Riesgos de informar bajo pandemia

Foto: Caraota Digital

Andrés Raúl Páez

Consultor Jurídico CNP

El planeta está siendo víctima de una pandemia generada por la propagación del
coronavirus (Covid 19) que afecta todas las dimensiones o actividades de los seres
humanos, independientemente del poderío económico de los diversos países, sistema
de salud, capacidad hospitalaria, investigación, tecnología, llámese primer mundo, en
desarrollo, o países que sufren de extrema pobreza.

Según la , Organización Panamericana de la Salud (OPS) al 31 de marzo de 2020, tres
meses después de que se informara el primer caso de la COVID-19 en China, se
reportaron 188.949 casos confirmados en las Américas y 3.561 personas perdieron la
vida.

Venezuela no escapa a esta dura realidad, aunque desde hace mucho tiempo sufrimos
de un aislamiento internacional, derivado del cierre comercial de diferentes aerolíneas,
emigración forzada de más de 5 millones de ciudadanos, el colapso de todos los
servicios públicos básicos, bajo la mayor inflación y pérdida del poder adquisitivo, en el
mundo.

Las penurias de los ciudadanos son muy largas, derivadas de la precariedad de un
estado fallido, que no proporciona bienestar, ni garantiza el respeto mínimo en la
defensa de los derechos humanos fundamentales.

Aspectos esenciales, como el recibir agua, servicio de electricidad continuo, transporte
público, gas doméstico, bolívares en efectivo (aunque el dólar cada día cobra mayor
demanda), acceso a internet, hospitales públicos en condiciones de mínima
operatividad, comprar medicinas, ahora se suma la dificultad a nivel nacional para
conseguir combustible (principalmente gasolina), que en el interior de la república ya
tenían muchos meses sufriendo de estas calamidades con mayor intensidad.

Las restricciones para suministrar gasolina en el área metropolitana de Caracas, son ya
diarias, con colas kilométricas. La capacidad de refinación que poseía Venezuela, ya
reducida a más del 80 % según indican expertos en la materia, se suma la pérdida de
soberanía que compromete parte de su producción a la isla de Cuba.

Con independencia a las medidas de aislamiento, de restricción de movilidad, para
evitar la propagación de la pandemia, de contagios, de muertes, y la emisión de
decretos (3) de estados de alarma nacional, para combatir el coronavirus, bajo estados
de excepción, que no pueden restringir la libertad de información; lamentablemente
siguen ocurriendo casos en Venezuela, in crescendo, de ataques contra periodistas,
criminalización, encarcelamiento, hostigamiento contra reporteros, bloqueo de señales,
censura, cierre de periódicos, noticieros, programas, emisoras de radio, persecución a trabajadores de la prensa en la calle, censura y de extrema violencia al cubrir la noticia,
en cualquier modalidad, en donde se produzca.

Bajo estas y otras realidades inocultables, que son calamitosas, dantescas, le
corresponde a los periodistas, trabajadores de la prensa, medios de comunicación e
infociudadanos, ejercer un derecho humano fundamental, que no se circunscribe
únicamente a dos premisas protegidas, como lo constituyen la libertad de opinión y la
libertad de información, amparadas por los artículos 57 y 58 de la Carta Magna, sino
que debemos comprender que se encuentran entrelazadas entre sí, para desarrollar 5
nociones, robustas, que tenemos que seguir defendiendo a toda costa, además del
principio de la progresividad, como lo exige el artículo 19 de la Constitución, que en
caso de duda, la interpretación tiene que ser a favor de la libertad y del derecho, y no
en contra.

Existe un quinteto de derechos constitucionales, referidos: a) la libertad de expresión
de pensamientos, b) el derecho a comunicar, c) derecho a desarrollar medios de
comunicación, d) derecho a recibir información (oportuna, veraz e imparcial), d) y el
derecho a responder o corregir una información inexacta o agraviante.

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) el día 23 de marzo emitió un comunicado,
respaldando la noble labor de los medios de comunicación, de los periodistas y
profesionales afines, cuya esencia ilumina el camino hacia la verdad, para combatir la
censura, y los tentáculos de la opresión, bajo una pluma que construya y no destruya.
Sin embargo, al régimen dictatorial, no le interesa que se divulguen en su justa
dimensión las realidades de la violación sistemática de derechos civiles, sociales,
políticos, económicos y culturales, que se están cometiendo diariamente en Venezuela.
En esta hora menguada de la peor crisis humanitaria en toda nuestra historia
republicana, nuevamente debemos rescatar la vigencia del artículo 13 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, que prevé un amplio grado de libertad de
expresión al garantizar el derecho a “buscar, recibir y difundir información”.

