En medio del Covid-19 que ha afectado a casi dos millones de personas en el mundo, diariamente se agudizan las medidas restrictivas en Venezuela. Los ciudadanos que viven del día a día se debaten entre acatar la cuarentena y morir de hambre, o asumir el riesgo de contagiarse y morir en el acabado sistema de salud venezolano. En Catia se suma un riesgo más: no tener el salvoconducto otorgado por los Consejos Comunales y ser detenido por 48 horas.
Estos pases de movilidad son entregados a las familias censadas en las organizaciones progobierno. Quienes no estén censados no podrán recibir el salvoconducto y deberán presentar el carnet de la patria para entrar en una lista de espera.
El abogado constitucionalista Manuel Rojas Pérez asegura que la exigencia de estos pases no es legal y mucho menos constitucional. "La Constitución garantiza el derecho al libre tránsito. Salvo que, en caso de una grave emergencia o contingencia, de manera excepcional haya que limitar ese derecho por un tiempo muy determinado y por unas razones muy específicas", señala el abogado, refiriéndose al Estado de excepción.
"La Carta Magna señala que cuando haya necesidad de realizar alguna limitación a esos derechos con base en un Estado de Excepción, debe dictarse un decreto presidencial que determine cuáles son esas razones y establezca los tiempos de esas limitaciones y, además, debe ser aprobado por la Asamblea Nacional", aseveró. El decreto dictado por Maduro, no aprobado por la Asamblea Nacional legítima, tampoco establece la posibilidad de arrestar a una persona solo por transitar, en Venezuela no se ha declarado un toque de queda.
La Alcaldía de Caracas, encabezada por la oficialista Érika Farías, y las organizaciones paramilitares tampoco tienen la faculta de limitar el derecho al libre tránsito.
Exigir el carnet de la patria es discriminar
"Exigir un carnet para acceder a cualquier bien o servicio de naturaleza pública es grotescamente inconstitucional", alega Rojas. La Constitución venezolana no establece la obligación de tener un carnet, y mucho menos una identificación partidista como lo es el de la patria.
"Exigir ese carnet para acceder a cualquier bien o servicio es romper con el derecho a la igualdad. Los que no tenemos carnet de la Patria tenemos exactamente los mismos derechos de los que sí lo tienen", puntualizó.
Plan Catia 2020
El dirigente vecinal Carlos Julio Rojas asegura que el Plan Catia 2020 sería un plan piloto, que podría ejecutarse en otras parroquias de la capital.
Rojas comprende la necesidad de controlar la movilidad en Caracas, considerando que en algunas zonas no se acata el aislamiento preventivo. Sin embargo, el problema es quién ejecuta ese control; como es común, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y los colectivos aliados de Maduro son los encargados. Además, considera que es una situación injusta que podría traer como consecuencia una discriminación similar a la entrega de las cajas Clap; esta la ejecutan las mismas organizaciones denunciadas en múltiples ocasiones por corrupción.
"No descartamos que en las próximas semanas podamos ver el bachaqueo en divisas de estos pases de movilidad", dice. Detalla que este plan debería ser ejecutado con una labor de compensación: "hay que entender que la mitad de los venezolanos son trabajadores por cuenta propia que viven del día a día", expresó.
Se pregunta cómo pedirle a un vecino que no salga de su casa a pesar de que ni siquiera tiene comida en su casa. Aunado a eso, el 60% de la capital tiene problemas con el servicio de agua, además de las fallas en el suministro eléctrico, el Internet y las telecomunicaciones.
"Un pueblo muriéndose de hambre no se puede quedar en su casa. Ponen al ciudadano a elegir entre morir de hambre
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