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    FAES Vs DDHH

     Por Andrés Raúl Páez
    Consultor Jurídico CNP

     El título contiene dos siglas con significados diferentes, que no deberían ser contrapuestas, ni antagónicas en cuanto a su naturaleza, origen, razón de ser e historia. Veamos algunas ideas, cuyo desarrollo quedará incompleto, aunque ofrecemos argumentos desde diferentes perspectivas.

    Según Wikipedia las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), es un comando de la Policía Nacional Bolivariana creado en abril de 2016, integrado por 9 direcciones y unidades: Operaciones y Tácticas Especiales (U.O.T.E), Dirección de Inteligencia y Estrategia (D.I.E), Dirección Nacional Antidrogas (D.N.A), Dirección Contra la Delincuencia Organizada (D.C.D.O), Dirección Anti-extorsión y Secuestro (D.A.E.S), Dirección de Investigaciones Penales (D.I.P), Unidad de Operaciones Caninas (K.9), Brigada Motorizada (B.M) y Dirección Orden Público (D.O.P).

    ​De acuerdo al informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en julio del 2019, expresamente en el párrafo 32 sobre el FAES, dice que es una unidad de respuesta rápida para combatir el crimen organizado, que han sido responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad.

    En el capítulo C del informe presentado por la Sra. Michelle Bachelet titulado “Uso excesivo de la fuerza y muertes causadas en el contexto de operaciones de seguridad”, sobre el grupo FAES, literalmente dictaminó en el párrafo 47, que “ACNUDH documentó casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por fuerzas de seguridad llevadas a cabo en vecindarios pobres. Las personas entrevistadas se refirieron de manera constante a las FAES como un “escuadrón de la muerte” o un “grupo de exterminio”. Según informes de ONGs, las FAES son responsables de centenares de muertes violentas.”

    La Alta Comisionada de las Nacionales Unidas para los Derechos Humanos, manifiesta “su preocupación” en el párrafo 52, así: “las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social”.

    En el párrafo 33 del citado informe de la ACNUDH, textualmente establece sobre Venezuela: “Las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos, tales como la Fiscalía Generaljueces y la Defensoría del Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales, no llevan a las personas responsables ante la justicia, ni protegen a personas víctimas y testigos. Dicha inacción contribuye a la impunidad y a la repetición de las violaciones”.

    Las graves violaciones de derechos humanos fundamentales, han sido reiteradas en el informe presentado en julio del año 2020, del ACNUDH, como resultados de tales investigaciones, concretamente hay que resaltar (párrafo 20): la “documentación de restricciones a la libertad de opinión y expresión, a la de reunión y asociación pacíficas y al derecho de participación en los asuntos públicos, que han continuado restringiendo el espacio cívico y democrático en el período previo al proceso electoral.”

    El ACNUDH observó (párrafo 29) la aplicación discrecional del "estado de alarma" por parte de los militares, las fuerzas del orden y las autoridades locales. También indicó la participación de los colectivos armados en la aplicación de las medidas de confinamiento en los barrios pobres, y constató restricciones indebidas del acceso a la información y la libertad de expresión, que se tradujeron en la detención por parte de las fuerzas de seguridad de manifestantes, periodistas, defensores de los derechos humanos y dirigentes políticos.

    Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020, fallecieron violentamente 1.324 personas, entre ellas nueve mujeres, en el marco de operaciones de seguridad. Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fueron presuntamente responsables de 432 muertes (párrafo 35).

    Se documentaron 38 casos de hombres jóvenes presuntamente ejecutados por las fuerzas de seguridad entre mayo de 2019 y mayo de 2020, en los estados de Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Guárico, Lara, Miranda, Sucre y Zulia. En 23 de estos casos se identificó a las FAES como presuntos autores (párrafo del informe ACNUDH de julio del 2020).

    Fueron identificadas personas que han sido puestas en libertad condicional con medidas cautelares ordenadas en la fase previa al juicio, tales como la comparecencia semanal ante las autoridades, la prohibición de salir del país, la de comentar públicamente su caso o la de participar en actividades políticas, durante meses o años debido al retraso de los procedimientos judiciales (párrafo 51).

    El ACNUDH constató procesos penales contra ciudadanos que protestaron por falta de acceso a servicios públicos, parlamentarios, líderes de la oposición, periodistas, profesionales de la salud y dirigentes sindicales. Los periodistas y los defensores de los derechos humanos que critican al gobierno siguen siendo objeto de intimidación y difamación pública (párrafo 81).

    Continúa el estado venezolano, entiéndase estado forajido convertido actualmente en estado fallido, en el incumplimiento  de expresas recomendaciones del ACNUDH, especialmente dirigidas

    - Respetar, proteger y hacer plenamente efectivos los derechos a las libertades de opinión, expresión, reunión y asociación pacífica, así como los derechos de acceso a la información y de participación en los asuntos políticos (literal a del documento presentado en julio del presente año).

