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Tareas pendientes desde el CNE para ganar competitividad

Por Aníbal Sánchez

Tener un CNE capaz de trasmitir confianza y conducir un proceso justo, es solo un paso necesario para aumentar el nivel de competitividad, esto va atado al logro de garantías electorales "definidas estas como los procedimientos diseñados de manera que se respeten los preceptos del sufragio como Derecho Humano (DDHH)".

Desde 1948, la Organización de las Naciones Unidas en su declaración le fijo unos caracteres al voto democrático como es su ejercicio libre, universal, directo y secreto; aspectos recogidos en la Declaración Americana sobre los DDHH y en nuestra misma constitución.

En el contexto de la política internacional incluso el Departamento de Estados por medio de la oficina para el hemisferio, ha sido clara sobre lo que se quiere en esta área: “Seguimos presionando por cambios fundamentales para elecciones libres y justas incluyendo levantar prohibiciones a partidos políticos, liberación de presos políticos, invitar a observadores electorales internacionales creíbles y un calendario electoral público”.

Para iniciar este análisis de tareas por desarrollar se debe partir del ente rector de las elecciones, tener uno capaz de "garantizar un arbitraje institucional de forma imparcial" el nuevo CNE, deberá demostrar independencia y autonomía en sus decisiones, con respecto a los otros Poderes Públicos, de los cuales también se esperan no solo gestos sino su reestructuración, como en caso del Tribunal Supremo.

A los nuevos rectores, debemos darle un voto de confianza, y deseos de que puedan lograr la reinstitucionalización de los órganos subordinados y subalternos, dentro de las que se encuentran las oficinas regionales.

Los funcionarios dentro del Consejo Nacional Electoral deben ir a una fase de profesionalización, es necesario despartidizar el órgano electoral; determinando las funciones y competencias de cada oficina, con niveles de confianza que atiendan a los principios y garantías constitucionales.

El nuevo CNE debe partir de los principios de celeridad y eficiencia. Por lo que su actuación deben estar enmarcadas dentro de una "programación y cronograma integrado". Las convocatorias de eventos o actividades están regidas por la Ley del Poder Electoral, la de Partidos Políticos y Procesos Electorales (LOPRE).

La convocatoria a unas elecciones se establece en el artículo 42 de la LOPRE, y según el mismo este acto debe ir acompañado de la publicación de un cronograma, que recoge el conjunto de acciones a desarrollar durante el lapso de tiempo, “algunos exigen que debe ser con la suficiente anterioridad al evento electoral” los cálculos con base a otros eventos es de cerca de los 165 días.

El cronograma debe incluir todas las actividades con su tiempo de ejecución suficiente y base jurídica, para que puedan realizar las presentaciones de los postulantes, las candidaturas, las auditorías, acreditación y entrenamiento de miembros o testigos; así como de la campaña electoral o simulacros, desde el catastro de centros hasta la instalación o constitución de las mesas de votación.

Para brindar mayor confianza, este nuevo CNE debe fomentar y promover la instalación de "misiones de observación o acompañamiento electoral" de forma tal que éstas sean certificadas y especializadas de acuerdo al sistema de votación que se emplea en el país.

Las gestiones del CNE deben ir hacia el ejercicio de una observación nacional e internacional, calificada, lo cual implica la aprobación de proyectos y organizaciones que la realizan, dándole plena garantía de poder presenciar todos los actos, que sus observaciones sean consideradas y expuestas a los medios sin ninguna limitación.

El acceso equitativo a los medios de comunicación, ha sido siempre una de las exigencias en la época de campañas, pero los electores y organizaciones tienen el derecho de conocer e informar sobre los detalles en todo el proceso; explicó el parlamentario Sánchez.

En una época de pandemia, el uso de los medios de comunicación masivos son importantes y esto debe quedar regulado, en algunos países la desincorporación de los cargos y prohibición de actos ‘como entregas o inauguraciones son limitados’. No es solo el hecho de regular las páginas o minutos; o prohibir cadenas de radio y televisión.

