!INHUMANO! 65 presos políticos de Carabobo tienen 80 días incomunicados

La cuarentena ha agudizado las precarias condiciones de reclusión de los presos políticos de Carabobo. Ellos están totalmente incomunicados y con sus procesos judiciales paralizados.

!INHUMANO! 65 presos políticos de Carabobo tienen 80 días incomunicados
Foto: Dayrí Blanco

 

 

Se trata de 65 personas que están tras las rejas por motivos políticos y que, desde que se decretó el estado de alarma nacional, no reciben visitas ni tienen acceso a paquetería ni algún tipo de comunicación con sus familiares ni abogados.

De ese número, algunos se encuentran en el Centro de Formación del Hombre Nuevo EL Libertador, ubicado en el anexo del penal de Tocuyito, pero otros están en diferentes ciudades del país, lo que complica mucho más sus situaciones, de acuerdo al coordinador regional del Foro Penal, Luis Armando Betancourt.

A esto se suma que sus casos están paralizados. “Nos encontramos ante una gran dificultad de acceso a la administración de justicia en los tribunales porque no están abriendo y los abogados no pueden entrar a ejercer las acciones de todas las personas que se encuentran privadas de libertad. Hay audiencias que han sido diferidas, juicios que no se están celebrando y esto aumenta el retardo judicial”.

En Carabobo hay casos como el de Daniel Quéliz y Leonardo González, ambos asesinados en las protestas de 2017, que están totalmente detenidos, con las audiencias diferidas y sus familiares siguen esperando “justicia pronta, expedita, gratuita, rápida y eficaz como establece la Constitución”.

Los tribunales no están laborando para casos como esos, solo lo hacen por el sistema de rol de guardia y atendiendo las solicitudes de acción de amparo constitucional.

El llamado del Foro Penal es a que se restablezcan todas las situaciones jurídicas que hoy afectan a los presos políticos y otras víctimas. “El problema es que no se ha institucionalizado ni realizado aun un sistema de audiencias en línea, lo cual pudiera hacerse y que el gobierno y el TSJ deben garantizar a todos los ciudadanos que puedan acceder a la justicia mediante los sistemas en línea de cualquier plataforma digital, y así aliviar este retardo judicial que tenemos en estos momentos”.

Betancourt mostró preocupación por el aumento de la represión de cuerpos de seguridad durante la cuarentena. “Se está utilizando el sistema penal en contra de los ciudadanos para evitar que haya manifestaciones producto de esta carencia de gasolina, gas, agua y todos los servicios públicos. Eso ha sido desmedido. El gobierno ha hecho un uso excesivo del sistema penal, y la presencia judicial debe garantizar la seguridad de los ciudadanos no intimidar ni reprimir, de hecho, debe garantizar que todas las personas puedan legítimamente manifestar y para eso solo se acepta la presencia policial, nunca para reprimir, acosar a la persona que está manifestando pacíficamente”.

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