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Fiscal de la CPI encontró "fundamentos razonables" para creer que el régimen de Maduro cometió crímenes de lesa humanidad

La Corte Penal Internacional anunció este lunes que, luego de haber llevado a cabo un examen preliminar sobre la situación en Venezuela, ha encontrado fundamentos razonables para creer que “al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno (de Nicolás Maduro) han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos”. Reseñó el portal Infobae.

En un comunicado, el órgano internacional enumeró las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro cuyos miembros son presuntamente responsables de los crímenes: “: la Policía Nacional Bolivariana; (“PNB”), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (“SEBIN”), la Dirección General; de Contrainteligencia Militar (“DGCIM”), la Fuerza de Acciones Especiales (“FAES”), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (“CICPC”), la Guardia Nacional Bolivariana (“GNB”), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (“CONAS”) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (“FANB”)”.

El documento también hace referencia a las milicias paramilitares al servicio de la dictadura, conocidas como “colectivos”, e indica que actuaron “junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”. “En relación con el presunto rol de los actores mencionados, “el/los caso(s) potencial(es) identificados por la Fiscalía no estarían limitados a estas personas o grupos de personas y se procuraría examinar la presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos responsables por tales crímenes”.

La persecución política también está incluída en el reporte de la fiscal, quien indicó que “la información disponible indica que individuos a favor del gobierno también participaron en la represión de opositores del Gobierno de Venezuela (de Nicolás Maduro), o gente percibida como tal, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”.

El reporte aclara a su vez que la información recabada no excluye otros potenciales crímenes cometidos en el país, sino que su rol es de establecer “si se ha satisfecho el umbral requerido para abrir investigaciones”. “La Fiscalía anticipa concluir el examen preliminar a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación durante la primera parte de 2021″, explica.

La fiscalía comenzó con el examen preliminar en febrero de 2018, luego de que un grupo de Estados Parte del Estatuto de Roma -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- remitieran la situación. La solicitud tiene como punto de inicio el 12 de febrero de 2014, pero la investigación lo ubicó en abril de 2017. Venezuela también es un Estado Parte de la CPI, y el órgano investigará formalmente la situación si determina que el país caribeño no puede o no quiere hacerlo por cuenta propia.

“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales –incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura– constituyen crímenes de lesa humanidad”, dijo la presidenta de la misión, Marta Valiñas, en un comunicado.

“No podemos explicarnos por qué la fiscal Fatou Bensouda no toma ninguna acción”, dijo a Infobae Jared Genser, autor del reporte de la OEA que, entre 2014 y 2020, confirmó 18.093 asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos paramilitares, incluidas ejecuciones extrajudiciales y asesinatos de manifestantes.

La investigación también revela 653 casos documentados de tortura, aunque destaca que “la cifra real es mucho mayor, ya que informes confiables destacan que muchas de los miles de personas detenidas han sido víctimas de torturas y malos tratos”. El documento de la OEA certifica además 15.501 detenciones arbitrarias.

Sin embargo, dice, “debe permitirse también a la Fiscalía llevar adelante su trabajo en forma independiente e imparcial, sin ataques a la integridad de la Fiscal o de la Fiscalía”.

 

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