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No hay reconstrucción del país sin restaurar la justicia

Por Rafael Veloz 

En la última sesión de trabajo de la negociación, las partes se anotaron en comenzar la reinstitucionalización del país a través de un nuevo sistema de justicia.

El actual proceso de negociación entre la Plataforma Unitaria, que representa la integración de más de 40 organizaciones políticas, además del Frente Amplio Venezuela Libre, FAVL, expresión social-política de los demócratas del país, y la dictadura representada por Nicolás Maduro, debe entenderse como el más reciente esfuerzo de la alianza democrática y más de 50 países libres del mundo, para la procura de una salida política, angustiados por el drama de la población venezolana, donde una quinta parta de ella se encuentra fuera de suelo patrio, buscando otros horizontes que fueron cerrados en Venezuela.

Una máxima de la justicia, expresa que cuando las partes están de acuerdo en los hechos, no requiere ser probados. La dictadura acuerda que uno de los puntos a discutir, es la reinstitucionalización del país a través de un sistema de justicia. Ahí estamos de acuerdo ambos.

En efecto, hace pocos días se genera el informe del Consejo de los derechos humanos del Gobierno Universal, cual es, las Naciones Unidas. En el segundo informe de la misión de determinación de hechos de la ONU sobre Venezuela, con fuentes primarias, bajo el análisis de 183 detenciones de opositores, se estableció entre otros puntos, en un informe de casi 200 páginas, lo siguiente: para el año 2020 se nombraron 881 jueves provisorios; de 170 casos, en 146 se dictaron detenciones preventivas sin motivación; 19 casos con orden de detención posteriores; en 113 de los 183 casos analizados, un 61,7% hubo torturas, violencia sexual y tratos crueles; en 54 de 170 casos, los jueces negaron derecho de defensa a su elección; en 92 de 170 se negó a los abogados información de los expedientes; 57 defensores fueron amenazados, entre muchos otros datos.

En el informe de la misión de determinación de hechos se constata, cito: “Que existen motivos razonables para creer que en razón de una motivación política que fue intensificándose, los jueces y fiscales han desempeñado a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de crímenes de actores del estado contra opositores”, fin de la cita.

El aparato judicial se ha convertido en un instrumento de terrorismo de estado, que requiere su transformación en la reinstitucionalización.

El punto fue llevado a consulta en la comunidad jurídica de todo el país el pasado sábado 18 de septiembre en asambleas presenciales en todo el país, con ponencias iniciales de la Presidente de la Comisión de Justicia y Paz, Diputada Delsa Solórzano, el Dr. Fernando Fernández, miembro del Bloque Constitucional y este servidor. Participaron directivos gremiales, sindicales, de la academia, el Presidente de la Federación de Empleados del Poder Judicial, representantes de la Asociación de Pensionados y Jubilados del Poder Judicial, líderes estudiantes, defensores de los derechos humanos, entre muchos otros líderes.

Entre las propuestas y conclusiones, podemos mencionar, la exigencia que los efectos del último informe de la ONU, no puede convertirse en memoria, en historia, sino producir los efectos mundiales en la ONU, OEA, CPI, entre otros; designar una comisión especial permanente para seguimiento al tema.

Fueron postulados: la diputada Delsa Solórzano, el Dr. Fernando Fernández, un representante de los colegios de abogados, pensionados y jubilados, trabajadores tribunalicios, y Rafael Veloz.

Si bien las prioridades son la asistencia humanitaria, elecciones presidenciales y parlamentarias, no es posible reconstruir el país sin restaurar la justicia.
Ahí el mensaje central.

Rafael Veloz García.
Diputado (2015) por Caracas y Parlasur.
Expdte Federación Interamericana de Abogados, FIA.
Miembro Dirección Nacional Voluntad Popular.

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