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    Periodistas en alto riesgo

    Por Andrés Raúl Páez

    Consultor Jurídico del Colegio Nacional de Periodistas

    El mes de junio se conmemoraron diversas fechas vinculadas con nuestra gesta independentista y la libertad de información, como lo fueron el asesinato de Antonio José de Sucre, nacimiento de José Antonio Páez, día del ejército, día del abogado, el Correo del Orinoco, y el día del periodista (27 de junio).

    ¿Cómo se relacionan estas celebraciones con la defensa de los derechos humanos fundamentales?

    Acaba de ser publicado finalizando el mes de junio, y recomendamos la obligatoria lectura del “Informe Conjunto Sobre Patrones de Violación del Derecho a la Defensa de los Derechos Humanos”, de 90 folios, elaborado por 44 ONG venezolanas, demostrando patrones de ataque por parte de organismos policiales y militares, contra defensores DDHH, abogados, trabajadores del sector salud, sindicalistas, líderes sociales, comunitarios, y periodistas, a través de 50 casos en los últimos 3 años.

    En el citado informe hecho por organizaciones con trabajo social comprobado durante décadas, se indica (pág. 13), que en Venezuela se ha normalizado la práctica de desacreditar y difamar a defensores de derechos humanos, incluyendo activistas, abogados, líderes de base, personal de salud, sindicalistas y trabajadores humanitarios, al igual que a periodistas.

    44 ONG venezolanas sostienen que los ataques son transmitidos por la mayoría de los medios de comunicación públicos (prensa, radio y televisión) páginas web, redes sociales oficiales y están cargados de estigmatizaciones, señalamientos y acusaciones intimidatorias que criminalizan el trabajo de la defensa de derechos humanos, asociándola con acciones enemigas o delitos contra el Estado por el solo hecho de exigir cambios de conductas o medidas para resolver problemas que afectan a la población.

    Es muy grave según el informe sobre patrones de violación, porque viola la intimidad, privacidad y seguridad de las personas atacadas.

    Este patrón (pág. 14) comprende operativos de vigilancia y seguimiento de cuerpos de seguridad, la mayoría de las veces sin identificación visible, en los sitios de trabajo, durante los traslados terrestres y aéreos, en eventos públicos o en sus propias casas.

    En estos operativos las personas son fotografiadas, grabadas, abordadas por individuos desconocidos, reciben amenazas por llamadas telefónicas anónimas y en ocasiones son escuchadas en sus comunicaciones o reuniones privadas.

    En el folio 15 el informe analizado sostiene que, abogados, defensores DDHH, líderes comunitarios y periodistas han sido víctimas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y actos de tortura, trato cruel, inhumano y/o degradante por haber denunciado situaciones que afectan derechos o hacer investigaciones de violaciones, en muchas ocasiones con la colaboración de grupos de civiles armados

    El 29-06-2020 tuvimos la oportunidad de escuchar y participar en un “Encuentro Digital de Periodistas” promovido por el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Aragua, coordinado por la Lic. Amira Muci, Gregoria Díaz, con la participación activa de varios expertos: la Lic. Marianella Balbi (Ipys Venezuela), Carlos Correa (Espacio Público), Marco Ruiz (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa), y finalizando la jornada con Tinedo Guia y Delvalle Canelon (Directiva Nacional del CNP).

    Del evento anterior destacamos la capacidad argumentativa, profesionalismo, seriedad de los citados investigadores comunicadores sociales, dirigentes gremiales, luchadores, ciudadanos, y organizaciones de la sociedad civil que se han crecido, han fortalecido alianzas, de protección y unión, ante la represión militar policial, el patrón sistemático de criminalización, el cierre de 165 radios, 18 televisoras y 42 periódicos (2004-2019), de opacidad durante la pandemia, de desinformación, de despidos contra periodistas, con el colapso de servicios públicos en Venezuela (sin agua, sin gas, sin efectivo, escasa gasolina), durante apagones, y la importancia de retomar la noción del periodismo de servicio público, en beneficio de las comunidades que exigen mayor información y transparencia, en asuntos de interés público.

    La Comisión de Medios que preside la Diputada Amelia Belisario, luego de escuchar una serie grave de denuncias del Presidente del CNP, de Espacio Público, del Sindicato de trabajadores de la Prensa, y otros actores de la sociedad civil la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el día 2-07-2020, un resolución en donde determina al periodismo en Venezuela como una profesión de riesgo.