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre dispone que
“todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”, lo que incluye el
derecho a sostener opiniones sin interferencia y el derecho a divulgar información e
ideas de toda índole independientemente del medio utilizado. Estos derechos han sido
definidos también por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y el Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

También debemos rescatar la importancia y vinculación del principio Nº 13 de la
Declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobada por la
OEA, sobre libertad de expresión, en el sentido, que la utilización del poder del Estado
con el objetivo de presionar, castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores en función de sus líneas ideológicas, presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la
labor informativa de los comunicadores sociales, son incompatibles con la libertad de
expresión.

Es repudiable bajo cualquier concepción que se mantengan en mazmorras del régimen,
encarcelados injustamente la periodista Ana Belén Tovar, del equipo Entorno
Inteligente, desde el día 19-12-2019, y ahora se suma el periodista Darwinson Rojas,
detenido arbitrariamente el 21 de marzo, por funcionarios del FAES, en desproporcional
operativo con violencia, sin tener competencias en materia de salud, por la presunta
publicación de unos tweets con información sobre cifras del Covid-19.

Ambos periodistas se encuentran sometidos a juicios penales en donde no hay respeto
por garantías constitucionales, a través de desapariciones, desconociendo sus sitios de
reclusión, contrariando la Ley del Ejercicio del Periodismo, violando el debido proceso,
la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, derecho a nombrar abogados
particulares, juez imparcial, derecho a la defensa, entre otros graves vicios.

Diversas detenciones arbitrarias contra otros periodistas, que luego son inhabilitados
para declarar, previa imputación de delitos a media noche, como instigación al odio e
instigación pública, contrarían numerosas sentencias y tendencias jurisprudenciales
emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el sentido que
los delitos de odio, en materia de interés público, la respuesta punitiva del Estado
mediante el derecho penal no es convencionalmente procedente.

El sistema de monitoreo y alertas del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, totalizó
durante el año 2019, más de 500 casos por uso abusivo del poder estatal, que
acumularon más de 1030 violaciones de los derechos de libertad de expresión, acceso a
la información pública de los periodistas y ciudadanos en Venezuela.

Hay que considerar los actos violentos de esta misma semana, contra los periodistas
Luis González Pérez, Carla Angola y Alberto Rodríguez que recibieron amenazas en sus
viviendas con mensajes directos del partidarios del régimen, además del bloqueo a los
portales AlbertoNews, La Mañana (en Falcón), y recientemente a la periodista Charito
Rojas del Estado Carabobo, estigmatizada el primero de abril, desde el programa “Con
el Mazo Dando” dirigido por el Primer Vicepresidente del PSUV, transmitido por VTV,
con la participación (vía telefónica) planificada y felicitaciones de Nicolás Maduro, cuyos
actuaciones, vías de hechos, amenazas, representan nuevos y graves peligros a la
libertad de información en Venezuela.

Las próximas semanas resultarán de alta conflictividad social, en los hospitales,
estaciones de servicios, mercados, en las calles de toda Venezuela, lo que implica el
deber y la responsabilidad de respetar el derecho a estar debidamente informados, sin
censura, sin violencia, sin seguir con la escalada represiva contra los periodistas, por
hacer su difícil y riesgoso trabajo, en tiempos de tiranía.

Sin lugar a dudas nos encontramos nuevamente los infociudadanos, y los trabajadores
de la prensa, en otra encrucijada nacional, cuyas denuncias aumentaran el largo
historial de antecedentes de sistemáticas violaciones de DDHH, del estado venezolano
ante organismos regionales de justicia.

Muy difícil aceptar, comprender el riesgo grave en Venezuela, de ser sometido a
persecuciones, criminalización, encarcelamientos, amedrentamientos, hostilidades,
agresiones de toda índole, por paramilitares, cuerpos civiles de seguridad y organismos
militares, sistema judicial perverso sin autonomía e independencia, ministerio público
que no garantiza imparcialidad, defensoría que no brinda asistencia jurídica efectiva,
contrariando tratados internacionales que tienen rango constitucional, en materia de
transparencia, rendición de cuentas en políticas públicas, aún bajo una pandemia, por
la salud de los venezolanos, sin distinciones, con asistencia humanitaria, atención
hospitalaria y otros servicios públicos básicos exigidos por Juan Bimba.
Ciertamente ¡Informar No es Delito!

Twitter @andresraulpaezp

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