Régimen de Maduro ha sancionado a más de 23 mil trabajadores públicos

Levantar sus voces para reclamar públicamente sobre las malas condiciones de trabajo e insuficientes remuneraciones ha hecho que 23.396 trabajadores públicos sean sancionados por el régimen de Nicolás Maduro. Despidos, sueldos suspendidos, jubilaciones forzadas, traslados inconsultos y desmejoras en el trabajo son algunas de las acciones que han realizado contras ellos, cifras que corresponden al primer semestre del 2019 de acuerdo con la ONG Movimiento Vinotinto.

Manuel Virgüez, coordinador general de Movimiento Vinotinto indicó que dichas sanciones son injustificadas y de las más de 23 mil de este año al menos 18 mil han afectado al sector educativo, otro de los sectores afectados ha sido el salud la agresión ha sido específicamente en contra de enfermeras, en el sector eléctrico en contra de ingenieros y en el sector minero directo en contra de sindicalistas, asegura que es un patrón que se ha ido repitiendo. Virgüez destaca que las acciones violentan la Ley y que además no toman en cuenta la inamovilidad laboral que existe hasta diciembre del 2020.

Movimiento Vinotinto ha registrado entre 2018 y 2019 un total de 7.179, son siete estados en los que existe un mayor descontento y Lara es el tercero que sale a las calles. “En seis entidades del país se han atendido 174 casos de vulneración del derecho del trabajo por razones políticas. Así mismo desde el 2018 hasta la fecha se han detenido a 33 representantes de gremios sindicales, al menos cinco son de Lara.

Caso cementera

Uno de los casos ejemplos es el de cinco trabajadores de la empresa Cementera del estado Lara a los que Movimiento Vinotinto está acompañando. Ellos el 1 de mayo salieron a la manifestación, una vez culminada se retiraban a sus hogares fueron detenidos por una comisión de la Guardia Nacional a la 1 de la tarde y posteriormente culpándolos de la quema de un edificio de la Alcaldía de Iribarren, hecho ocurrido pasada las 4 de la tarde. Estos trabajadores según expresa Zenaida Mendoza de Palma, esposa de uno de afectados permanecieron por 68 días detenidos en condiciones infrahumanas siendo inocentes.

“Prácticamente fueron obligados a negociar su libertad que si no admitían los hechos iba a ir a juicio” aseguró Zenaida quien explicó que detrás de esto estaba la amenaza de ser trasladados a centros penitenciarios. Posterior a que los cinco trabajadores quedaron en libertad la empresa Vencemos Lara presentó ante la Inspectoría del Trabajo una calificación de despido, siendo algo ilegal según manifiesta el abogado de Movimiento Vinotinto.

La esposa del trabajador de la cementera explica que los afectados son padres y sostén de hogar quienes tienen el salario suspendido están saliendo a las calles a resolver, haciendo carreras en sus vehículos o motos, vendiendo artículos de limpieza entre otras cosas.

Aún la Inspectoría no se ha pronunciado por este caso, la ONG presentó las pruebas y es por eso que fueron impugnadas las acciones ejecutadas por la Inspectoría.