De acuerdo al informe de la CIDH presentado en el estado de la Florida (EEUU), pese a estar bajo el gobierno de Diaz-Canel y el intento de una nueva constitución, Cuba sigue siendo evaluada por el organismo como el violador de derechos humanos, por excelencia. De acuerdo a lo expuesto embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, quien estuvo presente en el evento, insiste que la isla «nunca» se podrá incorporar a este sistema interamericano, «que se basa en los principios de derechos humanos y democracia».
Manifestó que «Cuba es el violador más grandes de derechos humanos en el hemisferio. No solo de los cubanos, (sino de) los nicaragüenses y los venezolanos».
Antonia Urrejola, relatora de Cuba en la CIDH, dijo a la agencia de noticias EFE, que «persisten» las mismas demandas que este organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha hecho durante décadas.
La CIDH determinó que perdura la prohibición de asociarse con fines políticos y las arbitrarias restricciones a la libertad de expresión, entre otras limitaciones a los derechos fundamentales.
De igual forma, el organismo dijo que «persiste la persecución selectiva y deliberada en contra periodistas (…) que difunden información y opiniones sobre temas de interés público que el Estado considera contrarias a su discurso» y «advierte con preocupación una intensificación de los procesos de criminalización» contra activistas.
Según Urrejola, «el proceso de socialización y debate en torno al proyecto de Constitución adoleció de serias falencias» y de herramientas democráticas como un «debate pluralista».
La nueva constitución
Urrejola precisó que aunque es «un avance de la letra escrita» la nueva Constitución, carece, por ejemplo, de «una independencia del poder judicial» que garantice que se hagan efectivos los derechos que reconoce.
Previo a la presentación del informe, la comisión Justicia Cuba anunció también en Miami que solicitó a la CIDH que «respalde la creación de un tribunal que juzgue los delitos de lesa humanidad que ha cometido el castrismo».
El jurista mexicano René Bolio, que preside esa comisión internacional, dijo a Efe que se trata de una corte que «juzgue y condene a los criminales que hoy están en Cuba que han cometido estos delitos no solo en Cuba, sino en Nicaragua y Venezuela» y que la comisión ha documentado desde su creación hace dos años.
«Vamos a analizar lo que esta iniciativa puede significar en la protección de los derechos humanos», dijo a Efe Esmeralda Arosemena, presidenta de la CIDH.
Al respecto, Urrejola agregó que la Comisión va a analizar la petición, aunque considera que los tribunales apropiados para estos casos son la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma.
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