En el mes de junio se cerró con un saldo de 59 violaciones del derecho a la libertad de expresión, afectando a un total de 41 víctimas, en su mayoría periodistas (18) y medios de comunicación (8). Entre los victimarios destacan las fuerzas represoras de Maduro y grupos violentos.
El número de violaciones aumentó a más de 700 en lo que va de año, 78 de éstas, corresponden a detenciones de equipos de prensa durante la cobertura de calle. Cierres de medios de comunicación, canales fuera de la oferta en Venezuela y agresiones a periodistas marcaron el mes, señaló Espacio Público.
El régimen victimizante
Más de la mitad de los responsables de las violaciones a la libertad de expresión en junio fueron funcionarios e instituciones de Nicolás Maduro, quienes usan su autoridad para restringir y limitar el acceso a la información, principalmente de carácter público, afectando directamente a los periodistas y a todos los ciudadanos que esperan conocer la realidad de los hechos a través de las coberturas en tiempo real.
La ONG, destacó el caso de los periodistas María Carolina Quintero y Gerard Torres, corresponsales en el estado Zulia de los medios digitales Venezolanos por la Información (VPITV), y TVVenezuela. Quienes fueron intimidados por funcionarios de seguridad cuando realizaban un recorrido por las principales estaciones de servicios, haciendo cobertura sobre la escasez de combustible en la ciudad de Maracaibo: “Para grabar deben pedirle permiso a mi sargento”, exclamó el oficial.
En el oriente del país, dos funcionarios de la Policía Regional de Anzoátegui (Polianzoátegui) detuvieron y le robaron el celular al periodista de Radio Fe y Alegría, José Félix Millán cuando realizaba un trabajo periodístico igualmente sobre la escasez de gasolina en la región.
También en el estado Anzoátegui, el reportero del canal de televisión digital Venezolanos por la Información (VPI TV), Jesús Bastidas, fue amenazado por un funcionario de la Policía del municipio Urbaneja (PoliUrbaneja) cuando realizaba un recorrido por las estaciones de servicio del municipio Lechería, quien le prohibió seguir grabando, y lo obligó a retirarse del lugar: “No me interesa, no sigas grabando porque si no te voy a poner los ganchos”
En Caracas el patrón se repitió en el sector La Campiña cuando funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) apresaron a Ronald Peña, reportero gráfico del medio digital El Pitazo y a su motorizado, Félix Moráis, mientras realizaban imágenes de apoyo al edificio de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
“Me dijo: está prohibido hacer tomas de Pdvsa, El Pitazo es un medio opositor”.
Más restricciones
En junio el Tribunal Supremo de Justicia sentenció al portal informativo Lapatilla.com a pagar 30 mil millones de bolívares al presidente de la ilegítima asamblea nacional constituyente, Diosdado Cabello por “daño moral e injuria”.
La sentencia emanada de la Sala de Casación Civil señala que la demanda por daño moral contra Lapatilla.com se mantiene, teniendo que resarcir el monto mil millonario en un lapso de “ejecución voluntaria” fijado por un juez de Primera Instancia, y advierte que de no ser cancelado en el tiempo estipulado “será objeto de indexación judicial conforme a lo señalado”.
A merced del hampa
Los medios no escapan al aumento en los índices de inseguridad en el país, con el agravante que en un contexto de hiperinflación la reposición de los equipos es cada vez más difícil.
En el estado Mérida, la mañana del 4 de junio, personal obrero de ULA TV y ULA FM 107.7 denunciaron el robo de la estación desde donde se transmitían vía web las sesiones del Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes (ULA), en Mérida. Los delincuentes cargaron con los cables de corriente, video y sonido, además de llevarse dos reflectores de la azotea del Rectorado, donde está ubicado el salón donde sesiona el Consejo Universitario de la ULA.
El 8 de junio, malhechores robaron la sede de Radio Fe y Alegría 103.9 FM en Anaco, Anzoátegui, durante la madrugada rompieron uno de los candados, destrozaron el aire acondicionado y cargaron consigo una tableta y una cámara fotográfica.
Pedro Jaimes: Un inocente en El Helicoide
Un año y dos meses detenido injustamente: 426 días en una celda del Sebin, custodiado por funcionarios. Lo desaparecieron por 35 días, le fracturaron una costilla a golpes, lo torturaron con electricidad y simularon asfixiarlo utilizando bolsas rociadas con insecticida. Pedro tuiteó la ruta del avión presidencial el 3 de mayo de 2018, información pública en internet y que todo venezolano tiene derecho a conocer.
Antes de ser detenido arbitrariamente Jaimes vendía productos en internet por Mercado Libre, buscaba las medicinas para su hermana Trina, se ocupaba de las compras para la familia, y se dedicaba a publicar en su cuenta de Twitter @AereoMeteo diversa información aeronáutica, sobre el clima, y política. El tuit por el que lo detienen tenía sólo 12 RT para la fecha y mostraba al avión presidencial dirigiéndose al estado Aragua.
Actualmente está recluido en una celda de 3×2 metros sin ventilación ni luz eléctrica, que comparte con un recluso acusado de narcotráfico. Ambos disponen del mismo baño, sin puerta, que asean una vez al día únicamente cuando les llegan tobos de agua de la cisterna que surte a El Helicoide. En octubre de 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a Pedro, al parecer esa fue la razón por la que dejó de compartir una celda de 3×12 metros cuadrados con 17 personas.
El dolor por la costilla rota le impide a Pedro mantenerse sentado por mucho tiempo, además no puede cargar peso, por lo que sólo dispone para su aseo de los tobos de agua que le pueden cargar hasta la celda: los coloca pegados a la pared, los tapa, y purifica el agua con el cloro que le hacen llegar sus familiares para poder bañarse algunos días a la semana.
Cargando...