Instituciones Vs. hegemonía comunicacional

Forto: Caraota Digital

 

Andrés Raúl Páez

Abogado y profesor universitario

Los ciudadanos en Venezuela presenciamos en las pocas instituciones republicanas que
quedan con espacios de libertad, un ambiente de conflictividad, de múltiples y graves
acusaciones, en donde es primordial rescatar los valores y principios que las crearon,
que sostienen los ideales: de justicia, igualdad, respeto, méritos, paz, bien común,
educación, trabajo, ética, sin discriminación ni subordinación alguna.

Las instituciones, su razón de ser como factor de cambio, en positivo, para satisfacer
necesidades colectivas, juegan un papel decisivo para vencer la tiranía.

Padecemos una crisis humanitaria grave compleja, el colapso total de servicios públicos,
la violación sistemática DDHH, más de 4 millones de desplazados que no son simples
emigrantes, exilados, perseguidos, desaparecidos, cientos de presos políticos, bajo
torturas, tratos crueles degradantes, y la mayor hiperinflación del planeta.

La Asamblea Nacional, está sacudida por diversas acusaciones, a raíz de un trabajo de
investigación periodística del equipo Armando Info. Pensamos que no se debe eludir
el desafío ciudadano para esclarecer las investigaciones, sin ocultar nada. Debe
prevalecer su historia, su esencia, en función de la colectividad, y no de intereses o
particularidades clientelares.

El régimen, algunos sectores de la pseudo oposición, y los guerreros del teclado en
redes sociales, sin lugar a dudas, aprovechan la oportunidad para dividir, confundir,
desinformar, y tergiversar el origen de las denuncias, ventiladas por medios de
comunicaciones independientes, que tienen el derecho a divulgar sus investigaciones.

No se trata de acuerdos, o de declaraciones, simples retóricas, sino que el Parlamento
debe dar el ejemplo, como buen padre de familia, para investigar, a fondo,
garantizando el derecho a la defensa, a ser oídos, a promover pruebas, bajo la
presunción de inocencia de los diputados investigados, con sanciones ejemplarizantes
dentro del ámbito de su competencia, si fuese el caso.

Lo principal es la rendición de cuentas, la transparencia, los objetivos del parlamento,
variadas competencias como poder nacional autónomo, la responsabilidad de cada uno
de sus miembros, de los diputados, de todas las comisiones que la integran, y sus
delicadas funciones, sin poder olvidar que han sido cercenadas sistemáticamente sus
atribuciones.

Recordemos que existen más de cien sentencias, emanadas de la cúspide del poder
judicial, hoy sumiso al régimen, que ha perseguido y criminalizado a más de 26 diputados, y otras más de 20 sentencias contra la descentralización, y la institución del parlamentaria, en donde han convertidos alcaldes en objetivos políticos, defensores de la gestión local, que abiertamente se opusieron a la opresión dirigida desde Miraflores.

Somos solidarios ante el secuestro del diputado Juan Requesens, que sin haberse
allanado la institución de la inmunidad parlamentaria, sin haber cometido delito, sin
flagrancia, sin debido proceso, en contra de la presunción de inocencia, y otras
garantías procesales violadas, permanece en cruel mazmorra, por lo que nos sumamos
a millones de venezolanos, a seguir exigiendo su libertad inmediata, plena sin
restricciones, además de expresos pronunciamientos del comité de trabajo DDHH de la
ONU, de la CIDH y de la OEA.

En este orden de ideas, las universidades nacionales, como instituciones, consideramos
se encuentran como objetivo selectivo del régimen, bajo constante asecho, en la última
década, y recientemente con la sentencia No. 324 del TSJ oficialista, en Sala que no
defiende la supremacía de la Carta Magna.

Existe un plan del despotismo, por vía ministerial, judicial, y del propio CNU, para
intervenir descaradamente prima facie, la Universidad Central de Venezuela, para
eliminar su autonomía, el rango y jerarquía constitucional del artículo 109, que define la
trilogía de estudiantes, profesores y egresados como los únicos calificados para
participar en cualquier proceso de escogencia de autoridades rectorales y otras formas
de cogobierno.

Para los que no tienen memoria, tomen en cuenta para activarnos en resistencia cívica
universitaria: 1) Cerco presupuestario en contra de las universidades nacionales (UCV-
ULA-LUZ-UC-UDO), en los últimos 15 años. 2) Prohibición elecciones universitarias en
los últimos 10 años por sentencias de la Sala Electoral y Constitucional del TSJ. 3)
Intervención, impunidad y toma violenta de la Universidad de Oriente 4)“Plan General
de Rectificación, Cambio y Renovación”, publicado por el Ministerio de Educación
Superior, para consolidar una comunidad universitaria consustanciada con el nuevo
modelo de productividad socialista. 5) Acuerdo No. 18 publicado en la Gaceta Oficial
No. 447.271 en fecha 31-07-2019 en donde se inicia una “investigación penal” en
contra de los 5 rectores de las universidades nacionales. 6) Nombramiento de
autoridades rectorales en la USB, con actores ajenos a la comunidad universitaria
(claustro). 7) Pronunciamientos judiciales que desnaturalizan el escalafón del docente
universitario, y otras medidas arbitrarias que prohíben la divulgación de material
audiovisual en recintos universitarios. 8) Adefesio de sentencia No. 324 del TSJ en Sala
Constitucional publicada el día 27-08-2019, desconociendo Art 109 de la Carta Magna,
Ley de Universidades, reglamento electoral UCV, usurpando facultades expresas de la
Asamblea Nacional, y naturaleza de los únicos integrantes del claustro universitario
(estudiantes-docentes-egresados).

