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"Delito de exterminio" en Táchira: Diversas ONG denuncian precariedad y caos en el sistema de salud

Los representantes de diferentes Organizaciones No Gubernamentales denunciaron ante la Defensoría del Pueblo, la precariedad del sistema de salud en el estado Táchira. En su denuncia, aseguraron que negarle la salud a las personas constituye un "delito de exterminio" que debe ser castigado.

Los directores de las ONG aseguran que quienes ostentan puestos de dirección en la salud, tienen conocimiento de la situación y no intentan resolverlo.

Entre los denunciantes estuvo presente el director de Fundaredes, Javier Tarazona. Parte de sus declaraciones se basaron en que "negar la atención médica es una condena a muerte. El Estado venezolano sabe que lo que ocurre con el sector salud en esta región es un delito de exterminio".

Sin insumos médicos en hospitales de Táchira

Tarazona denunció que el Hospital Central de San Cristóbal va a cumplir cuatro años sin unidad de radioterapia; esto origina que quienes necesiten el tratamiento, deben viajar hasta Colombia para hacerlo. La suma de dinero que se debe cancelar para ello es de aproximadamente 5 millones de pesos.

Además, señaló que "el Hospital Central también lleva más de 4 años sin tomógrafo; el equipo de rayos X se usa a discreción de quienes estén de guardia. Según la emergencia se decide a quién se le hace una placa y a quién no, lo cual representa un apartheid".

Tarazona informó además que en el primer centro asistencial del Táchira no hay resonador y apuntó que en todo el estado solo hay un equipo de este tipo, se ubica en San Antonio y es necesario pagarlo en pesos.

Publicar el plan de vacunación

Los directores de las diferentes ONG que participaron en la denuncia exigieron a la administración de Nicolás Maduro que publique los planes de vacunación en el país. Denuncian que a un año de haber iniciado la pandemia, aún no se haya terminado de vacunar al personal de la salud.

Criticaron que Venezuela sea el único país que vacuna primero a los diputados y políticos, antes que a las personas que se encuentran en la primera línea de batalla. Además, exigieron tener conocimiento sobre el momento en el que se vacunará a las personas mayores de 80 y 60 años.

Esperan también que los funcionarios sean honestos en cuanto a la vacunación del personal de salud: "Aquí hemos hecho una encuesta entre doctores que incluso trabajan en áreas COVID de centros privados, quienes han atendido más de 500 casos hospitalizados por el virus y ese personal no ha sido vacunado".

Con información de Fundaredes.

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