Magnate venezolano pide a la policía española no usar sus bienes incautados

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La representación legal de José Roberto Rincón, magnate venezolano detenido en Madrid en junio de 2018, ha requerido recientemente al juzgado de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional la nulidad de actuaciones referidas a la incautación de varios de sus bienes en la ciudad española, y que estaría siendo utilizados por la policía.

Rincón Bravo fue detenido junto a su madre, María Lila Rincón, en una operación contra el bloqueo de dinero de parte de la fortuna lograda por su familia presuntamente procedente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Su padre, Roberto Enrique Rincón, fue privado de libertad en Estados Unidos en el año 2015 por encabezar supuestamente una red que desvió 1.000 millones de dólares de empresa venezolana, publicó en una nota el portal web Vozpopuli.

El pasado mes de octubre la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, aceptó asumir la causa contra los funcionarios y empresarios venezolanos investigados por integrar una organización criminal para el saqueo la petrolera venezolana y otras empresas públicas del país, que se seguía en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

Los abogados de Rincón Bravo señalan en un escrito enviado al juzgado de la Audiencia Nacional el pasado día 20 de enero, que durante la fase de secreto de las actuaciones, el anterior magistrado había autorizado a la policía el uso provisional de, al menos, un vehículo incautado durante el registro de su domicilio en Madrid, el 6 de junio de 2018, en la lujosa finca La Losilla. El coche en cuestión es un Range Rover Sport, que suele tener un precio de más de 80.000 euros.

Incautaciones

Entre esos bienes se encuentran unos prismáticos marca Zeiss modelo Victory HT (con un precio cercano a los 1.000 euros); una cámara nocturna Red Digital Cinema Dragon; y un visor nocturno marca Nite Site. También dos drones, uno marca DJI, modelo Inspire (más de 3.000 euros), y otro de la misma marca, modelo Phantom 2 Vision+ (unos 300 euros).

A pesar de las reclamaciones de los abogados de Rincón Bravo sobre la nulidad de los autos en los que se permitía el empleo policial de los bienes incautados, estos no obtuvieron respuesta del Juzgado de Instrucción 41, y tendrá que ser ahora la Audiencia Nacional el organismo encargado de resolver la cuestión. El empresario venezolano podría requerir una compensación por el desgaste de los bienes usados.

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