Mes del periodista (IV)

Foto: Caraota Digital

Por Andrés Raúl Páez                                                                                                              Consultor Jurídico del Colegio Nacional de Periodistas

Con mucho pesar, preocupación, angustia quizás,  finalizamos esta serie de reflexiones en el mes del periodista en Venezuela, vista la alarmante arremetida, bajo un patrón sistemático de persecución, hostigamiento, amenazas, vías de hechos, detenciones arbitrarias, nuevos encarcelamientos contra comunicadores sociales, trabajadores de la prensa e infociudadanos.

Hemos citado en nuestros artículos anteriores, en efemérides la cercanía de diferentes conmemoraciones vinculadas al proceso independentista y la defensa de la instituciones, tales como el 4 de junio (1830) asesinato de Antonio José de Sucre, el nacimiento de José Antonio Páez (13 de junio de 1790), el día del ejército (24 de Junio) invocando la vigencia del mandato constitucional dirigido a la Fuerzas Armadas Nacionales, que no deberían tener militancia política, ni vinculación ideológica partidista, como cuerpo profesional del estado venezolano encargado de garantizar la independencia, soberanía, y mantenimiento del “orden interno”. 

Ahora coincidimos con el día 27 de junio, que se conmemora el día del periodista, vinculado al nacimiento del “Correo del Orinoco” en el año 1818, que sirvió de inspiración a nuestra gesta emancipadora.

¿Cuál es la relación entre el sistema judicial, las fuerzas armadas nacionales, cuerpos policiales, la profesión de abogados y el trabajo de los periodistas?

El día 23 de junio, se conmemoró el día del abogado, por decreto presidencial (1972) de Rafael Caldera, vinculado con el Dr. Cristóbal Mendoza, primer presidente de Venezuela  que nació en Trujillo el año 1772, quien fue  además de prócer civil, abogado y Juez Superior.

Nuestro sistema judicial está integrado además de todos los organismos jurisdiccionales, en su cúspide con el TSJ, que lamentablemente no defiende la supremacía de nuestra Carta Magna, y el dato que más del 90 % de nuestros jueces son temporales, un Ministerio Público que no posee independencia en sus altas esferas (de acuerdo a su militancia y carrera partidista), órganos de investigación penal y defensoría pública (ambos muy mal remunerados), sistema penitenciario que no reeduca a los privados de libertad, con desarrollo alarmante del poder de la figura de los pranes, con el mayor número de violencia y ajusticiamientos en los sitios de reclusión, ciudadanos que bajo diferentes figuras mantienen una relación de servicios con el poder judicial, y los abogados en ejercicio.

Citamos nuevamente la cifra escandalosa, que desde el año 2004 hasta el 2019, se han cerrado en Venezuela: 165 emisoras de radio, 18 canales de televisión y 42 periódicos. Del mes de enero al mes de mayo del 2020 se han contabilizado 556 casos de violaciones a la libertad de expresión, con 20 detenciones a particulares, periodistas y trabajadores de la prensa según la ONG Espacio Público.

Sin haber cometido delitos han sido criminalizados los periodistas: Ana Belén Tovar, Elides Rojas, Darvison Rojas, Arnaldo Sumoza, Eduardo Galindo Peña y Carol Romero. La primera estuvo 5 meses encarcelada en calabozos militares, luego de haberse allanado la sede de Entorno Inteligente el día 19-11-2019, además de la retención ilegal de otros 4 periodistas de ese medio, y otros profesionales de la comunicación social de VPI y Caraota Digital, quienes estaban cumpliendo la labor de informar, sin obstaculizar o impedir el trabajo de los cuerpos policiales militares.

Según el periódico Tal Cual, la detención de la periodista Ana Belén Tovar se refirió a publicaciones relacionadas con el máximo portavoz de las FAN “y su entorno familiar”. 

El periodista y vicepresidente de Información del Diario El Universal, Elides Rojas, fue citado a declarar a la sede de la Dgcim el 21-12-2019, detenido debido a la publicación de un tuit en donde opinaba con ocasión de un vuelo, sus tripulantes, y procesado injustamente por "instigación al odio", liberado el 23-12-2019, bajo medidas cautelares (prohibición de salir del país).

Luego de 12 días detenido, el periodista Darvison Rojas fue liberado con medidas cautelares el día 2 de abril, por publicar información sobre los casos de la pandemia en Venezuela, a través de su cuenta twitter.

El día 15-04-2020 fue detenido en El Sombrero, Edo Guarico, el periodista Arnaldo Sumoza, y luego de 50 horas fue imputado por los delitos de alteración al orden público e incumplimiento de las medidas de restricción ante la emergencia sanitaria por la COVID-19, por denunciar protestas públicas por falta de agua, y liberado bajo régimen de presentación. 

