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Aumentos salariales de Maduro: un fraude contra los trabajadores

Por Rafael Veloz 

El aumento salarial anunciado por el régimen el pasado 1° de mayo,  Día Internacional del Trabajador, representó otra bofetada más, pero no resultó una sorpresa para los venezolanos.

Acostumbrados a esos exiguos incrementos, aprovecharon la histórica fecha para movilizarse en todo el territorio nacional, para hacer ver al mundo que en nuestro país la gente está condenada a morir por la COVID-19 o de hambre.

En el primer caso, por la inexistencia de un plan de vacunación y el rechazo impuesto por Maduro para el ingreso de las 12 millones de vacunas del mecanismo Covax, cuya adquisición se logró por la gestión del presidente encargado de Venezuela, Juan Gerardo Guaidó, y de la Asamblea Nacional, así como las 6 millones de dosis del sector privado del plan elaborado por Fedecámaras. En el segundo caso, por los pírricos salarios y el maridaje que estos mantienen con una hiperinflación sin freno que, con el aumento, permitirán a los venezolanos apenas adquirir el 1% de los rubros de la Canasta Alimentaria Familiar (CAF).

La CAF para cinco personas en el mes de marzo de este 2021 cerró en US$ 322.57 para 60 productos, que equivalía a Bs. 612.900.945, con un salario mínimo de apenas Bs.1.800.000 mensuales, según el informe del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

Vayamos a otros números importantes para analizar esta situación. El nuevo salario entró en vigencia el mismo sábado 1° de mayo y ubicó el mínimo en Bs. 7.000.000 (US$2,48 a la tasa oficial del BCV del sábado de Bs. 2.822.874 por dólar) y contempla un monto de Bs. 3.000.000 Bs (US$.1,06) por concepto de cestaticket, para un total de Bs. 10.000.000, equivalentes a solo 3 dólares con 54 centavos. Por cierto, los 3 millones de las cestaticket, que no alcanzan ni para comprar 4 canillas de pan al mes, no la reciben ni los pensionados ni los jubilados.

Para darnos una idea concreta de lo insignificante de ese salario hay que compararlo con el de otros países, algunos de ellos muy criticados en sus políticas por quien usurpa el poder: Chile: 441 dólares; Ecuador: 400, Colombia: 261, Perú: 257, Argentina: 243, Brasil: 207 y Venezuela 3,5 dólares. ¡Una vergüenza!

HAMBRE COMO POLÍTICA DE ESTADO

Con todo y el incremento, el salario mínimo de Venezuela equivale a uno de extrema pobreza, los cual nos ubica en similitud de condiciones con muchos países de África. Ahora bien, esta situación no se genera solo por las erráticas políticas económicas y la corrupción de Maduro, pues también se configura en una política de Estado de los regímenes totalitarios de corte comunista, para ejercer control social.

Una gran verdad que se ha repetido mucho es que a través del hambre se somete a una persona con mayor facilidad y a ello se le suman la represión y el miedo, como castigo e intimidación para el que se atreva a protestar o piense hacerlo. En Venezuela, para ello, se apoyan en la Fuerza Armada Nacional, cuerpos de seguridad, colectivos y el Tribunal Supremo de Justicia.

Ejemplos de esta política de Estado tenemos en la extinta Unión Soviética, Cuba, Corea del Norte y hasta en Bolivia, pues es del dominio público que Evo Morales pretendía usar el hambre para controlar a los bolivianos, aislando a la capital La Paz para que no entrara comida ni combustible. Ese es el método del comunismo y del socialismo, que es lo mismo.

Aquí en Venezuela se destruyó el valor trabajo, para evitar que el venezolano sea indepedendiente y genere producción y riqueza. También acabaron con el aparato productivo del país, lo que ha hecho desaparecer fuentes de empleo para obligar a la población a subyugarse a los planes comunistas de dádivas de hambre, como los discriminatorios bonos del Sistema Patria para poder mantener el control social de la población y dependan del Estado. Esta es una de las raíces de la migración de más de 4 millones de venezolanos.

Cabe resaltar que desde 2017 los aumentos salariales de Maduro han sido inferiores a la inflación. Y desde que tomó el poder en 2013, tras la muerte de Chávez, hasta el 2019, es decir, en sus primeros 6 años en Miraflores, la inflación acumulada en el país se disparó en 5.395.536.286%.

QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN

El régimen de Nicolás Maduro en esencia ha cometido un fraude continuado contra los trabajadores con sus aumentos salariales. La prueba está en la letra de dos artículos constitucionales:

Artículo 91: Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento.

Artículo 92: Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal.

Nada de eso se cumple. Sabemos que a los usurpadores les importa un bledo lo que ordena la Constitución de Venezuela. Y también sabemos que mientras Maduro siga en Miraflores se agravará cada día la crisis humanitaria compleja que vivimos.

Por lo tanto, nos corresponde actuar unidos y no bajar la guardia en la lucha por la libertad y la democracia. Solo así recuperaremos el valor del salario y la dignidad que merecen los trabajadores venezolanos.

Rafael Veloz García, diputado (2015)

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