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    Libertad de información en peligro

     

    Andrés Raúl Páez

    Consultor Jurídico CNP

    El balance del despotismo en los últimos cuatro años, en materia de prensa escrita es
    fatal. De más de 90 periódicos que circulaban en Venezuela, ahora no existen más de
    30.

    Los portales digitales independientes, han sido víctimas de amedrentamiento, ataques,
    hostigamiento, bloqueo de señales, censura, persecución a sus periodistas en la calle,
    censura y de extrema violencia al cubrir la noticia, en donde se produce.

    El 12 de marzo del 2019 fue perseguido, detenido, criminalizado Luis Carlos Díaz. El 26
    de noviembre, a cargo de funcionarios de la DGCIM, en la Urb Los Dos Caminos, fueron
    retenidos arbitrariamente trabajadores de la prensa del portal Caraota Digital, Roger
    Castillo, Jonathan Bello, los trabajadores Dangert Zorrilla, Jhonatan Azuaje, de VPI, y
    permanece todavía injustamente encarcelada, la periodista Ana Belén Tovar de Entorno
    Inteligente.

    Telecaribe y Venepress, agencia de noticias y portal informativo, el día 18 de diciembre
    fue allanada por el Sebin. El periodista Víctor Ugas fue detenido el 20 de diciembre, por
    el FAES. El día 21 de diciembre al periodista y vicepresidente de Información del diario
    El Universal, Elides Rojas, por haber publicado un Twitter, fue acusado por instigación
    al odio.

    El 11 de febrero del presente año, fueron agredidos por lo menos 12 periodistas que
    cubrían la llegada del Presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó al aeropuerto
    internacional de Maiquetía. El 29 de febrero, miembros de colectivos armados
    agredieron a manifestantes y periodistas que se congregaron en un acto político en el
    Estado Lara.

    La Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos
    Humanos, Michelle Bachelet, el 10 de marzo expresó que su oficina ha documentado
    agresiones contra opositores políticos, manifestantes y periodistas, sin que las fuerzas
    de seguridad actuarán para evitarlo.

    La periodista Gregoria Emilia Díaz, delegada del SNTP en el estado Aragua, fue citada a
    declarar ante el CICPC, luego de publicar una información sobre un posible caso de
    coronavirus. César Saavedra, camarógrafo de Q’Pasa en Venezuela y CNVE24, fue
    amenazado por un funcionario de Polichacao cuando cubría el cierre de un local en el
    municipio Chacao, Caracas.

    Sofía Torres, corresponsal de Factores de Poder, fue obligada por funcionarios de la
    GNB, a borrar la información de entrevistas a personas que compraban insumos médicos y de higiene en Propatria, al oeste de Caracas, como prevención ante los anuncios de cuarentena por el Covid-19.

    El periodista Carlos Julio Rojas, dirigente comunitario y miembro de la Directiva del CNP
    Caracas, fue agredido, golpeado y robado el 15 de marzo, por paramilitares, en las
    adyacencias de Parque Carabobo, al denunciar hechos relacionado con el COVID 19, y
    el cierre preventivo del Metro de Caracas.

    La fotógrafa Tairy Gamboa y la periodista Ariadna García, del portal Crónica Uno fueron
    hostigadas por funcionarios de PoliCaracas, quienes las obligaron a borrar un material
    grabado en el mercado de Catia, el 16 de marzo, luego de haberse ordenado el cierre
    de varios locales comerciales por el coronavirus. El 17 de marzo el gobernador del
    Estado Falcón en cadena regional de radio, amenazó con acciones legales al Diario La
    Mañana.

    Según IPYS Venezuela, trabajadores de la prensa y fuentes especializadas en el área
    de la salud fueron víctimas de ataques, declaraciones agraviantes y amenazas de
    acciones legales por parte de usuarios en las redes sociales, así como por funcionarios
    públicos en los estados Zulia, Aragua, Delta Amacuro, Miranda y el Área Metropolitana,
    luego que publicaran información vinculada a la posible existencia de casos de
    coronavirus (COVID-19).

    Beatriz Rodríguez, directora del Diario La Verdad de Vargas fue citada por el Ministerio
    Público (MP), a declarar el 24 de marzo, por la publicación de una información sobre un
    caso de coronavirus en esa entidad, y las condiciones de los centros hospitalarios.
    La Comisión Permanente de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, publicó
    un comunicado (25-03-2020), ante la escalada represiva de los cuerpos de seguridad
    del régimen totalitario imperante en Venezuela, vista la persecución por parte del FAES,
    la criminalización y encarcelamiento del periodista Darwinson Rojas, las detenciones
    arbitrarias durante horas de las comunicadoras sociales Rosali Hernández, del equipo de
    Caraota Digital, reportando desde Catia servicios públicos, y Beatriz Rodríguez.

    La eliminación de la edición escrita de los Diarios La Calle y La Prensa, de los estados
    Carabobo y Lara, respectivamente, así como la suspensión de la señal de las emisoras
    Radio Chévere 97.5 FM y Oceánica 98.5 FM en el Estado Monagas, en momentos donde
    la información cobra vital importancia.

    La Asamblea Nacional acordó formalizar denuncia de tales violaciones ante la Sociedad
    Interamericana de Prensa (SIP), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de
    la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados
    Americanos (OEA) y el despacho de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de
    la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Dra. Michelle Bachellet.

