personas han resultado heridas, mientras que 516 han sido secuestradas.
Leiva recalcó igualmente que hasta el 30 de septiembre tienen contabilizados 853 casos de desapariciones forzadas.
“Estas cantidades de ejecuciones que hemos dado a conocer en este informe preliminar son preocupantes considerando que han pasado 530 días, eso es alarmante en cualquier país del mundo y es motivo de que hay que poner atención sobre la crisis profunda de violaciones a los derechos humanos que existe en Nicaragua”, afirmó Leiva a EFE.
De las muertes 522 fueron por arma de fuego, 49 por torturas, golpes, ahorcamientos o pedradas, 10 por armas blancas, 31 se encuentran bajo investigación y de 39 de ellas fueron catalogadas como otras circunstancias, según el informe.
La Asociación explicó que 293 homicidios sucedieron en el contexto de ejecuciones en ataques a protestas pacíficas, principalmente barricadas y marchas.
En Nicaragua también hay migración
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos también reveló que en una proyección aproximada estiman que han migrado 55.946 nicaragüenses en busca de protección humanitaria.
Datos de la ANPDH, según información recabada de la Dirección de Migración y Extranjería costarricense un total de 33.696 nicaragüenses han solicitado refugio en el país al mes de mayo de 2019 y se han entregado 8.262 permisos laborales.
Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua vive una crisis sociopolítica. El presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, reconocen 199 muertos y 340 reos, que llaman “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.
Ortega, próximo a cumplir doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de intento de “golpe de Estado” que, asegura, ya ha sido aplacado.
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