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Argumenta que su hijo fue asesinado porque ella es jueza y se lo están cobrando

The New York Times indica que Esther Salas es jueza de distrito de Estados Unidos para el distrito de Nueva Jersey, con sede en Newark.

“Sigamos hablando; me encanta hablar contigo, mamá”. Esas fueron las últimas palabras que me dijo mi único hijo, Daniel, cuando limpiábamos el sótano después de sus festejos de cumpleaños. Todavía estaba muy feliz debido a un glorioso fin de semana en casa con sus padres y amigos.

Entonces sonó el timbre de la puerta. Daniel subió apresuradamente las escaleras. Segundos después, mientras yo estaba sola en nuestro sótano, mi amado hijo fue asesinado a balazos. Mark Anderl, mi esposo desde hace 25 años, recibió tres disparos y resultó gravemente herido.

Esta tragedia, la peor pesadilla de toda madre, ocurrió por una razón que no tiene nada que ver con mi esposo ni con mi hijo, sino más bien con mi trabajo: soy una jueza de distrito de Estados Unidos. Un abogado que había comparecido ante mí estaba molesto por el ritmo de una demanda que había presentado en mi tribunal. Vino a mi casa en busca de venganza.

Mi atacante buscaba herirme, pero su enojo y su enfoque no eran únicos. Los jueces federales estamos en riesgo de encontrarnos con otros posibles atacantes.

Para los jueces y sus familiares, tener una mejor seguridad es un asunto de vida o muerte. Sin embargo, su importancia va más allá de nuestro bienestar. Por el bien de Estados Unidos, la seguridad judicial es esencial. Los jueces federales deben ser libres de tomar sus decisiones, sin importar lo impopulares que sean, sin temor de sufrir daños. El gobierno federal tiene la responsabilidad de proteger a todos los jueces federales porque nuestra protección es fundamental para nuestra gran democracia.

Desde la muerte de Daniel, prometí hacer todo lo que esté en mis manos para hacer que tragedias similares sean menos probables. El mes pasado, Nueva Jersey aprobó la que se conoce como la Ley de Daniel, que prohíbe distribuir información personal, incluyendo el domicilio y los números telefónicos, de jueces, procuradores y personal de las fuerzas de seguridad.

Después de la muerte de Daniel, me enteré a través de los agentes del FBI que es fácil encontrar información personal sobre jueces en internet. Las direcciones de los jueces se pueden comprar en línea por tan solo unos dólares, incluyendo fotografías de nuestros hogares y las matrículas de circulación de nuestros vehículos. En mi caso, este hombre armado y trastornado fue capaz de crear un expediente completo de mi vida: acechó mi vecindario, marcó en mapas mis rutas al trabajo e incluso se aprendió los nombres de mi mejor amiga y la iglesia a la que asisto. Todo eso era completamente legal. Este acceso a información tan personal le permitió a este hombre arrebatarnos a nuestro único hijo.

Ahora el Senado de Estados Unidos necesita aprobar la Ley Daniel Anderl de Seguridad y Privacidad Judicial, la cual proporcionaría mayores protecciones para los jueces federales. Una legislación idéntica ha sido presentada ante la Cámara de Representantes.

El proyecto de ley bipartidista protegería la información de identificación personal de los jueces para evitar que sea revendida por comerciantes de datos. También les permitiría a los jueces federales ocultar la información personal desplegada en sitios de internet del gobierno federal y evitar la publicación de información personal por otras empresas e individuos cuando no hay un interés legítimo de los medios de comunicación o no es un asunto de relevancia pública.

También alentaría a los estados a proteger la información personal, mejorar la capacidad del Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos para identificar amenazas y autorizar mejoras a los sistemas de seguridad en las casas de los jueces.

La emboscada que cobró la vida de mi hijo e hirió gravemente a mi marido no es el primer ataque de su tipo. En 2005, la jueza de distrito de Estados Unidos Joan Lefkow de Chicago llegó a su casa y descubrió que un litigante enojado había matado a su madre y a su esposo. Desde 1979, cuatro jueces federales han sido asesinados.

La amenaza para los jueces se está intensificando. Los incidentes de seguridad dirigidos contra jueces y otros miembros del personal que desempeñan papeles integrales en los casos de los tribunales federales se elevaron a 4449 amenazas y comunicaciones inapropiadas en 2019, en comparación con 926 incidentes de este tipo en 2015, según el Servicio de Alguaciles Federales.

El 31 de octubre, un juez federal en Houston fue informado por un exsecretario judicial de que la dirección de su casa se había publicado en Twitter. El 25 de noviembre, un intruso irrumpió en el despacho de un juez en el sur de California, amenazó con matarlo y dañó su escritorio con un bastón metálico que, después se descubrió, tenía una navaja. El atacante huyó después de que el juez, que resultó ileso, llamó al 911.

En mi caso, Roy Den Hollander, un abogado de Nueva York que presentó una demanda en contra del reclutamiento militar exclusivamente masculino, albergaba resentimientos fatales. El 11 de julio de 2020, mató a un abogado en California. Ocho días después, vino a nuestra puerta y asesinó a Daniel. Demasiado tarde me di cuenta de que a menudo se describía a sí mismo como “antifeminista”. En una memoria autopublicada, me describió como “una jueza latina floja e incompetente designada por Obama”.

Un homicida con determinación siempre será difícil de detener, pero hacemos que sea demasiado fácil ubicar a los jueces. Retirar nuestra información de identificación personal de internet es una primera defensa crucial.

También es esencial hacer más seguros los hogares de los jueces. En 2005, después del ataque a la familia de la jueza Lefkow, el Congreso financió sistemas de seguridad para los hogares de los jueces. Estas medidas necesitan actualizarse con urgencia para incluir cámaras de video al exterior y otras funciones de protección comunes en sistemas de seguridad casera que están disponibles comercialmente.

En mi casa, la única manera de ver quién ha llegado a la puerta principal es asomarse por una ventana salediza. A mediados de julio, tras cuatro meses de restricciones por la COVID-19, las entregas a domicilio ocurrían casi a diario. El asesino de Daniel aprovechó esta rutina y llegó a nuestra puerta vestido como un repartidor de Fed-Ex.

Los investigadores me dijeron que creen que Daniel impidió un ataque planeado contra mí al avanzar hacia el pistolero. Mi esposo retrasó el ataque aún más al permanecer de pie incluso después de ser impactado por tres disparos a quemarropa. Para cuando llegué a la planta principal, el atacante había huido.

Si la muerte de Daniel sirve para demostrarle algo a nuestro país, es que las amenazas contra los jueces federales son reales y que tienen terribles consecuencias. Incluso a la edad de 20 años, mi hijo se preocupaba profundamente por otras personas. De manera valiente y generosa, protegió a quienes más amaba. Nosotros también debemos ser valientes y hacer lo que es correcto para asegurarnos de que los jueces puedan desempeñar sus deberes sin temor a que ellos o sus familiares sean ejecutados donde son más vulnerables.

La muerte de Daniel nos está mandando un mensaje, pero ¿prestaremos atención? Por el bien de mis hermanos y hermanas que encabezan los tribunales, el Congreso debe actuar ahora. Cada día que pasa sin acciones deja a nuestros jueces federales, a nuestro sistema judicial y a nuestra democracia misma en peligro.

 

 

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