Irregularidades: Madrid recurrió a médicos venezolanos sin contrato para "medicalizar" residencias de ancianos

La investigación se publicó en un artículo de eldiario.es

COVID-19
Foto relacionada / EFE

La empresa que contrató el Gobierno de la Comunidad de Madrid para "medicalizar" las residencias de adultos mayores durante la epidemia por COVID-19 recurrió a tres médicos venezolanos sin contrato; siendo remunerados menos de lo acordado y despedidos cuando se quejaron de las condiciones laborales.

En un artículo publicado en eldiario.es, se narró las irregularidades que pasaron cinco profesionales que trabajaron en la empresa Cardio Líder, dirigida por Encarnación Burgueño; hija de Antonio Burgueño, actual asesor externo del Gobierno regional para la crisis del coronavirus.

Encarnación Burgueño, sin experiencia en gestión sanitaria ni de residencias y sin equipos propios, contrató a la empresa de ambulancias privadas Transamed. Esta compañía, con poca estructura y empleados, que reclutó a tres médicos venezolanos residentes en España; con visa de estudiantes y no de trabajo, por lo que no dio de alta en la Seguridad Social.

En ese sentido, de acuerdo al testimonio de los trabajadores, se presentaron un "sinfín de irregularidades" y que cuando se quejaron, el gerente de Transamed, Eduardo Aragonés, amenazó con despedirlos.

"Hay más gente, más médicos que quieren trabajar. Hay más gente que quiere trabajar ilegales, que no les tengo por qué hacer ningún contrato. Vosotros mismos, de verdad. Es una pena", se escuchó en el audio que recogió el diario.

Según este medio, estos médicos se limitaban a levantar el acta de la situación que existía en cada centro que visitaban. Así como también a indicar las necesidades de personal en informes firmados con el número de colegiado de cada profesional.

El 17 % de los adultos mayores murieron

Desde que la pandemia por COVID-19 inició, han fallecido 8.236 adultos mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid. Los centros de esta región perdieron al 17 % de sus habitantes, casi el doble de la media nacional.

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas al menos 194 diligencias civiles y otras 240 investigaciones, relacionadas con la crisis sanitaria por el coronavirus.

En conclusión, la Comunidad de Madrid es la que más diligencias acumula, con un total de 105.

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