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Bukele sigue firme en su posición y responde a comunidad internacional: "Estamos limpiando nuestra casa"

Recuerda el portal Público.es, citando a la agencia EFE, que el oficialismo salvadoreño tomó el sábado las riendas de la Asamblea Legislativa y su primera acción fue votar para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional del Supremo y al fiscal general, Raúl Melara. En el último año, el presidente Nayib Bukele tuvo enfrentamientos en más de una ocasión con estos funcionarios por decisiones judiciales e investigaciones del Ministerio Público.

Ante las reacciones de representantes de gobiernos de otros países, Bukele señaló en Twitter que "estamos limpiando la casa". "A nuestros amigos de la comunidad internacional: Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa" y "eso no es de su incumbencia", publicó el mandatario.

Fueron 64 legisladores de los 84 que componen la Asamblea Legislativa los que votaron por la destitución de los magistrados y del Fiscal, que fueron electos por anteriores legislaturas. Los votos fueron dados por los partidos oficialistas Nuevas Ideas (NI), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Concertación Nacional (PCN).

Bukele y algunos de sus compañeros de partido (Nuevas Ideas) intentaron imponer una versión de los hechos a través de las redes sociales para extender sus mensajes, según recoge el diario salvadoreño El Faro. Los representantes recurrieron a las burlas hacia los opositores e, incluso, al hostigamiento policial y al uso de teorías de la conspiración que plantean que el multimillonario George Soros es la persona que se encontraba detrás del rechazo que ha expresado la comunidad internacional.

Una decisión inconstitucional

Minutos después de la votación para destituir a los magistrados, la Sala de lo Constitucional emitió un fallo en el que declaró inconstitucional la decisión por atentar contra el sistema de gobierno. "Esto se debe a que, con una marcada intención de suprimir los controles efectivos hacia el Órgano Ejecutivo y Legislativo, incide negativamente en el control del ejercicio del poder que efectúa esta sala", reza el fallo.

Los magistrados por los que los diputados votaron para destituir son el presidente de la Corte Supera de Justicia (CSJ) José Armando Pineda, y los magistrados Aldo Enrique Cáder, Carlos Sergio Avilés, Carlos Ernesto Sánchez y Marina de Jesús Marenco.

Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) y doctor en derecho constitucional, indicó a Efe que con el fallo "la decisión de destitución no surte efectos", al ser emitido antes de que concluyera la sesión plenaria.

El Salvador sin controles

Analistas y defensores de derechos humanos advirtieron que, con la destitución de los magistrados constitucionales, el país se queda sin contrapesos para controlar las acciones del Gobierno y de la Asamblea Legislativa. "La CSJ (Corte Suprema) es la instancia a la cual recurrir ante hechos de abusos de poder y violación a derechos constitucionales. Desmantelarla por decreto es dejar sin protección a la ciudadanía y romper de un golpe el necesario control interinstitucional entre los 3 poderes del Estado", dijo Celia Medrano, candidata a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para Medrano, esta situación es "la ambición de control total concretada", lo que significa que "buscan no tener ningún control ni poder que pudiese frenar acciones arbitrarias e ilegales". Eduardo Escobar, director de la organización Acción Ciudadana, advirtió que la situación podría agravarse si se ven involucradas las fuerzas de seguridad en la previsible crisis que enfrentará el país.

Golpe técnico

Para Escobar, la decisión de deponer a los magistrados podría considerase una "ruptura del orden constitucional" y un "golpe de Estado técnico". La principal gremial de empresarios, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), catalogó en un comunicado las acciones de la nueva Asamblea Legislativa como un golpe de estado.

"Condenamos el atentado contra la democracia", señaló la ANEP en un comunicado en el que llamó a la comunidad internacional a condenar las acciones del Legislativo, que buscan "la concentración total del poder en manos del Ejecutivo" de Bukele.

Para Abraham Ábrego, de la organización de derechos humanos Cristosal, en el país se está "perfilando el camino hacia una dictadura". Los partidos opositores, que con 20 diputados no consiguen frenar estas decisiones, también denunciaron el "golpe de estado".

Reacción de EE.UU.

Estados Unidos supeditó el sábado la posibilidad de una "relación fuerte" con El Salvador a que el Gobierno de ese país apoye la separación de poderes y sostenga las normas democráticas, de acuerdo con la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung.

Antes que se produjeran las votaciones de destitución, Chung aseguró en Twitter que desde Washington se veía "con preocupación la propuesta de algunos miembros de la Asamblea Legislativa de destituir a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de El Salvador".