Los sindicatos, gremios, acompañados de las universidades y el parlamento nacional,
forman parte de los últimos bastiones o reductos de la democracia, que el régimen no
ha podido doblegar. Aunque no han permitido elecciones gremiales y en casas de
estudios en la última década, ahora se pretende arrebatar al estilo Juan Charrasqueado.

Escuchen con detenimiento, el alarmante anuncio, que hace pocas horas acabamos de
escuchar en cadena nacional, al usurpador de Miraflores, sobre la firma de un decreto
para crear la “Universidad Internacional de las Comunicaciones” para integrar
“universidades y centros de estudios a nivel de comunicación de toda América Latina, el
Caribe y el mundo”.

Se promueve que miles de jóvenes deben ser formados como en La Habana, Managua,
y ahora en Caracas, garantizando “la sede, toda la logística, todo lo necesario, desde el
punto de vista jurídico y financiero, a partir del próximo trimestre para su arranque e
integración de todas las academias y universidades para la defensa de la verdad, la
batalla mundial”.

Es evidente que se desarrolla agresivamente, la profundización de la hegemonía
comunicacional de un régimen totalitario, que no acepta la divergencia, el discenso, la
diversidad del pensamiento, y por eso su ataque frontal contra la comunidad de
intereses espirituales, que representa las universidades nacionales en Venezuela.
Sin rubor públicamente reconoce el tirano, que desde el Ministerio de la Educación
Superior, con este nuevo proyecto revolucionario de la “Universidad Internacional de la
Comunicación” como herramienta “pedagógica en la idea de crear cátedras, seminarios,
talleres, diplomados de corto plazo, de mediano plazo, presenciales, a distancia, del
nuevo conocimiento comunicacional”, en esto el pénsum está inspirado en el
pensamiento único del PSUV invocando la “lucha de los pueblos” para alimentar las
nuevas corrientes que los sustentan en el poder.

El rol de los medios de comunicación, de los reporteros, de los trabajadores de la
prensa, en estos tiempos aciagos que vivimos, es de vital importancia, tratándose que
en Venezuela no existe democracia, para apoyar, respaldar el trabajo de los periodistas
independientes, para investigar y divulgar, los hechos que consideren, de forma
oportuna, veraz e imparcial, sobre quienes detentan el poder.

Debemos rechazar la censura, el amedrentamiento u otras fórmulas arbitrarias, de vías
de hechos, con violencia, que en su conjunto, evitan deliberadamente el escrutinio
permanente, sobre funcionarios públicos, que actuando dentro de sus funciones,
pretenden evadir que sean revisadas sus propias actuaciones.

En el año 2007 el Ministro de Comunicaciones, Andrés Izarra invocaba como política de
estado, la necesidad de un aparataje de propaganda en beneficio del régimen, que
luego de 12 años ha implementado de forma grotesca una hegemonía comunicacional, en perjuicio de la ciudadanía, del periodismo independiente, de la prensa escrita, de la radio, medios tradicionales, que han sido devorados en Venezuela. Es oportuno leer el
libro publicado recientemente por el profesor Andrés Cañizales titulado “20 Años de censura
en Venezuela”.

Es muy valioso el trabajo permanente de los equipos de investigación de las ONG,
Espacio Público, del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), conjuntamente con la defensa
asumida por el Colegio Nacional de Periodistas, del CNP Caracas, y del Sindicato de los
Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Es grave que recientemente fueron detenidos periodistas del equipo Entorno
Inteligente, de VPI, Vivo Play, y Caraota Digital, confiscados sus herramientas como
cámaras, teléfonos celulares y otros instrumentos de trabajo. Luego de 2 semanas
permanece aún detenida la periodista Ana Belén Tovar, sin haber cometido delito.

El ataque mortal contra el periodismo independiente, incumple expresamente sanciones
contra el estado venezolano, como lo es la sentencia publicada el 30 de mayo por la
CIDH, en el Caso del Profesor Tulio Alvarez, en materia de libertad de información, en
casos de interés público, con ocasión de funcionarios públicos que se niegan a rendir
cuentas, o en vista de la opacidad, que es característica de quienes detentan el poder
por vías de hecho en Venezuela.

Tuiter @andresraulpaezp

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