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¿Política o ley? Se espera sentencia a separatistas catalanes

El juicio contra 12 dirigentes independentistas catalanes concluyó este miércoles en el Tribunal Supremo español (TS). Ahora deberá resolver si varios procesados promovieron la violencia y cometieron un delito de rebelión como la Fiscalía aseguró, mientras que los abogados defensores rechazan absolutamente tal acusación.

Los soberanistas -nueve cumplen prisión provisional- fueron juzgados durante cuatro meses por la celebración en la región española de Cataluña de un referéndum inconstitucional de "autodeterminación" el 1 de octubre de 2017 y una declaración posterior del Parlamento regional a favor de la independencia unilateral, entre otros hechos, reseñó Efe.

La Fiscalía consideró que el ex vicepresidente del gobierno regional de Cataluña, Oriol Junqueras fue el "motor principal de la rebelión", para quien reclama 25 años de cárcel. Para otros acusados pidió 17 años, como la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y los líderes soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart; y penas de entre 7 y 16 años para el resto de encausados.

Según la legislación española, la acusación de rebelión se dirige a quienes actúen con violencia contra el Estado y conlleva penas que van de 10 a 30 años.

Además de concluir que el proceso separatista fue una rebelión consumada, la Fiscalía apuntó que las anteriores autoridades regionales catalanas cometieron también delitos de malversación de fondos públicos y de desobediencia de la legalidad española.

Gran parte del juicio, quedó visto para sentencia, fue un pulso intenso entre la Fiscalía y los abogados de los procesados para probar o refutar que hubo violencia y quién fue el responsable. Las defensas, que reclaman la absolución, insistieron en general en que fue un juicio "político" y que los acusados fueron procesados por su ideología independentista.

Varios abogados defensores admitieron el delito de desobediencia, que no implica cárcel, pero recalcaron que no hubo violencia ni alzamiento tumultuario, y acusaron a la Fiscalía de poco rigor, exagerar y forzar sus argumentos.

En un alegato final ante el tribunal, Junqueras pidió "devolver la cuestión (independentista) al terreno de la política", del "diálogo, la negociación y el acuerdo" porque "votar y defender la república desde el Parlamento no puede ser un delito", según quiso justificar.

Y Forcadell afirmó que era juzgada su "trayectoria política", por ser quien es, no por sus actos. Su abogada dijo de ella que no autorizó el referéndum, no arengó a las manifestaciones violentas ni a que hubiese violencia.

Serán siete jueces del TS, encabezados por el magistrado Manuel Marchena, los encargados de dilucidar todas estas cuestiones y dictar sentencia, que se conocerá probablemente dentro de varios meses.

 

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