"Un órgano judicial independiente es el cimiento de toda democracia; ninguna democracia puede sobrevivir sin eso", complementó la funcionaria. Juan González, el principal asesor para Latinoamérica del presidente de EEUU Joe Biden, también criticó la petición. "Así no se hace", escribió en español en su cuenta de Twitter el alto cargo, al reaccionar a un mensaje que publicó en la misma red social el director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.

Rechazo de la ONU y la UE

La comunidad internacional ha mostrado su preocupación unánime por la situación del Estado de derecho en El Salvador tras la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del fiscal general, y pidió respeto por la Constitución local.

La ONU y la Unión Europea (UE) se han sumado a las reacciones por lo que acontece en El Salvador, y antes habían expresado su preocupación por la situación política la Organizaciones de Estados Americanos (OEA) y Estados Unidos. La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, es la personalidad de mayor rango que se ha pronunciado por el gobierno de EE.UU., con el que el Ejecutivo de Nayib Bukele no pasa por su mejor momento.

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este lunes a El Salvador respeto a la Constitución y a la separación de poderes para mantener los avances democráticos que el país alcanzó tras 12 años de guerra civil (1980-1992). Guterres, a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, dijo que está siguiendo de cerca la situación en el país centroamericano y que "toma nota de las preocupaciones expresadas respecto a los procedimientos usados para la destitución de miembros de la Sala de Constitucional".

El pronunciamiento de la Unión Europea (UE) fue más crítico al considerar las acciones del Legislativo, respaldadas por Bukele, como un atentado contra el Estado de derecho. Los representantes de la UE en El Salvador, al igual que la misión diplomática de Estados Unidos, no se habían pronunciado antes. "Las decisiones tomadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador el 1 de mayo de destituir a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al Fiscal General de la República, y los consiguientes nuevos nombramientos, atentan contra el Estado de derecho y la separación de poderes en el país", según un comunicado del Servicio Europeo de Acción Exterior.

La UE dijo que espera que "los derechos legales y la integridad física de los magistrados estén garantizados en todo momento en el ejercicio de sus funciones". Debe salvaguardarse, añadió la UE, "la independencia del Poder Judicial en El Salvador para asegurar la plena separación de poderes y preservar la sólida tradición democrática del país".

Bukele en las redes

El presidente Bukele ha reaccionado desde el mismo sábado desde su cuenta de Twitter a las diversas críticas de la comunidad internacional, pero sin hacer referencia directa a entes o funcionarios. "Aquí nos costó 30 años botar el régimen que nos tenía en la miseria, en la corrupción, en la inseguridad y en la desesperanza. Negociaban con la vida del pueblo y ordenaban asesinatos desde las instituciones (hay vídeos de eso)", indicó, pero sin presentar pruebas. Y agregó: "el pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos".

Entre las propuestas de la campaña para las elecciones del 28 de febrero pasado no se encontraba ninguna que planteara la destitución de funcionarios electos por legislaturas anteriores. "Si la oposición gana en Nicaragua, dejarían a la Corte y la Fiscal Sandinista. Si la oposición logra ganar en Honduras, dejarían a la Corte y Fiscal de JOH (Juan Orlando Hernández). Si la oposición gana en Venezuela, dejarían a la Corte y Fiscal del Chavismo (...) digo, por aquello del balance de fuerzas", publicó.

Advertencia de crisis económica

Una veintena de organizaciones de la sociedad civil advirtieron de la posibilidad de una crisis económica en El Salvador tras la destitución de los magistrados titulares y del fiscal general. El economista Ricardo Castaneda, coordinador para El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), indicó que "muchas veces se piensa que los aspectos democráticos están separados de los aspectos económicos pero no es así, tarde o temprano una crisis democrática se traduce en una crisis económica".

Señaló que lo que acontece en El Salvador "puede provocar, por ejemplo, un aumento en el precio de los bienes y servicios -es decir, un aumento de la inflación-, un aumento del desempleo que a su vez se traduce en un aumento de la deuda y también en un aumento de la pobreza y la desigualdad".

Castaneda apuntó que este lunes los precios en los bonos en los mercados internacionales "han tenido una caída muy grande en el caso de El Salvador, lo que es el primer impacto que uno puede observar". Según los datos de Bloomberg, divulgados por algunos medios, los bonos en dólares de El Salvador que vencen en 2025 cayeron un 5,9%, la mayor bajada de un día desde el 18 de marzo de 2020.

Fuente: Público.Es

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