La organización no gubernamental Acceso a la Justicia aseguró este miércoles que murió el mito del “gobierno obrero” de Nicolás Maduro. En tal sentido, advirtió que los trabajadores venezolanos se encuentran en una “paradójica” situación; dado que el gobierno chavista “no ha hecho nada bueno a favor de ellos”.
Acceso a la Justicia cita un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en donde advierte de las violaciones de los derechos laborales en el país. El texto indica que el gobierno chavista, encabezado por Maduro, no cumple con la libertad sindical, la libre asociación, contratación colectiva y la participación tripartita en la fijación del salario mínimo.
Sin embargo, y a pesar de la violación de los derechos de los trabajadores, Venezuela firmó los convenios ratificados ante la OIT. Es decir, el Estado venezolano tiene la obligación de cumplir con las exigencias estipuladas en dichos acuerdos.
“No solo se denunció las acciones ilegales del Gobierno en contra de empleadores y trabajadores, sino que además se decidió mantener la presión para lograr que cese la persecución contra el movimiento sindical y que retomen el diálogo tripartito roto desde hace casi dos décadas”, advierte Acceso a la Justicia.
Maduro no reconoce el fallo de la OIT
El ministro de Trabajo del gobierno chavista, Eduardo Piñate, afirmó que el Palacio de Miraflores no reconocerá el fallo de la OIT. Incluso, aseguró que el organismo del Trabajo se convirtió “en un escenario (…) nada agradable, hostil y mezquino, plagado de intereses políticos contrarios a mi Gobierno”.
“El Gobierno rechaza categóricamente esta decisión tomada y no se compromete con la misma. Dejamos constancia expresa de nuestra posición. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se desvincula y no se compromete con esta decisión adoptada el día de hoy (27 de marzo)”, reza la comunicación.
Pero el artículo 29 de la Constitución de la OIT, expone qué hacer en caso de desobediencia de uno de sus miembros. En tal sentido, la organización puede presentar una queja ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), además de “otras medidas posibles”, como indicó la orden del día de la reunión del mes de noviembre.
"La OIT ha corroborado lo que los venezolanos saben desde hace tiempo: el Gobierno de Maduro dice velar por los intereses de los trabajadores, pero su gestión lejos de proteger dichos intereses los vulnera constantemente", concluyó Acceso a la Justicia.
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