S.O.S - Servicios Públicos

Foto: Caraota Digital

Andrés Raúl Páez

Consultor Jurídico CNP

En materia de los servicios públicos, el estado venezolano se reserva la prestación de
actividades, que por su naturaleza se encuentran destinadas al interés colectivo,
sometido al régimen de Derecho Público, resaltando aquellas que son vitales para las
comunidades, para los seres humanos, como la distribución de electricidad, de aguas
blancas, de gas doméstico, gasolina, entre otras materias, sometidas sus regulaciones
de funcionamiento, a leyes especiales.

De acuerdo a nuestra Carta Magna todos los funcionarios públicos son responsables en
el ejercicio de sus atribuciones, obligados además a rendir cuentas de su gestión.
Los servicios públicos no son dádivas, ni regalos del jerarca de turno, o del burócrata
que se encuentra al frente de una institución pública, sino que por mandato
constitucional los ciudadanos tenemos el derecho de percibirlos en forma regular,
continua, y de calidad.

Ahora bien, ¿qué pasa en Venezuela? Para nadie es un secreto, que nos encontramos
en la peor crisis de toda nuestra historia republicana, en donde cualquier ciudadano, de
todos los municipios (335), distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional, no
percibe en los últimos siete años aproximadamente, directamente, sin contratiempos,
servicios como: agua potable, electricidad, gas doméstico, transporte, telefonía,
internet, efectivo de la moneda en curso legal (¿bolívar fuerte?) y recientemente se
suma el drama, convertido en “frustachera”, para obtener gasolina. Paradójicamente en
un país que tuvo la tercera empresa petrolera del mundo, con las mayores reservas del
planeta.

Resulta que PDVSA con 27.000 empleados aproximadamente, producía más de 3
millones de barriles petroleros hace 2 décadas. Ahora en tiempos del pasticho
ideológico denominado “Socialismo del Siglo XXI”, con más de 200.000 empleados no
produce más de 600.000 barriles, y se tiene además, que importar gasolina de Irán,
con varios buques, para satisfacer de acuerdo a los especialistas en la materia,
escasamente 2 a 3 semanas del mercado interno, y esta tragedia es catalogada por la
tiranía como un “triunfo”.

Por supuesto que no estamos contando los 30.000 barriles diarios que se le suministran
actualmente a Cuba, que hace 18 años eran 100.000 barriles, que por una tema de
soberanía nacional, el convenio petrolero fuera impugnado en el año 2001 por el
Profesor Tulio Alvarez, como experto litigante en Derecho Constitucional. Ya sabemos
cuál fue su resultado en el TSJ que no defiende la supremacía del texto fundamental.

No tenemos actualmente estado de derecho, autonomía de poderes, un poder judicial
independiente, un Ministerio Público garante de la legalidad, y menos una Defensoría
del Pueblo que vigile el correcto funcionamiento de los servicios públicos, como lo
ordena taxativamente los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 259, en concordancia con
los artículos 156 (numeral 29) y 281, de la Constitución Nacional.

En la introducción del informe anual 2019 de la CIDH, correspondiente a Venezuela, se
reconocen de forma expresa: la grave afectación de los derechos humanos, la
profundización de la crisis política y social, represión generalizada, ausencia del Estado
de Derecho, la falta de independencia judicial, la inusual figura del estado de excepción,
que se ha prorrogado al menos 21 veces desde 2016, sin la aprobación de la Asamblea
Nacional.

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre Venezuela ha señalado: que
ocurre un contexto estructural de persecución a la disidencia, que se caracteriza, entre
otras cosas, por la militarización de la seguridad pública, las arbitrariedades, y el uso
excesivo de la fuerza para reprimir las manifestaciones por desabastecimientos de
alimentos, la interrupción de servicios públicos y la escasez de insumos básicos.

Esta práctica de represión se multiplica cotidianamente durante la actual cuarentena,
bajo estado de alarma, al perseguir u obstaculizar la labor de los reporteros en las
calles en cualquier ciudad de Venezuela, o video realizados por infociudadanos, que
captan imágenes en las estaciones de servicios, por colas kilométricas o hechos de
corrupción por parte de algunos funcionarios de la GNB o PNB, debido a la escasez de
gasolina.