    - Abstenerse de desacreditar a los defensores de los derechos humanos y a los profesionales de los medios de comunicación y adoptar medidas eficaces para protegerlos, entre ellas la adopción de un protocolo especializado para investigar las violaciones de los derechos humanos y los delitos cometidos contra ellos (literal d).

    - Revisar las políticas de seguridad para aplicar las normas y criterios internacionales sobre el uso de la fuerza y los derechos humanos, en particular restableciendo el carácter civil de las fuerzas de policía, investigando los antecedentes, restringiendo las funciones de las "fuerzas especiales" y reforzando los mecanismos de supervisión interna y externa (literal e de las recomendaciones).

    - Garantizar la investigación sistemática, rápida, eficaz y exhaustiva, con independencia, imparcialidad y transparencia, de todas las muertes llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados, y velar por la debida independencia de todos los órganos de investigación, para que los responsables rindan cuentas y las víctimas obtengan reparación (literal f).

    - Cesar las detenciones en régimen de incomunicación, especialmente por parte de los servicios de inteligencia; garantizar que toda persona sometida a detención preventiva sea recluida en centros oficiales de detención preventiva sujetos a supervisión judicial, y trasladar a todas las personas detenidas en instalaciones de los servicios de inteligencia a centros oficiales de detención (literal g).

    No obstante, el pasado lunes 7 de septiembre fue allanada por el FAES, la sede de Acción Solidaria, cuya ONG liderizada por el defensor DDHH Feliciano Reyna, funciona un exitoso programa de asistencia humanitaria, en alianza efectiva con órganos de las Naciones Unidas para proteger a ciudadanos en sus necesidades apremiantes de medicinas (VIH) e insumos, que ha colaborado activamente con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Además del procedimiento irregular fueron detenidas arbitrariamente 8 personas y trasladados a la sede del FAES en Petare, para luego ser liberados.

    Por otra parte, la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, solicitó el día 08-09-2020, investigar los asesinatos de los infociudadanos José Carmelo Bislick y Andrés Eloy Nieves Zacarías, ocurridos el pasado mes de agosto, condenando las amenazas y los ataques contra periodistas en el ejercicio de la libertad de prensa y de la libertad de expresión en Venezuela.

    En este orden de ideas, condenamos la detención arbitraria en fecha 09-09-2010, hechos de violencia, y criminalización del odontólogo William Arrieta, por parte de funcionarios de la PNB, en una estación de gasolina ubicada en Puerto Ordaz, al reclamar y denunciar como ciudadano hechos de corrupción.

    El tic tac del drama social en todas las calles de Venezuela, parroquias, municipios, estados,  sigue creciendo, ante el colapso dantesco de los servicios públicos básicos que no funcionan: sin luz, sin agua, sin transporte, sin efectivo, sin gas y sin gasolina, con el tercer año de la inflación más alta del planeta, el séptimo año de recesión, (con la reciente designación de un abogado como ministro de economía), con 383 presos políticos que todavía se encuentran en mazmorras de la tiranía, más de 4 millones de desplazados de venezolanos, crisis humanitaria grave, compleja, bajo estado de alarma, que no se debe combatir con represión, ni con nuevas escaladas de detenciones arbitrarias, bajo la mirada complaciente de un Ministerio Público, de la cúspide del Poder Judicial que no defiende la supremacía de la Carta Magna y tratados internacionales.

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    Insistimos que la Defensoría del Pueblo, no sabe ni quiere asumir desde hace muchos años, deliberadamente,  menos en pandemia, bajo estado de alarma, en donde no se pueden restringir derechos humanos fundamentales, su competencia directa en materia del correcto funcionamiento de los servicios públicos, contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos en la prestación de los mismos, por mandato expreso de los artículos 57, 58, 281 y 337 de la Carta Magna. Aunque a periodistas, defensores DDHH, dirigentes comunitarios, gremiales, trabajadores del sector salud, portales de noticias, los criminalicen bajo una inconstitucional “incitación al odio”  por el derecho sagrado a emitir opiniones, y estar informados, en sus comunidades, sin censura.

    No olviden distinguidos funcionarios públicos, civiles, militares, de cualquier rango y jerarquía, que aquellos que cometan delitos impunemente, son responsables individualmente, por derecho penal humanitario internacional, por acción u omisión, en la violación sistemática DDHH, cuya acción no prescribe, y que llegado el momento, bajo el respeto de garantías procesales, deberán ser investigados. 

    Es la historia de la humanidad, de la esperanza, del trabajo conjunto de los últimos bastiones de por la restauración de la Democracia: del parlamento venezolano, de los gremios, de las universidades, de los medios de comunicación, periodistas, reporteros, dirigentes comunitarios, de los partidos políticos democráticos, por la defensa DDHH y de los valores republicanos, cuyo reencuentro en Venezuela no está lejos.

    Twitter @andresraulpaezp

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