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Entre el signo de la muerte y el de la libertad

Por Rafael Veloz

Ante la crisis humanitaria compleja que vive la nación, es indispensable declarar una emergencia nacional, pues el régimen perdió el control en el manejo de la pandemia por la COVID-19 y el sistema sanitario venezolano se encuentra en estado de completo colapso. El fracaso de quien usurpa el poder y de sus funcionarios se evidencia con la tasa de fallecidos del personal de salud más alta a nivel mundial.

Según las cifras del último reporte del Frente Amplio Profesional, la Confederación de Profesionales Universitarios de Venezuela (Confepuv) y el Inprenfermera, hasta el domingo habían fallecido por coronavirus 538 trabajadores del sector sanitario del país, que integran, entre otros, médicos de distintas especialidades, del gremio de enfermería, camilleros, etc.

Son cifras aterradoras y alarmantes, más si tomamos en cuenta que se ha agudizado la pandemia en los últimos dos meses, por el caprichoso sistema de cuarentena de radicalización y flexibilización, que se fija a criterio de Maduro, quien dista mucho de ser médico o de tener algún conocimiento científico en esta materia. Lo más grave es que la llamada Comisión Presidencial para la Prevención y Control de la COVID-19 también se alinea con esas pautas por su insuficiencia profesional.

Pero no es todo, a esto se suma una nueva variante del virus SARS-CoV-2, que ha afectado de forma más directa a nuestros infantes y adolescentes, lo que no ocurrió durante 2020.

El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos consagra el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, derecho que fue recogido por nuestra carta magna de 1999 en su Art. 43, que expresa como postulado: "El derecho a la vida es inviolable". Igual, el Art. 83 constitucional nos consagra el derecho a la salud, siendo obligación del Estado garantizarla como parte del derecho a la vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios, lo que evidentemente no se cumple.

Asimismo, la Constitución en su Art. 84 establece el derecho a la salud y la obligación del Estado de garantizarlo a través de la creación de un Sistema Público Nacional de Salud. Ahora bien, ¿es qué a caso solo tienen derecho a la vida y a la salud Maduro y sus funcionarios?, ¿Ellos son los únicos venezolanos? Sin mencionar que está en tela de juicio la nacionalidad del usurpador.

El Estado venezolano no solo es fallido sino que adolece de los principios necesarios que garanticen el derecho a la salud y de todas las políticas acertadas encaminadas a salvaguardar y garantizar el "derecho a la vida" de sus nacionales. Esa es la realidad, en la cual el venezolano no cuenta con medicamentos, ni equipos de bioseguridad necesarios para afrontar la pandemia, aunado a que no tenemos un sistema sanitario con capacidad de responder por la ineptitud de quienes despilfarraron el erario público por 21 años, para llevar al país a la quiebra y a la ruina.

Lo anterior es el resultado de la incapacidad del régimen de facto para gerenciar y administrar los recursos que les pertenecen a la población venezolana. En cambio, lo que hacen es condenar a la muerte al pueblo, al llevarlo al matadero con la prohibición del ingreso de las vacunas del mecanismo Covax, lo que se traduce en una violación flagrante del derecho a la vida, constituyéndose en una conducta genocida contra la población venezolana sin distingos de raza, credo, sexo, condición social y tendencias políticas.

La población venezolana no solo muere de hambre por las políticas nefastas del régimen, sino que muere a causa del virus de la COVID-19, por la politización de la pandemia por parte de un régimen que se preocupa solo por sostenerse en el poder y de mantener el yugo y el control social en la gente, así como de favorecer a sus aliados, como es el caso de Cuba. En este sentido, no podemos pasar por alto la indignación que atrapó a los venezolanos, al conocer en plena Semana Santa que el gobierno usurpador había vacunado contra la COVID-19 a más de 21.000 cubanos cooperantes que se encuentran en Venezuela, a quienes dieron prioridad para su inmunización por encima del personal sanitario del país.

Mientras otros países tienen inmunizados a sus nacionales en porcentajes elevados, en Venezuela no se llega ni al 15% de vacunados, reduciéndose al régimen y su equipo; todo con el objeto de imponer unas vacunas que no se encuentran calificadas ni aprobadas en su Fase III, como son la Abdala y Soberana 02 cubanas, y utilizar a la población venezolana como conejillo de indias, lo cual no debe permitirse.

La implementación de un sistema comunista que socava las bases de la institucionalidad, destruye los pilares fundamentales de la democracia, desmoraliza y desmotiva a la ciudadanía, con estrategias encaminadas a cercenar la dignidad humana y menoscabar la integridad del venezolano, ha llevado a la población a la involución y al letargo. Los ciudadanos vieron perder así el valor del trabajo, la división de la familia venezolana y la esperanza en el futuro.

No conforme con eso pretenden ahora terminar lentamente con la vida de sus nacionales, al pasar a un nivel más elevado que las torturas, persecuciones, el psicoterror y el miedo que infunden. Al parecer, el objeto es un plan de exterminio contra el venezolano para sustituir nuestros nacionales por ciudadanos extranjeros, para con ellos, que son tan humanos como lo somos nosotros, sustituir la mano calificada venezolana.

Si en el año 2018 no dejaron ingresar la ayuda humanitaria para atender las necesidades de ese momento ahora menos dejan ingresar las vacunas del mecanismo Covax por imponer unas vacunas que son convenientes para ellos y así terminar de darle el "jaque mate" al remanente de venezolanos que decidimos valientemente quedarnos en Venezuela y luchar por nuestra nación.

Ante este dantesco panorama, ¿qué podemos hacer?, se preguntarán muchos. Y la respuesta tiene que ser lo que haya que hacer, menos quedarse de brazos cruzados. Por lo tanto, el llamado es a todos los venezolanos de los diferentes rincones del país, a los gremios, sindicatos, fundaciones, ONG, amas de casa, estudiantes, artistas, deportistas, emprendedores, factores políticos, a los venezolanos de cualquier raza, porque todos somos hijos de esta nación y necesarios e importantes sin distingos de ninguna clase, incluyendo los colores políticos, para impedir que nos cercenen la vida.

Igualmente el llamado es a nuestros aliados internacionales, a la OEA y a la ONU, para invocar el R2P, es decir la Responsabilidad Para Proteger a los ciudadanos de nuestro país, todo lo cual fue refrendado en la Consulta Popular del pasado 12 de diciembre de 2020, en la que 7.500.000 de compatriotas estuvieron de acuerdo con solicitar la urgente ayuda de la comunidad de naciones ante los crímenes de lesa humanidad comprobados que ha cometido el régimen de Maduro. Solo así, unidos en lo interno y en lo externo por la causa de la libertad, lograremos poner punto final a la larga pesadilla.

Caraota Digital no se hace responsable por las opiniones, calificaciones y conceptos emitidos en las columnas de opinión publicadas en este medio.

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