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Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV de cara al 5-E: «en Venezuela se ha instaurado una tiranía judicial»

Este martes, la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela emitió un pronunciamiento en respuesta a los reiterados ataques que evidencian la «tiranía judicial» por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro contra la Asamblea Nacional, y que atentan contra el acto constitucional de instalación del Poder Legislativo, este enero del 2020.

Haciendo una relación de los ataques (a los que se refiere cómo sistémicos) del régimen contra la Asamblea Nacional desde 2015, la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV señala que «el usurpador que ocupa Miraflores ha destruido el Estado de derecho usando un esquema en el que particularmente, se ha tenido que involucrar al Tribunal Supremo de Justicia».

«Esta simple relación demuestra los niveles de una ‘Tiranía Judicial’ instaurada en Venezuela, la derogatoria de la Constitución y la materialización de un esquema fraudulento que bajo la premisa de la anulación de todo control sobre el Gobierno ha llevado al país a la ruina».

«Por ello reiteramos que los ciudadanos y los factores democráticos que subsisten deben cumplir el deber republicano que deriva de los artículos 138, 333 y 350 de la Constitución que habilita a cualquier ciudadano, esté investido o no de autoridad, para asumir la defensa, protección y garantía de la institucionalidad y sus propios derechos fundamentales», indica el documento.

Un recuento

El informe especifica que «desde el 5 de enero del 2015, fecha en la que inició el periodo legislativo, se inició una arremetida con la que pretenden obstaculizar el ejercicio de la soberanía popular: con una medida cautelar de la Sala Electoral que excluyó la representación parlamentaria indígena del Estado Amazonas».

«Las acciones ilegales no pararon, prueba de esto, la reciente aprobación de un documento de la Sala Constitucional que se identifica como sentencia N° 0517 de fecha 19 de diciembre de 2019, con ponencia conjunta, en el cual se declaró la nulidad absoluta y carencia de efectos jurídicos de la reforma del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional».

«Tales pronunciamientos pasarán a la historia de la infamia al pretender que toda una Nación fue declarada en desacato, sus decisiones anuladas, por individuos que no fueron electos ni tienen mandato popular».

Persecución personal e irrespeto a la inmunidad parlamentaria

De acuerdo a lo que se lee en el pronunciamiento existen una serie de procedimientos, pruebas de los atropellos jurídicos, entre ellos:

Los actos de persecución personal contra diputados que se traducen en 28 enjuiciamientos por parte del tribunal supremo de justicia sin respetar la inmunidad parlamentaria.

Tres diputados objeto de medidas privativas de libertad sin formula de juicio que cumpla con los requisitos mínimos de un debido proceso.

27 parlamentarios inhibidos de cumplir su función ante la necesidad de ausentarse del país por las amenazas y agresiones de las que han sido objeto.

En este último aspecto, «debemos incluir a nuestros compañeros, profesores universitarios, Manuel Rachadell y Miguel Albujas, los cuales son objeto de persecución penal por haber sido designados representantes de la Asamblea Nacional ante el Consejo Nacional de Universidades», señala el documento de la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV.

«Esta simple relación de hechos demuestra que en Venezuela se ha instaurado un esquema fraudulento que bajo la premisa de la anulación de todo control sobre el Gobierno ha llevado al país a la ruina», indica el informe.

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