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    ONU Vs. la barbarie en Venezuela (I)

    Por Andrés Raúl Páez
    Consultor Jurídico del Colegio Nacional de Periodistas

    Todos los venezolanos, sin distinciones, tenemos el deber ciudadano de leer, analizar, discutir y divulgar el extenso documento (443 folios), complejo, grave informe, publicado el 16-09-2020, titulado “Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela”, ordenado desde septiembre de 2019, por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Aquí desarrollaremos la primera parte, sin exponer múltiples casos documentados por el equipo multidisciplinario de las Naciones Unidas, así como sus valiosas recomendaciones (que en otras entregas explicaremos).

    Es necesario desde el punto de vista metodológico resaltar que se trata un trabajo detallado, realizado por tres expertos: Marta Valiñas de Portugal, Paul Seils del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Francisco Cox de Chile, con el apoyo de 13 funcionarios, investigadores de derechos humanos, asesores legales y de género, expertos militares, en tecnología digital y funcionarios de seguridad, administrativos y de presentación de informes, que realizaron previamente: 1) entrevistas confidenciales. 2) Análisis de documentos confidenciales obtenidos de personas y organizaciones, incluidos expedientes de casos; 3) Solicitudes de presentaciones de información; y 4) Análisis de información de dominio público. 

    La Misión llevó a cabo 274 entrevistas con víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios del Estado, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional.

    La misión internacional de la ONU pudo investigar 223 casos, en donde hay detalles sobre 48 casos, cobrando relevancia desde la perspectiva de la defensa de derechos humanos fundamentales en consonancia con el derecho penal internacional.

    Nos llama la atención del informe, el expreso señalamiento (pág. 30) del “nexo entre la corrupción y las graves violaciones de los derechos humanos”, derivado de los “beneficios económicos personales derivados de la captura de las instituciones del Estado”, lo que constituye un fuerte incentivo para que los agentes gubernamentales mantengan el poder y garanticen la impunidad.

    El trabajo de la ONU indica claramente (pág. 33), el carácter dictatorial, desde su formación en agosto de 2017, de la Asamblea Nacional Constituyente al usurpar funciones exclusivas del Parlamento venezolano, incluyendo la designación de los representantes del 1) Consejo Nacional Electoral; 2) Fiscal General; 3) Contralor General, 4) Defensor del Pueblo; y 5) jueces del Tribunal Supremo de Justicia, además de la inconstitucional e impropiamente llamada “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia.” 

    El informe de la misión internacional de la ONU, sobre el Tribunal Supremo de Justicia, afirma (pág. 44) que “uno de los elementos que contribuyen a las violaciones y delitos determinados por la ONU, es la falta de independencia del poder judicial”, citando que en diciembre de 2015, la Asamblea Nacional saliente nombró apresuradamente 13 jueces (de un total de 32) y 21 suplentes para el Tribunal Supremo de Justicia para el período 2015-2027, a los que posteriormente se les denominó los “magistrados express”, violando la Carta Magna y Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia del 2010.

    Sobre el nombramiento en 2017 del nuevo Fiscal General, el informe ONU precisa que (pág. 46), en septiembre del 2018, el Fiscal de la Asamblea Nacional Constituyente emitió una resolución de reestructuración el Ministerio Público, que declaró que los fiscales ocupan “puestos de confianza” y pueden ser nombrados y destituidos a voluntad, eliminando así la seguridad laboral de los fiscales.

     Hasta agosto de 2020, hay más de 85 investigaciones o procedimientos penales, en 21 jurisdicciones extranjeras distintas, acusando a personas venezolanas, incluidos actores políticos y militares de alto rango, de delitos relacionados con la corrupción.

    Sobre La FAES el informe ONU, indica (pág. 62) que ha sido descrita por varias fuentes como “no profesional” y carente de formación, “las FAES son un grupo de delincuentes uniformados a disposición del Gobierno, no una fuerza policial profesional”. Las FAES se convirtieron rápidamente en la institución policial más letal en Venezuela, responsable del 64,5% de las muertes que la Misión examinó en el 2019.

