Incitación al odio como instrumento de persecución

periodista
Foto: Caraota Digital

Por Andrés Raúl Páez
Consultor Jurídico del Colegio Nacional de Periodista

El 15 de julio la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó otro informe sobre Venezuela, con especial énfasis en el sistema de administración de justicia y la región del Arco Minero.

Llama la atención que el citado informe de la ACNUDH ratifica los anteriores (julio de 2019, y 22 de junio de 2018), de acuerdo a los procedimientos especiales desarrollados previamente tanto por el Comité de Derechos Humanos, y el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, además de expresos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1-7-2011) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (31-12-2017).

FALTA DE INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL

Sobre la integración del TSJ, el último informe de la Sra. Bachelet sobre Venezuela, claramente dispone (párrafos 11 al 14) que, para diciembre del año 2015, no se respetaron los plazos de la ley especial, ni los recursos interpuestos, ni el cumplimiento mínimo de las credenciales para ser magistrados, además de la jubilación anticipada de 13 de ellos, la inscripción en el partido del poder (entiéndase despotismo), haber desempeñado “altos cargos” en el ejecutivo nacional, observándose en los últimos 5 años, 127 sentencias invalidando decisiones de la Asamblea Nacional, “retirando” (dice la ACNUDH) la inmunidad parlamentaria a 29 diputados sin seguir el procedimiento pautado en la Carta Magna y el debido proceso.

DELITOS VINCULADOS AL TERRORISMO

El reciente informe de julio del presente año presentado por la ACNUDH, indica expresamente que en la jurisdicción penal militar venezolana, los jueces, fiscales y abogados son militares en servicio activo, sometidos a la disciplina militar y al principio de obediencia jerárquica, con la grave advertencia sobre el establecimiento de tribunales con competencia en delitos vinculados al terrorismo, (creados en el 2014) a través de un memorando interno del TSJ, en lugar de mediante una ley de la Asamblea Nacional, violando garantías de debido proceso y el derecho a un juicio justo.

Según la ACNUDH los magistrados del TSJ tienen control sobre las decisiones de los tribunales inferiores en todo el país, sobre todo en el ámbito del derecho penal.

ASAMBLEA COMUNAL CONSTITUYENTE COMO ORGANISMO DE FACTO

Las Academias nacionales, Conferencia Episcopal Venezolana, el parlamento venezolano, el Grupo de Lima, Unión Europea, más de 57 países no reconocen a la Asamblea Comunal Constituyente, que fue convocada con todos los vicios constitucionales, procedimentales (Decretos Nos 2830 y 2831 del 1º de mayo de 2017, publicados en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6295), cuyo único propósito es el de usurpar las funciones de la Asamblea Nacional y, con ello, burlar la soberanía nacional y el voto popular.

Desde la perspectiva de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, según pronunciamiento titulado “Es la Sala Constitucional del TSJ Quien Desacata” publicado el 31-12-2019, existe una “tiranía judicial” impuesta desde el Tribunal Supremo de Justicia  y la Asamblea Nacional Constituyente que desde el año 2016, han impedido el correcto funcionamiento del Parlamento venezolano, además de diversos pronunciamientos de otras instituciones que “pasarán a la historia de la infamia al pretender que toda una Nación fuera declarada en desacato, sus decisiones anuladas, por individuos que no fueron electos ni tienen mandato popular.”

PANDEMIA

Las medidas de aislamiento, de restricción de movilidad, para evitar la propagación de la pandemia, de contagios, de muertes, y la emisión de diversos decretos de estados de alarma nacional, para combatir el coronavirus, bajo estados de excepción, no pueden restringir la libertad de información, por mandato expreso de los artículos 57, 58 y 337 de la Carta Magna; Lamentablemente siguen ocurriendo casos en Venezuela, in crescendo, de ataques contra periodistas, criminalización, encarcelamiento, hostigamiento contra reporteros, bloqueo de señales, censura, cierre de periódicos, noticieros, programas, emisoras de radio, persecución a trabajadores de la prensa en la calle, censura y de extrema violencia al cubrir la noticia, en cualquier modalidad, en donde se produzca.

Al régimen dictatorial, no le interesa que se divulguen en su justa dimensión las realidades de la violación sistemática de derechos civiles, sociales, políticos, económicos y culturales, que se están cometiendo diariamente en Venezuela.

INCITACIÓN AL ODIO

La denominada “Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” fue aprobada sin tener facultad para ello, por la Asamblea Comunal Constituyente, el 8 de noviembre de 2017, que posee 25 artículos, y en su artículo 20 dispone literalmente: “Quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio será sancionado con prisión de diez a veinte años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados.” (Subrayado nuestro).

Además de esta figura jurídica, repudiada por la doctrina desarrollada por los organismos internacionales de administración de justicia, en materia de la libertad de expresión y la libertad de información, se imponen en sus artículos finales (21 y 22) agravantes, además de sanciones como revocatoria de la concesión para el prestador del servicio (televisión o radio), multas, bloqueo de los portales, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil a que hubiere lugar.

