En los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Boleíta en Caracas, los reclusos deben pagar para poder salir al patio. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) precisó que entre 1 y 4 dólares es el costo por lograr salir de la celda al patio, dependiendo de cada funcionario.
“Todo depende de la capacidad que tiene la persona de palabrear al funcionario”, dijo.
El OVP apuntó que en la “Zona 7” no dan tregua ni en plena pandemia y los familiares de los reclusos deben pagar por “privilegios”. Incluso, aseveró que los costos han aumentado desde el establecimiento de la cuarentena obligatoria a mediados de marzo.
Las presuntas extorsiones de los funcionarios ya son comunes para los familiares de los privados de libertad. Así lo afirmaron al OVP, quienes conversaron con los involucrados y denunciaron las elevadas cifras para conseguir cierta calidad de vida en los retenes venezolanos.
“Si no pagas también es difícil que te dejen visitarlos, yo tengo dos meses que no he podido ver a mi esposo”, explicó.
Todos los reclusos deben pasar por el “Tigrito”
Las denuncias indican que en los calabozos de Boleíta existe el “Tigrito”, una celda de terror donde las aguas negras corren por el piso. En consecuencia, los reos deben dormir de pie entre cucarachas, roedores, malos olores y un alto riesgo para contener cualquier tipo de enfermedad.
Para poder salir del “Tigrito” deben pagar entre 80 y 100 dólares, y así podrán pasar a un lugar más ventilado. Sin embargo, si no cancelan el costo deben estar encerrados ahí hasta el final de su condena.
Incluso, algunos familiares relataron que ciertos reclusos han fallecido en el “Tigrito” por tener mucho tiempo encerrados bajo esas condiciones. Esto es una consecuencia de que no pudieron pagar el monto para ser trasladados a una celda más grande.
Igualmente, las demás celdas no son aptas, dado que tienen a 95 reos en un espacio de 70 metros. Eso ha generado que los excrementos se acumulen en bolsas de plástico entre las colchonetas y no salen al patio si no pagan.
Esta es una evidencia más de las violaciones de derechos humanos en las prisiones, que se ha caracterizado por una falta de transparencia por parte de las autoridades. La OVP precisó que en el año 2019 murieron 104 privados de libertad bajo la responsabilidad del Estado, 66 de ellos por las malas condiciones de salud.
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