    El acuerdo del Parlamento venezolano, consideró entre diversos argumentos, que el régimen está sistemáticamente llevando adelante una política de restricción y vulneración al derecho a la libertad de expresión, información, libre pensamiento y al ejercicio del periodismo, generando cierre de periódicos, cierre de emisoras de radio y televisoras que limitan el acceso a puestos de trabajo a los comunicadores sociales, así como hostigamiento, persecución, encarcelamiento, deportaciones, todo tipo de acoso y presiones a los periodistas que buscan la noticia o emiten su opinión.

    Lea también  Mes del periodista (III)

    De acuerdo a la Asamblea Nacional, la tiranía impide el acceso a los medios alternativos de la información, el pensamiento plural y democrático, creando condiciones para generar un monopolio de los medios y canales de información, con la aviesa intención de la hegemonía comunicacional como estrategia de control.

    El Poder Público Legislativo expresamente citó en el acuerdo publicado: 4108 ataques sistemáticos a la Libertad de Expresión que se han perpetrado desde 1999, que incluyen, secuestros, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, amenazas, intimidación, hostigamiento policial y judicial, robos y afectaciones a la integridad física, criminalización de la comunicación, censura directa e indirecta, regulación del uso y acceso a internet, programas de vigilancia, bloqueo al acceso a información pública.

    Por otra parte, acaba también de ser publicado (2-07-2020) un informe elaborado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, de 17 folios, correspondiente a la investigación por violaciones de los derechos humanos en Venezuela, desde el mes de junio del 2019 hasta el mes de mayo del 2020, con la finalidad que los responsables rindan cuentas y las víctimas obtengan reparaciones.

    Lea también  Mes del periodista (III)

    Sobre el último informe presentado por la ACNUDH, consideramos necesario resaltar 9 puntos específicos, contenidos en los párrafos 20, 21, 31, 40, 42, 44, 51, 81, y especialmente el 86, en donde expresamente se reconoce la “restricción de la libertad de expresión” y restricción de la “libertad de los medios de comunicación” con 28 diputados sin inmunidad parlamentaria, 36 fuera del país, 4 diputados encarcelados, la aplicación discrecional del "estado de alarma" por parte de los militares, la participación de los colectivos armados, restricciones indebidas del acceso a la información y la libertad de expresión, que se tradujeron en la detención de manifestantes, periodistas, defensores de los derechos humanos y dirigentes políticos.

    Es gravísimo lo constatado por la representante de la ONU Michelle Bachelet, que además ha sido denunciado tanto por el CNP, sus seccionales, por Espacio Público, por Ipys, por el SNTP, desde la Consultoría Jurídica del Colegio Nacional de Periodistas, sobre: cuatro periodistas que fueron víctimas de detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad, y siete que fueron objeto de medidas cautelares, incluidas la pérdida de su empleo, el cierre de sus cuentas bancarias.

    Ocho casos en que las fuerzas de seguridad, y los colectivos armados intimidaron a los periodistas o les impidieron cubrir la crisis sanitaria, así como la detención de seis periodistas y profesionales de los medios de comunicación, mientras informaban sobre los casos de COVID-19, acusados injustamente por delitos contra el odio, cuya ley no fue aprobada por el Parlamento venezolano.

    El informe de la ACNUDH denuncia en su párrafo 51, que ciudadanos han sido puestos en libertad condicional con medidas cautelares ordenadas en la fase previa al juicio, tales como la comparecencia semanal ante las autoridades, la prohibición de salir del país, la de comentar públicamente su caso o la de participar en actividades políticas, impuestas durante meses o años debido al retraso de los procedimientos judiciales, afectando periodistas e infociudadanos.

    La Alta Comisionada de la ONU, en las conclusiones de su informe (párrafo 86) constató que los periodistas y los defensores DDHH siguen siendo objeto de intimidación y difamación pública, restricciones de espacio cívico, procesos penales intentados en su contra, por lo que recomienda expresamente (literales a, b, d), garantizar que las medidas excepcionales bajo el "estado de alarma" sean estrictamente necesarias, proporcionadas, limitadas en el tiempo, sujetas a supervisión y revisión independientes, además de hacer “plenamente efectivo” los derechos a las libertades de opinión, expresión, reunión y asociación pacífica, así como los derechos de acceso a la información y de participación en los asuntos políticos.

    Finalmente destacamos (en negrillas, bajo comillas y subrayado nuestro) la recomendación de la representante ACNUDH, contenida en el literal “d” del párrafo 86, dirigida a la tiranía: “Abstenerse de desacreditar a los defensores de los derechos humanos, a los profesionales de los medios de comunicación, y adoptar medidas eficaces para protegerlos, entre ellas la adopción de un protocolo especializado para investigar las violaciones de los derechos humanos y los delitos cometidos contra ellos”.

    Twitter @andresraulpaezp

    Consultor Jurídico del Colegio Nacional de Periodistas. 

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