    Ahora bien, cada uno de los graves sucesos reseñados anteriormente, poseen la
    peculiaridad, que en los funcionarios de organismos de seguridad (FAES, DIGECIM,
    CICPC, PNB, GNB y otros), oficialidad, ministerio público, y tribunales penales, que
    participan en los respectivos procedimientos, no existe respeto ni cumplimiento, a
    normas de carácter obligatorio, leyes especiales, tratados internacionales, principios y
    garantías de rango constitucional, jurisprudencia reiterada de organismos regionales de
    justicia (CIDH-OEA), recomendaciones de la Alta Comisionada de los Derechos
    Humanos de la ONU, que amparan la libertad de buscar, recibir y difundir hechos
    noticiosos, sin censura previa, y menos aún someter a la jurisdicción penal, a
    profesionales de los medios de comunicación social, trabajadores de la prensa e
    infociudadanos.

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    ¿Por qué se transgrede sistemáticamente, de forma cotidiana y alarmante, todo un
    vasto conjunto de normas, que protegen derechos humanos fundamentales, en materia
    de libertad de expresión, de información y la prensa libre en Venezuela?

    La respuesta está condicionada por la naturaleza del poder de facto, de carácter
    totalitario, que no permite cualquier escrutinio en servicios públicos básicos, en
    hospitales, barrios, provincias, comunidades, mercados, calles, que aún bajo estado de
    alarma decretado por la pandemia del coronavirus, no puede escabullirse, repeler,
    ocultar bajo la criminalización, el amedrentamiento que producen tribunales nocturnos,
    que no son imparciales, cuyos magistrados no poseen idoneidad, imputando delitos que
    no existen, hechos punibles a periodistas, que pretenden encuadrarlos bajo figuras o
    tipos de incitación al odio, a delinquir, terrorismo y otras felonías, del ejercicio del no
    derecho.

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    Si viviera el jurista italiano Cesar Becaría, en cuanto a las causas antropológicas que
    justifican las penas privativas de libertad, le daría terror, porque en Venezuela, las
    flaquezas y baja pasiones se desatan ante la inexistencia de un poder judicial que no es
    autónomo, de un Ministerio Público que no defiende la legalidad, de una defensoría
    pública que no exige el debido proceso, la presunción de inocencia, derecho a la
    defensa, nombramiento de abogados privados, garantías procesales, en donde se
    permite cotidianamente la incomunicación, secuestro, tortura, tratos crueles
    degradantes, violencia y censura contra trabajadores de la prensa.

    El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé un amplio
    grado de libertad de expresión al garantizar el derecho a “buscar, recibir y difundir
    información”.

    El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre dispone que
    “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”, lo que incluye el
    derecho a sostener opiniones sin interferencia y el derecho a buscar, difundir y recibir
    información e ideas de toda índole independientemente del medio utilizado.

    Estos derechos han sido definidos también por el Estatuto de Roma de la Corte Penal
    Internacional y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
    Verdugos judiciales en Venezuela omiten que la CIDH expresamente ha establecido
    “que en el caso de un discurso o materias protegido por un interés público, como son
    los referidos a conductas de funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, la
    respuesta punitiva del Estado mediante el derecho penal no es convencionalmente
    procedente”.

    El Estado Venezolano fue condenado el 30 de agosto del 2019, por la Corte
    Interamericana de Derecho Humanos, en el Caso Profesor Alvarez Ramos, luego de una
    atroz persecución política del régimen, por haber violado directamente el derecho a la
    información, a la libertad de circulación, cuyo fallo guarda relación directa con los
    profesionales de los medios de comunicación, que en el últimos semestre han sido
    víctimas en Venezuela, de paramilitares, de organismos de seguridad represivos, y de
    organismos jurisdiccionales sumamente cuestionados, que no respetan las garantías
    contenidas en los artículos 57, 58 y 337 de la Carta Magna, referidas a la libertad de
    expresión, de información, que durante los estados de excepción tales derechos no
    pueden ser restringidos.

    No es casual, el patrón sistemático, allanamientos a media noche, sin mostrar órdenes
    previas, ni el registro de antecedentes penales, ni las medidas de prohibición de
    declarar, de salir del país, el bloqueo de cuentas, la retención de equipos de trabajo,
    asedio, hostigamiento, amenazas, confiscaciones, cierre de medios, a través del efecto
    estigmatizador de pronunciamientos penales, impuesta por un vetusto articulado del
    Código Penal, figuras utilizadas como comodín judicial contra periodistas, reporteros,
    trabajadores de la prensa, que impiden informar de forma oportuna y verazmente,
    cumpliendo con la Ley del Ejercicio del Periodismo, su reglamento y el Código de Etica
    Profesional.
    La CIDH expresamente ha sentenciado “que en el caso de un discurso protegido por un
    interés público, como son los referidos a conductas de funcionarios públicos, en el
    ejercicio de sus funciones, la respuesta punitiva del Estado mediante el derecho penal
    no es convencionalmente procedente”.

    Si nos encontramos en circunstancias excepcionales derivadas de una crisis humanitaria
    grave compleja, hiperinflación, emigración forzada de más de 5 millones de
    venezolanos, más de 325 presos políticos, 30 diputados criminalizados, 4 diputados
    secuestrados en mazmorras de la tiranía, colapso de servicios públicos básicos, es decir
    sin agua, sin luz, sin efectivo, sin transporte público, sin gasolina, sin gas doméstico, y
    ahora bajo una pandemia decretada por la OMS, que exige restricciones de movilidad
    para evitar expandirla, que mejor razón para generar confianza, para evitar la
    propagación de rumores, de informaciones falsas, que se facilite el trabajo de los periodistas, para la tranquilidad de la población, y éste ha sido el llamado del Presidente del CNP, Lic. Tinedo Guía, del CNP Caracas, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, de múltiples ONG: Instituto Prensa y Sociedad, Transparencia Venezuela, Acceso a la Justicia, Espacio Público, prensa libre, periodistas, reporteros gráficos y defensores DDHH.
    ¡Informar No es Delito!
    Twitter @andresraulpaezp

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