Por órdenes de la prefecto de Vargas desalojados 100 buhoneros de calles de Caribe

Foto: Amy Torres

Como arbitrario e inconsulto calificaron los trabajadores de Caribe el desalojo del que fueron víctima el pasado martes, cuando la policía regional les pidió que debían abandonar las calles por órdenes de la Prefectura de Vargas, a cargo de Élvica López.

Así lo declaró Pedro Gómez, afectado y miembro de una de las cuatro cooperativas afectadas con la medida, quien lamentó que no hubo ningún tipo de consenso ni mediación, a pesar de tratarse de padres de familia que tienen hasta 20 años trabajando en el bulevar Naiguatá-El Caribe, en la parroquia Caraballeda.

Foto: Amy Torres

Las cooperativas afectadas, que agrupan a casi 100 trabajadores informales, son Hola Caribe, Asociación Civil Bulevar Naiguatá, Luchadores de Caribe y la Bendición de caribe. “Indirectamente hay más de 500 personas afectadas”.

Explicó que han sostenido varios encuentros con las autoridades del estado como Procuraduría, Alcaldía de Vargas, Sumat, entre otros, pero a la fecha no les han dado respuestas sobre el motivo de la medida.

Foto: Amy Torres

“Queremos una mediación y más ahorita que estamos próximos a los Carnavales. Nosotros atendemos a los turistas en todos los rubros y variedades. También tenemos personas y compañeros con discapacidad que se quedan sin el sustento de sus hogares. Por eso queremos que se reconsidere la medida”.

Recordó que en el Decreto N° 1.152 firmado por el gobernador Jorge Luis García Carneiro que establece que la parcela 19 está destinada para la construcción del Mercado Cacique Caribe, “así que queremos que eso se concrete y nos digan qué va a pasar porque en otras parroquias sí hubo reubicación de los comerciantes informales”.

Reiteró que se niegan a ser reubicados a otros mercados aledaños como el de Naiguatá, Maiquetía y Catia la Mar. Mientras que Yusmely Aguilera, otra afectada de Luchadoras de Caribe, insistió que lo que piden al gobernador es que se les respete el derecho al trabajo contenido en el artículo 87 de la Constitución.

Foto: Amy Torres

“De verdad nos están quitando es sustento diario de la familia. el gobernador no nos ha dado la cara y tampoco la prefecta para decirnos por qué el desalojo. Vamos a agotar todas las vías posibles pero nos han cerrado las puertas”.

Jorge Guédez, trabajador informal, señaló que ante este escenario no quiere irse del país como lo han hecho decenas de venezolanos en busca de mejores oportunidades. “Esto triste porque soy venezolano y quiero luchar por nuestra patria a través del turismo en La Guaira. Estamos siendo pateados. No nos podemos ir del país, queremos que nos den el derecho a trabajo”.

“La situación país está cada vez más grave. Necesitamos trabajar. El gobernador que se ponga la mano en el corazón porque somos Venezuela”.

Desde el pasado martes estos padres de familia, muchos de los cuales están organizados en las estructuras del chavismo como comuna, CLAP, entre otros, no han podido llevar comida a sus mesas. Además, no descartan tomar otras acciones si siguen sin ser escuchados.

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