Adicionalmente, está el tema del uso abusivo de los recursos del estado en campaña, lo que nos lleva al aspecto de supervisión de los gastos o financiación. No es suficiente con ofrecer espacios gratuitos en los medios del gobierno, se debe garantizar que electores conozcan las opciones y ofertas de los candidatos.

El tema de la "descalificación y persecución de dirigentes o candidatos" está siempre presente en las denuncias, el nuevo CNE debe procurar acuerdo que permita esclarecer lo de las inhabilitaciones administrativas desde la contraloría. En este ítem, en los últimos procesos se evidenció también la descalificación de partidos producto de decisiones judiciales.

El tema de la judicialización de las organizaciones en estos últimos eventos se ha unido al enrarecimiento del ecosistema de partidos, con la flexibilización de los requerimientos para que surjan nuevas organizaciones con fines políticos.

El nuevo CNE debe garantizar  el derecho a elegir y ser elegido, brindando cierta libertad de postulación de candidatos por iniciativa propia, e inscripción de partidos después de cumplir con los requisitos de Ley.

En todas las denuncias y exigencias siempre está el tema de la depuración y actualización del Registro Electoral, a partir de las jornadas especiales de inscripción de nuevos electores así como de los cambios en residencia; considerando que el registro tiene carácter permanente.

Este tema siempre va atado a la actualización del Registro en el exterior, en función de las oficinas consulares, basado en que las estimaciones arrojan una cifra cercana a los 3 millones de venezolanos en el exterior con derecho a elegir en elecciones nacionales y apenas unos cien mil son los que aparecen en el padrón.

En este aspecto, Sánchez agrega el tema de los requisitos extras que en ocasiones son exigidos para inscribirse en el Registro en el Exterior, según la ley es la cédula de identidad, pero por interpretación del reglamento algunos funcionarios exigen documentos de identidad vigente y hasta constancia que demuestre su estado de legalidad en el exterior.

A inicio de cada año, el CNE debe convocar a la selección del Servicio Electoral, de manera que en un sorteo se escojan a los que estarán en las Juntas o como Miembros de Mesa, estos deben ser sorteados, notificados y formados, su transparencia parte desde la aplicación utilizada en el sorteo así como del archivo de los elegibles, hasta la notificación oportuna e incentivación ciudadana; además de la adecuada capacitación y acreditación.

La instalación y constitución de las mesas debe hacerse bajo  la presencia de testigos de las opciones participantes y deben poder cumplir en libertad sus funciones, así como que se requieren en las distintas salas o procedimientos que se desarrollan adicional a las mesas de votación y juntas.

Adicional a los testigos para poder garantizar y certificar el correcto funcionamiento de los distintos sistemas del Proceso Electoral es necesario se realicen todas las auditorías al sistema automatizado de votación, antes, de forma mediata y a posteriori; esto implica la revisión de todo desde el padrón y datos de electores, los centros de votación, los componentes de las máquinas de votación, el sistema de totalización y de transmisión.

Cómo se destacó al inicio el ejercicio del sufragio no solo debe ser universal, lo que se garantiza con el registro actualizado, "el voto debe ejercerse de forma libre, directa y secreta" solo es posible mediante un sistema y procedimiento que no contemple actos de coerción o coacción sobre el votante.

Esto significa que se le debe poner desde el nuevo CNE y con el apoyo de otras instituciones como el Plan República un coto a algunas prácticas que van desde la presión, intimidación, el acompañamiento indebido de electores hasta la instalación de puntos de control, donde más allá del proselitismo operan programas de control social; y otras prácticas de extralimitación de funciones que ejercen unos coordinadores de centros, que no deben estar por encima de la autoridad de las mesas y las leyes “lo que ocasiona problemas como en el caso del cierre de las mesas”.

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