Tal como se esperaba, el régimen de Maduro cuestionó el informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh). Este jueves publicó su respuesta en la que recalca su negativa a liberar a los presos políticos.
Argumentó que la recomendación de Bachelet es “inaplicable” pues “en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición”.
En una misiva, la administración de Maduro expuso 70 consideraciones en las que resaltó la “omisión de los logros” y los informes oficiales sobre diversos tópicos, como los relacionados a la alimentación, la salud y los derechos humanos.
“82 % de las entrevistas realizadas por la Oacnudh para fundamentar su informe corresponde a personas ubicadas fuera de Venezuela, tomando en cuenta que dicha oficina realizó dos visitas al país durante el año 2019”, expresó la cancillería en un comunicado.
A continuación los puntos más polémicos
- Criticó que la ONU haya basado su posición sobre la escasez de alimentos y la crisis en el sector salud, “omitiendo la información recabada directamente por la Oacnudh” durante su visita a Venezuela.
- En cuanto al resurgimiento de enfermedades, lamentó que no se haya tomado en cuenta el control absoluto del Zika.
- Desmintió el incremento de la tasa de mortalidad materna, pues según sus datos oficiales, la cifra se redujo en 13,76 %.
- El régimen también desestimó que 20 mil niños podrían morir a causa de la crisis.
“Si la Oacnudh formula sus informes a partir de estimaciones realizadas por organizaciones civiles, debería valorar el reporte realizado por el Centro de Investigación Económica y Política según el cual, 40 mil venezolanos han fallecido «producto de las sanciones».
- Para la Oficina del Alto Comisionado, la crisis económica se produjo antes de las medidas de EEUU, una aseveración errónea para el régimen, pues «se omitió la reducción del precio del petróleo» por la manipulación del mercado, “a través del incremento de la producción de petróleo de esquisto”.
- El régimen negó que haya cerrado medios o expulsado periodistas del país al asegurar que solo se cumplió con las leyes.
- En cuanto a la persecución a la disidencia, sostuvo que es una observación equivocada, al argumentar que grupos opositores se han dedicado a atentar contra la Constitución.
- Sobre la falta de compromiso para investigar la violación a los derechos humanos esgrimido en el punto 33 del informe de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, el régimen indicó que 44 personas están privadas de libertad por el delito de “homicidio en el contexto de las manifestaciones entre 2017 y 2019”.
- En cuanto a los casos de los diputados, aseguró que no está persiguiendo a los parlamentarios, pues muchos de ellos están involucrados en conspiraciones.
- La administración de Maduro reconoció que aún tiene desafíos por atender en los centros de detención preventiva, no obstante, cuestionaron que el informe no destaque los “avances en los centros penitenciarios del país”.
- Pese a las denuncias de pobladores, ONG y de la propia Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para la ONU, el régimen negó la existencia de grupos irregulares armados en el territorio nacional.
Documento en Rechazo a Informe de La Alta Comisionada de La ONU Para Los DDHH MB by Víctor Marchán on Scribd
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