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Un acuerdo para poner fin a la impunidad

Por Rafael Veloz 

Durante estos 21 años de corrupción y desidia por las políticas desacertadas del régimen que hoy encarna Nicolás Maduro, el sistema judicial en Venezuela se ha corrompido y tenemos un Estado fallido donde existe la dualidad de funciones, desapareció la descentralización y la separación de poderes, con la intención de controlar todos los poderes públicos, aferrarse al poder y dominar socialmente a la población venezolana.

Venezuela atraviesa la peor crisis social, política y económica de su historia republicana, donde criminalizaron las manifestaciones, la libertad de expresión, la acción social y todo lo que signifique disentir y alzar la voz para desnudar la mentira, los abusos y los atropellos del régimen.

Las protestas más firmes se iniciaron con el paro petrolero (2002-2003), que terminó con la detención de militares que se sublevaron ante un gobierno que despidió a cerca de 18.000 trabajadores de la industria petrolera, marcando un precedente de violaciones al derecho al trabajo, que fue considerado como un "genocidio laboral", como lo calificó el Ing. Horacio Medina de la Unión Nacional de Trabajadores Petroleros (Unapetrol).

Luego, en el 2012 promovieron las expropiaciones de fincas, empresas e industrias con la finalidad de destruir el aparato productivo, así como las invasiones a propiedades privadas. Recordemos de donde viene la razón y el objetivo de armar a los colectivos y de crear las llamadas Zonas de Paz, que no son más que grupos criminales y violentos que son intocables a cambio de defender a “la mal llamada revolución” al hacer frente a todos aquellos opositores que salgan a manifestar por sus derechos cercenados por el régimen.

Lo anterior lo traigo a colación para recalcar el epicentro de la crisis de nuestro sistema de justicia, que se agudizó con las protestas de 2014 y 2017, en las cuales decenas de venezolanos, especialmente jóvenes estudiantes, perdieron la vida y cientos fueron detenidos arbitrariamente entre civiles y militares. Un número de ellos aún se encuentran privados de libertad en los calabozos de órganos policiales como el Sebin, Dgcim, Faes, PNB, donde han sido torturados, vejados, sin recibir alimentación ni asistencia médica.

Emblemáticos casos como el del asesinado concejal Fernando Albán, José Pernalete, el capitán Rafael Acosta Arévalo y César Pereira, por citar solo algunos, hacen que se mantenga vigente la frase "prohibido olvidar". Sus familiares claman justicia para que todas estas atrocidades para no queden impunes. Estos casos están reflejados en las estadísticas manejadas por el Observatorio Nacional de Derechos Humanos de la AN de 2015, que preside la diputada Adriana Pichardo.

Igualmente es importante acotar que los recientes sucesos de la Cota 905 no son más que la consecuencia de la propia torpeza del régimen. Se trata de un monstruo que ellos crearon “en revolución” y que ahora no pueden controlar, pues se les escapó de las manos.

Y tampoco podemos olvidar que con el objeto de lavarse la cara ante el proceso que se le sigue a Maduro y a otros funcionarios de su régimen en la Corte Penal Internacional, pretenden ahora vaciar cárceles de delitos comunes con un plan mal implementado de reforma judicial, con el objeto de agudizar la crisis que ya existe en el Poder Judicial y en el sistema penitenciario del país, como es el llamado “Plan Cayapa” o plan de descongestionamiento judicial, que como su nombre lo indica lo único que busca es descongestionar las “cárceles de delitos comunes” para trasladar a los presos políticos a dichos recintos. Este plan se inició con la publicación en la Gaceta Oficial N° 42.125, Decreto 4.610 de fecha 12 de mayo de 2021, el cual es inconstitucional por tener falla de origen en su nulidad absoluta.

Todo esto lo que ha originado es el incremento de la corrupción y la impunidad en la administración de justicia y un desbarajuste legal.

Todos estos elementos están sustanciados en la Corte Penal Internacional, por lo que se espera que a más tardar en diciembre el nuevo Fiscal, el británico Karim Khan, anuncie su decisión sobre el Examen Preliminar Venezuela I, en la que determinará si existen pruebas y argumentos para iniciar una investigación formal contra los presuntos responsables de supuestos crímenes de lesa humanidad, que son competencia de la Corte, cometidos en el país al menos desde abril de 2017. De allí la desesperación que tienen por ocultar y minimizar la ejecución de estos delitos que son del conocimiento de Maduro y de altos funcionarios de su régimen, como ha quedado comprobado.

OBJETIVO: RECUPERAR LA DEMOCRACIA

Es el momento de fortalecer las ONG defensoras de los derechos humanos, para que a través de ellas se puedan realizar las denuncias que correspondan y a su vez hacerle seguimiento hasta la finalización que llevaría a la condena internacional del régimen infractor.

El comienzo de la investigación definitiva para determinar la responsabilidad penal del gobierno de facto de Venezuela se inicia con el proceso de penal, realizando diligencias pertinentes para aclarar las circunstancias en la que ocurrieron los hechos. Entre esas diligencias estaría la realización de entrevistas a las víctimas, el victimario y testigos que tengan información y que tengan relación con los hechos investigados.

El Acuerdo de Salvación Nacional se combina muy bien con ese proceso, por ser una herramienta fundamental para recuperar la democracia en el país y para salvar a Venezuela. Es la herramienta que nos permitirá superar la crisis y terminar con la tragedia que viven los ciudadanos. La esencia de todo es el cambio político que restaure el equilibrio de poderes, que restituya el hilo constitucional y eso pasa por un cronograma de elecciones presidenciales libres, justas y verificables.

Colocar el punto final a la pesadilla, revertir la crisis humanitaria compleja en la que nos han sumido el régimen en estos 21 años de desgobierno, es una necesidad y una tarea que debe involucrar a todos los venezolanos. En ese proceso estamos y el mismo nos impone seguir en la lucha y exigir la liberación de los 330 presos políticos.

Las ONG que defienden los derechos humanos deben tener sus registros nacionales e internacionales por lo que el Gobierno Interino deberá tener dentro del Acuerdo de Salvación Nacional esta opción legal.

Con esto se pretende que no queden desasistidos legalmente los acuerdos firmados por los 190 países que forman parte de los miembros activos y de otros países que no forman parte de la Organización de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos y que son garantes de dichos acuerdos para que sean respetados por todos. Es por ello que las ONG que se dedican a la defensa de los derechos humanos están protegidas internacionalmente siempre y cuando estén registrados en estas instancias internacionales.

Venezuela clama por justicia de todas estas atrocidades cometidas por el régimen, por la vida segada de tantos inocentes que lo único que exigían era libertad y una buena calidad de vida para los venezolanos. Al no conseguir estas dos condiciones fundamentales en su tierra se produjo la migración forzada de más de 5 millones de venezolanos, para dejar atrás la represión, la escasez de alimentos y medicinas desde 2014, convirtiéndola en una de las mayores crisis de desplazamiento en el mundo.

Esto no puede continuar... Los queremos de vuelta y acabar con la impunidad. Por ello elevamos nuestra voz para decir: ¡URGE SALVAR A VENEZUELA YA!

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