El periodista Eduardo Galindo Peña, Directivo de la Seccional del CNP Apure fue liberado el 19-04-2020, luego de haber sido detenido arbitrariamente por el Conas, junto a su esposa y sobrino, en la Población de san Fernando de Apure el 15 de abril. Le otorgaron medidas cautelares, bajo régimen de presentaciones, además de la prohibición de declarar.

Carol Romero periodista de Fm Center, fue liberada bajo medidas cautelares el 15-07-2020, luego de ser haber sido detenida 2 días antes, imputada inicialmente por alteración del orden público y luego por lesiones, al grabar una situación irregular entre efectivos militares y ciudadanos en la estación de servicio del Km 7 de la carretera hacia El Junquito en Caracas, con ocasión de la escasez de gasolina.    

Recientemente el 22-06-20 otro tribunal penal otorgó medidas de arresto domiciliario, prohibición de salida del país, y de divulgar mensajes, a los periodistas Mimi Arriaga y Marco Antoima, luego de estar detenidos bajo un proceso policial iniciado por el CICPC, a través de la División de Delitos Informáticos, imputados por incitar al odio, por la supuesta vinculación a la cuenta @VVSinCensura @VVPeriodistas desde donde presuntamente se difundieron mensajes contra altos jerarcas del régimen. 

Llama poderosamente la atención que desde el portal de noticias de Globovisión con anticipación fueron sometidos los periodistas Mimí Arriaga, Marco Antoima, Rafael Garrido y Rita Di Martino, al escarnio público, condenados en palestra pública, sin haber sido escuchados previamente, sin tener acceso al expediente, sin tener oportunidad de defenderse,  sin indicarse la fuente de la información, específicamente el 19 de junio de 2020, en donde se señaló “detenidos y prófugos por ser administradores de cuenta de extorsión”. Grave antecedente que fuera denunciado por el Colegio Nacional de Periodistas, que además guarda relación con la campaña de descrédito contra la periodista Marianella Salazar desde el mismo portal.

Los ocho periodistas mencionados anteriormente,  a pesar de ser sujetos a procesos diferentes, tienen en común la gravedad de estar sometidos a juicios penales en donde no ha habido respeto a derechos  constitucionales, en defensa de la libertad de información,  violando garantías procesales, como el debido proceso, la presunción de inocencia,  la tutela judicial efectiva, derecho a la defensa, la prohibición de estar incomunicados, de tener de forma inmediata asistencia jurídica con los abogados de su confianza, derecho a ser notificados acerca de los motivos de su detención, entre otros excesos policiales, omisiones del Ministerio Público y aberraciones tribunalicias, además de realizar su trabajo con ocasión de servicios públicos, medios de comunicación, o actuaciones de funcionarios públicos, en temas de interés público. 

Finalmente nos enteramos que el Comisario Javier Gorriño, Jefe de Polihatillo de la Alcaldía de El Hatillo, con trayectoria policial dentro del CTPJ hoy CIPCP, fue conminado a declarar ante la DIGCIM, detenido el 25-06-2020 e investigado con ocasión de la publicación de un tuiter, relacionado con temas de seguridad ciudadana, la pandemia, abusos de poder de altos jerarcas,  grave hecho éste que ha sido denunciado por el Alcalde, que es sumamente delicado, por afectar la autonomía del poder público municipal, la descentralización, la libertad de expresión, de funcionarios públicos, con ocasión de competencias vinculadas directamente con temas de interés público, y comunidades que exigen una información veraz y oportuna.

A quienes incumplen expresas disposiciones de rango constitucional, de tratados internacionales, de sentencias expresas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al estado venezolano, de recomendaciones directas de la OEA, de pronunciamientos de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela, recuerden que todos los funcionarios civiles y militares, autoridades de cualquier rango o jerarquía, son responsables de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, además del derecho penal internacional. Rectifiquen o serán sancionados individualmente por organismos internacionales de administración de justicia. No se excusen en órdenes superiores que no aplican.

Desde la Consultoría Jurídica del Colegio Nacional de Periodistas, nos unimos al llamado de alerta emitido por la Junta Directiva Nacional del CNP, de cada una de las Seccionales que la integran, de las campañas permanentes de defensa de sus agremiados, del Distrito Capital,  además de otras muy valiosas seccionales del interior,  que han denunciado de forma detallada, graves sucesos de violencia, de hostigamientos, de amenazas, vías de hechos, detenciones arbitrarias, prohibición inconstitucional de grabar, de borrar material audiovisual, de movilizarse, de divulgar e informar, de robo de equipos,  contra periodistas, además de las denuncias, con asesoría legal oportuna que también han sido respaldadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), por las ONG Espacio Público, Expresión Pública, Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela), por los medios de comunicación independientes, portales digitales, últimos reductos de la prensa y radio libre en Venezuela.

Twitter @andresraulpaezp

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