Insistimos que por derivaciones del principio de legalidad penal, previsto en el numeral 6 del artículos 49 Constitucional (nullum crimen nulla poena sine lege), y del artículo 1 del Código Penal, nadie puede ser castigado por un hecho que no estuviere expresamente previsto como delito o falta en una Ley preexistente, sancionada por la Asamblea Nacional como única institución competente para ello.

No por casualidad en fecha 10-11-2017, la Relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su grave preocupación por la supuesta aprobación de "la ley contra el odio" en Venezuela y sus efectos en la libertad de expresión y de prensa. Tales fórmulas establecen figuras vagas y abiertas como la "promoción o fomento" de toda clase de "discriminación", tienen la capacidad de prohibir una amplia gama de expresiones públicas que están protegidas por el derecho internacional, lo cual producirá un efecto intimidatorio sistémico en el espacio público y en las redes sociales de Venezuela.

Según la ONG Espacio Público, se acumulan 623 violaciones al derecho a la libertad de expresión. Desde enero a junio del año 2020, han registrado 20 detenciones a los que se les procesó judicialmente con la inconstitucional «ley contra el odio».

Sin haber cometido delitos han sido criminalizados, por diversos organismos jurisdiccionales los periodistas: Ana Belén Tovar, Elides Rojas, Darvison Rojas, Arnaldo Sumoza, Eduardo Galindo Peña, Carol Romero, Mimí Arriaga y Marco Antoima. La primera estuvo 5 meses y 16 días encarcelada en calabozos militares, sin poder designar defensores privados, por represalia por divulgar informaciones incomodas al poder militar, luego de haberse allanado la sede de Entorno Inteligente el día 19-11-2019.

El periodista y vicepresidente de Información del Diario El Universal, Elides Rojas, fue detenido por la Dgcim el 21-12-2019, debido a la publicación de un tuit en donde opinaba sobre un vuelo, y procesado injustamente por "incitación al odio", liberado el 23-12-2019, bajo medidas cautelares (prohibición de salir del país).

Luego de 12 días detenido, el periodista Darvison Rojas fue liberado con medidas cautelares el día 2 de abril, por publicar información sobre los casos de la pandemia en Venezuela, a través de su cuenta twitter e imputado por incitación al odio.

El día 15-04-2020 fue detenido en El Sombrero, Edo Guárico, el periodista Arnaldo Sumoza, y luego de 50 horas fue imputado por los delitos de alteración al orden público e incumplimiento de las medidas de restricción ante la emergencia sanitaria por la COVID-19, por denunciar protestas públicas por falta de agua, y liberado bajo régimen de presentación.

El periodista Eduardo Galindo Peña, Directivo de la Seccional del CNP Apure, fue liberado el 19-04-2020, luego de haber sido detenido arbitrariamente por el Conas, encarcelado 19 días e imputado injustamente por información falsa e incertidumbre pública, en la Población de San Fernando de Apure. Le otorgaron medidas cautelares, bajo régimen de presentaciones, además de la prohibición de declarar.

Carol Romero periodista de Fm Center, fue liberada bajo medidas cautelares el 15-07-2020, luego de ser haber sido detenida 2 días antes, imputada inicialmente por alteración del orden público y luego por lesiones, al grabar una situación irregular entre efectivos militares y ciudadanos en la estación de servicio del Km 7 de la carretera hacia El Junquito en Caracas, con ocasión de la escasez de gasolina.

El 22-06-20 otro tribunal penal otorgó medidas de arresto domiciliario, prohibición de salida del país, y de divulgar mensajes, a los periodistas Mimí Arriaga y Marco Antoima, luego de estar detenidos bajo un proceso policial iniciado por el CICPC, imputados por incitar al odio, por la supuesta vinculación a la cuenta @VVSinCensura @VVPeriodistas desde donde presuntamente se difundieron mensajes contra altos jerarcas del régimen, previa a una campaña de descredito divulgada desde el portal de Globovisión.

Se repite lamentablemente en Venezuela, la instauración de juicios penales como patrón sistemático de violación de derechos humanos fundamentales, por medio de magistrados temporales, en contra de periodistas, en donde no ha habido respeto a derechos constitucionales, de garantías procesales, como el debido proceso, la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, derecho a la defensa, la prohibición de estar incomunicados, de tener de forma inmediata asistencia jurídica con los abogados de su confianza, derecho a ser notificados acerca de los motivos de su detención, entre otros excesos policiales, omisiones deliberadas del Ministerio Público y aberraciones tribunalicias, además de impedir realizar su trabajo con ocasión de servicios públicos, medios de comunicación, o actuaciones de funcionarios públicos, en temas de interés público.

Frente a la tiranía reinante en Venezuela, y desde la perspectiva de la Consultoría Jurídica del Colegio Nacional de Periodistas, rescatamos la vigencia del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prevé un amplio grado de libertad al garantizar el derecho a “buscar, recibir y difundir información”, en armonía con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que dispone que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”, sin interferencias y el derecho a divulgar información e ideas de toda índole independientemente del medio utilizado. Estos derechos han sido definidos también por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), además del principio Nº 13 de la Declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobada por la OEA, sobre libertad de expresión.

Twitter @andresraulpaezp

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