    Textualmente dice La Misión de la ONU (pág. 72) que identificó varios elementos comunes a las violaciones, y las víctimas, que sufren 1) ataques físicos o amenazas; 2) campañas de difamación y estigmatización; 3) represalias administrativas (especialmente la destitución de políticos, jueces y fiscales o funcionarios públicos de sus puestos); 4) procesos penales en procedimientos judiciales que no se ajustan a las normas del debido proceso; 5) detenciones arbitrarias, incluso en malas condiciones y durante períodos prolongados de detención preventiva; 6) malos tratos/torturas, incluida la violencia sexual y de género; 7) detención durante períodos en los que se desconoce su paradero; y 8) hostigamiento y amenazas a familiares o personas cercanas a las víctimas principales.

    El informe de la Misión ONU, confirma (pág. 73) que entre las principales víctimas de los patrones amplios de represión, figuran activistas sociales, líderes políticos al frente de las protestas, políticos de la oposición y disidentes militares acusados de rebelión, conspiración de golpes de estado, otros perfiles de personas que se ha visto que desafían las narrativas oficiales:   funcionarios públicos seleccionados, jueces, fiscales, abogados, trabajadores de ONG, periodistas, blogueros y usuarios de redes sociales, trabajadores de la salud y usuarios de redes sociales.

    Oído al tambor sobre la especial referencia (pág. 81), a los servicios de inteligencia del Estado, que juegan un papel integral en la represión selectiva de los disidentes: SEBIN (en el caso de civiles) y DGCIM (en el caso de militares). Los servicios de inteligencia se encargan de realizar las primeras investigaciones sobre los posibles delitos cometidos por los disidentes objeto de la represión, de detenerlos, interrogarlos y encarcelarlos. Las detenciones tienen lugar principalmente en las respectivas sedes de los servicios de inteligencia en Caracas, fuera del ámbito del sistema penitenciario. La reiteración de la conducta, las similitudes en el modus operandi y la participación de diferentes instituciones estatales en distintos niveles, y se informa en los relatos de las víctimas, los testigos y otras fuentes, muestran que las detenciones arbitrarias de opositores o críticos se llevaron a cabo de manera sistemática, que fueron víctimas de desapariciones forzadas de corta duración y de actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes a manos de los organismos de inteligencia.

    En la pág. 86 de informe de la ONU, se cita que “un patrón común que apareció en casi todos los casos investigados fue que altos funcionarios del Gobierno”, nombrando los 4 funcionarios más altos en la estructura del estado venezolano, hicieron declaraciones públicas en referencia a las detenciones, ya sea poco antes o poco después de que se produjeran, y comentaron sobre la responsabilidad penal de los imputados.” En la pág. 87 se indica que. “La Misión documentó patrones de conducta en los métodos de tortura utilizados por funcionarios del SEBIN, tanto hombres como mujeres, por motivos políticos, y otras personas consideradas críticas con el Gobierno. Los casos se produjeron principalmente entre 2014 y 2018.”

    El informe de la Misión ONU documentó (pág. 88) los siguientes actos de tortura:  la “crucifixión” (brazos extendidos y esposados a tubos o rejas) y “el pulpo” (un cinturón de metal con cadenas para inmovilizar las muñecas y los tobillos), asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o un balde de agua, Golpes, a veces con un palo u otro objeto contundente, descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo, amenazas de muerte o amenazas de violencia adicional, amenazas de violación sexual contra la víctima y/o sus familiares, tortura psicológica, incluyendo privación sensorial, iluminación constante y frío extremo, desnudez forzada, incluso en habitaciones mantenidas a temperaturas extremadamente bajas.

    Para todas las ONG, defensores DDHH, escuelas de derecho, docentes, academias, especialistas del derecho penal, ciudadanos, integrantes de la comunidad internacional, e instituciones del Derecho Penal Internacional, hay material para investigar, complementar, y servir de soporte, de próximas denuncias, que según el pronunciamiento expreso del informe ONU (pág. 47), “el poder judicial se ha convertido en un instrumento de represión, lo que crea un desequilibrio en la responsabilidad, contradiciendo el principio de igualdad de armas. La Misión documentó casos en que miembros del poder judicial participaron, por acción u omisión, en la perpetración de graves violaciones de los derechos humanos. Esto es especialmente en el caso del enjuiciamiento penal de opositores políticos, casos que han demostrado violaciones recurrentes de las garantías procesales. Además, los casos investigados por la Misión muestran que el Estado ha recurrido cada vez más a los tribunales militares para juzgar a los disidentes políticos”.

