Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este viernes a los rectores del cuestionado Consejo Nacional Electoral (CNE) Indira Alfonzo y José Luis Gutiérrez; al exgobernador del estado Anzoátegui David De Lima y al procurador del régimen de Maduro Reinaldo Muñoz.
La información fue publicada en sitio web oficial de la oficina y reiterada por el secretario de Estado de la nación, Mike Pompeo.
The U.S. is sanctioning David Eugenio de Lima Salas, Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza, Indira Maira Alfonzo Izaguirre, and Jose Luis Gutierrez Parra for their malign efforts to undermine Venezuela’s National Assembly and free and fair elections.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 4, 2020
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sumó a la lista a estos cuatros funcionarios al considerarlos “figuras clave que han facilitado los esfuerzos del ilegítimo régimen de Maduro para socavar la independencia y el orden democrático de Venezuela”.
Asimismo, Pompeo dio a entender que se mantendrán vigilantes ante cualquier persona que busque privar a los venezolanos de su ejercicio democrático.
«Una elección parlamentaria injusta y no libre solo profundizará la crisis de Venezuela. Todos aquellos que buscan privar a los venezolanos de un futuro democrático deben considerarse a sí mismos con anticipación: Estados Unidos se mantendrá firme contra el autoritarismo», indicó el último tweet de Pompeo sobre el tema.
An unfair and unfree parliamentary election will only deepen Venezuela’s crisis. All those who seek to deprive Venezuelans of a democratic future should consider themselves on notice — the U.S. will stand firm against authoritarianism.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 4, 2020
¿Qué implican las sanciones?
Las sanciones de Estados Unidos son directas a funcionarios de la administración de Maduro.
La administración de Donald Trump ha desmentido en múltiples ocasiones que las mismas equivalgan a un bloqueo o a los ciudadanos venezolanos, así como tampoco impiden el accesos a comprar medicinas o alimentos.
Para lo sancionados la decisión implica la congelación de activos y prohibición de visados, así como restricción de la entrada al país.
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