La CIDH constató, un patrón de censura a la información, mediante el bloqueo
sistemático de sitios web de medios periodísticos, redes sociales o servicios de
streaming, cuyos actos deliberados son ordenados por la hegemonía comunicacional, a
través de la CANTV y Conatel, que ha ejecutado el bloqueo de canales internacionales
de noticias de los servicios de televisión por cable, el cierre de emisoras y la
suspensión de diversos programas de radio y tv. Para muestra, la reciente suspensión
de servicios de Direct TV.

La Relatoría Especial manifiestó en su informe del año 2019, los numerosos actos de
agresión física, amenazas, detenciones, robos y despojos de equipos de trabajo de
comunicadores, perpetrados por cuerpos de seguridad, grupos de civiles armados con
la intención de silenciar a los periodistas, intimidarlos, o limitar su cobertura durante la
cobertura de protestas sociales.

Por otro lado, Venezuela se ha convertido de un estado forajido al estado fallido, que
no puede cumplir con lo mínimo desde la perspectiva de la defensa de garantías
constitucionales, el respeto de los derechos humanos fundamentales, y la operatividad
mínima, indispensable en servicios públicos de calidad.

 

Otra vía era el mecanismo de la descentralización previsto por el constituyente del 99
en el artículo 158 de la Carta Magna, para el desarrollo de servicios públicos más
eficaces, acercando soluciones a las comunidades, fue deliberadamente truncado por el
populismo e improductividad. Ya sabemos el vía crucis de más de 25 alcaldes
criminalizados, perseguidos, encarcelados y exiliados, por acometer gestiones locales
exitosas, contrariando la intención del autoritarismo.

No resulta de extrañar que el Ex defensor del Pueblo, designado por la írrita ANC en el
Ministerio Público, en vez de investigar la corrupción y la opacidad deliberada en el
manejo y administración del régimen de los servicios públicos en Venezuela, solicitó
recientemente la declaratoria de ilegalidad de un partido político, democrático ante el
TSJ, que no posee imparcialidad e idoneidad.

Bajando de las alturas del ejercicio del no derecho en Venezuela, a un plano más local,
podemos citar en materia urbanística, el municipio El Hatillo, Estado Miranda, que para
el año 2015 contaba con una población aproximada de 90.000 habitantes, posee
diversas urbanizaciones en el Sector Alto Hatillo, en donde comunidades, bien
planificadas, de aproximadamente 5.000 familias, no reciben el servicio de agua potable
por tuberías, competencia de Hidrocapital , desde 6 semanas a 7 meses, dependiendo
del sector. Telefonía CANTV, sin servicio más de 3.000 familias, sin internet, a pesar
que cancelan tarifas desde hace más de 3 años. Apagones y fallas de electricidad
interdiarias, sin obtener respuestas de Corpoelec.

El gas doméstico brilla por su ausencia, y no se cuenta ni con una sola estación de servicio de gasolina operativa. A pesar del estado de alarma con ocasión de la pandemia (Covid 19) decretada el 13 de marzo, en Venezuela, a trece años del cierre inconstitucional de RCTV, es grave el
“oscurantismo comunicacional” denunciado este 27 de mayo, por el Presidente del
Colegio Nacional de Periodistas, Lic. Tinedo Guia, con más de 200 medios de
comunicación cerrados por el despotismo.

Insistimos desde la Consultoría Jurídica del CNP, que es inaceptable, que se sigan
cometiendo de forma impune, muchísimas amenazas, agresiones, violencia,
detenciones arbitrarias contra dirigentes comunitarios, defensores DDHH,
criminalización de periodistas, bajo supuestos delitos de odio, que atentan contra
derechos civiles, económicos, y políticos de los venezolanos, garantías constitucionales,
tratados internacionales, y expresas sentencias condenatorias contra el estado
venezolano.

Aunque se profundice un ambiente de alta conflictividad social, consideramos vital que
todos los actores de la sociedad civil, las universidades, las academias, gremios, la
Asamblea Nacional, los últimos bastiones de la democracia, defendamos la libertad de
expresión, y la libertad de información, porque es necesario denunciar, divulgar, sin generar falsas alarmas, sin censura, la dura realidad del estado calamitoso de los
servicios públicos en Venezuela. Aún en tiempos de dictadura.

Recuerden ¡Informar No es Delito!

Twitter @andresraulpaezp

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