    La Misión observa  (pág. 419) que la responsabilidad de los fiscales y jueces en las violaciones de los derechos humanos contra los disidentes políticos y militares es doble.

    Muy grave el nivel de impunidad (pág. 431 del informe), imposible omitir que, de los 165 casos examinados por la Misión de la ONU de asesinatos en protestas, 160 no han dado lugar a una sentencia. 

    Gravísimo los señalamientos concretos recogidos desde el folio 433 al folio 437, en materia de responsabilidad del estado e individual, por todas las violaciones, en calidad de crímenes de lesa humanidad como de crímenes distintos establecidos en la legislación nacional, demostrándose que, en el período examinado, las autoridades estatales -tanto a nivel presidencial como ministerial- tenían y ejercían su poder y supervisión sobre las siguientes fuerzas y organismos de seguridad civiles y militares: la PNB (incluidas las PNB/FAES), el CICPC, las fuerzas de policía municipales y estatales, el SEBIN, la FANB y la DGCIM. Los miembros de esas fuerzas y organismos de seguridad fueron los autores de las violaciones y los crímenes documentados en dicho informe.

    Expresamente se reconoce que “las violaciones y los crímenes documentados en el presente informe corresponden a conductas que pueden calificarse jurídicamente, en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma, como crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violación o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, desaparición forzada de personas y otros actos inhumanos de carácter similar que causan intencionalmente grandes sufrimientos o lesiones graves al cuerpo o a la salud mental o física.”

    Se trata de un material sumamente delicado, cuyo punto central es la investigación y confirmación de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde el año 2014, por la cruel dictadura en Venezuela, a través de altos funcionarios, civiles y militares, plenamente identificados, bajo diferentes “cadenas de mando”, jueces, fiscales, organismos de seguridad del estado, a fin de asegurar desde la perspectiva de la misión encomendada al equipo de la ONU, la plena rendición de cuentas de los autores y de la justicia para las víctimas.

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    Confieso que luego de leer el informe de la misión especial de la ONU sobre Venezuela, viene a mi mente la lectura de la Obra “Memorias de un venezolano de la decadencia” escrito por José Rafael Pocaterra, en donde nos sacude en todos los sentidos, la prosa con dolor, no solamente los métodos de tortura en la época de Juan Vicente Gómez, cuyo aparataje de terror, de la rotunda, se quedan muy cortos, al sufrido por Juan Bimba del siglo XXI, de los gritos del terror que padecen miles de seres humanos en Venezuela, más de 383 en mazmorras de la actual tiranía, que el mismo informe ONU, detalla bajo los nombres de “la tumba”, “guantánamo”, ”las escaleras”, “el bañito”, “la pecera”, “el tigrito” , “el ascensor”, “la casa de los sueños”   afectando la psiquis colectiva, a los presos políticos, a familias enteras, padres, hijos, amas de casas, trabajadores, dirigentes sindicales, periodistas, reporteros, estudiantes, gremios, academias, huérfanos de la vida digna, defensores DDHH, y los últimos reductos o bastiones de la democracia. 

    El reciente Informe de la Misión Internacional independiente la ONU, de determinación de los hechos sobre Venezuela, trasciende, desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos, frente a la permanente escalada represiva de un sistema totalitario, de una sanguinaria maquinaria delictiva operando impunemente, de una organización criminal, sofisticada, desde los organismos de seguridad del estado, con el aval de sus supervisores, jefes, operadores ministeriales, bajo el manto del ejercicio del no derecho, del amparo nocturno de fichas judiciales, en sus más altas esferas, la mayoría temporales, parcializados descaradamente a favor del despotismo, con un ministerio público que no disfraza ni oculta el ser garante de la ilegalidad, acompañado por una defensoría del pueblo que rinde pleitesías el capo di tutti, sus capitanes, jerarcas de turno, con la compañía de una desmantelada e inexistente contraloría general en una república fallida.

    Sin embargo, recuerden funcionarios civiles y militares, de cualquier grado y jerarquía, con independencia en la “cadena de mando” que la responsabilidad por delitos de lesa humanidad no prescribe. El Estatuto de Roma tarde o temprano recaerá sobre sus actuaciones. Los tiempos de Dios son perfectos.

    Twitter @andresraulpaezp

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