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Nuevas amenazas a la libertad de información

Andrés Raúl Páez

Consultor Jurídico CNP

Recientemente han ocurrido diversos acontecimientos que impactan la vida nacional,
desde diferentes perspectivas, y bajo una pandemia: en lo social, la hambruna
generalizada, crisis humanitaria, mayor conflictividad, masacre de 46 reclusos y más de
50 heridos en la Cárcel de Guanare, una violencia atroz en la mayor barriada de
América Latina (2.000 centros poblados no planificados), especialmente por parte de
megabandas en el sector José Félix Rivas, sin que se hayan establecido los
responsables por parte del estado venezolano.

En el plano político destaca una incursión militar fallida, muy confusa, por la
información develada inicialmente, se mantienen 367 presos políticos (la mayor en
América según el Foro Penal); en lo económico, la caída abrupta de precios del barril
petrolero e hiperinflación. En el campo jurídico, la profundización del estado fallido, la
no existencia de un estado de derecho, sin separación de poderes, con la violación
sistemática de los DDHH, vinculados directamente con la libertad de expresión y la
libertad de información.

Millones de venezolanos continuamos percibiendo la profundización del colapso de los
servicios públicos, sin agua, sin efectivo, sin internet, sin gas doméstico, la dramática
escasez de gasolina, hiperinflación, simultáneo al incremento de una escalada represiva
contra periodistas, campañas estigmatizadores o descrédito contra ONG, defensoras de
derechos humanos fundamentales.

El domingo 3 de mayo fue liberado el periodista Eduardo Galindo Peña, Secretario de
Organización del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Apure, luego de haber sido
detenido en la población de San Fernando, el día 15-04-2020 por el Comando Nacional
Antiextorsión y Secuestro (CONAS), presentado posteriormente ante un Tribunal,
imputado injustamente por “publicación de información falsa”, cumpliendo un vía crucis
procesal, derivado que desde el día 19 de abril le fue concedida la libertad bajo
medidas cautelares, a través de fiadores, sin haber podido cumplir con tales exigencias,
por tratarse de un día domingo, sometido por 2 semanas adicionales, al
pronunciamiento de unas guardias por parte de Juzgados de Control, en perjuicio de un
periodista que ha cumplido con la sagrada labor de informar, a la comunidad, sobre el
estado de los servicios públicos.

En esta primera semana del mes de mayo, se han conocido sorpresivamente algunos
detalles sobre un intento fallido de deponer a Maduro, a través de una incursión
irregular, realizada por costas en el estado Vargas (Macuto, Chuao y Pto Cruz) y
Aragua, en donde resultaron 8 sujetos abatidos y 13 personas detenidas.

Relacionado con la noticia del proceso insurgente, PROVEA que es una ONG calificada
en Venezuela y ante organismos internacionales, en la defensa DDHH durante las
últimas 3 décadas, emitió un comunicado, claro, congruente con sus principios, con la
postura y desempeño del equipo profesional que la integra, en el sentido de velar por la
vida, el respeto, la integridad, y las personas que habían sido detenidas en la incursión
irregular, que no debían ser víctimas de torturas, desaparición forzada o ejecución
extrajudicial.

¿Cuál fue la respuesta de la tiranía al pronunciamiento de PROVEA? Acusarlos sin
fundamento alguno, de ser una organización financiada por la CIA y que ofrecen
protección a terroristas que atentan contra la estabilidad de Venezuela. Tamaña
desfachatez, olvida la denuncia oportuna y la voz de protesta de dicha ONG, sobre la
violación DDHH durante el caracazo, además del respeto a la vida, y debido proceso
con los integrantes de las intentonas golpistas contra el gobierno democrático (II) de
Pérez, hoy flamantes jerarcas, y otros hechos de relevancia nacional, con violencia, en
donde el estado venezolano ha sido condenado por organismos internacionales.

Dentro de este contexto, el lunes 04-05-2020 durante una protesta por los constantes
racionamientos eléctricos en la ciudad de Mérida, en el sector Los Campitos,
lamentablemente fue asesinado Rafael Hernández, estudiante de ingeniería de la
Universidad de Los Andes, de 21 años. Recordemos que Corpoelec comenzó a aplicar
un “Plan de Administración de Cargas” desde el pasado 22 de abril, anunciado que los
cortes serían de seis horas, y en la práctica hay comunidades que permanecen sin
electricidad hasta por catorce horas.

Por otro lado, en Caracas, llama poderosamente el aumento de la violencia armada,
sostenida en un sector del municipio Sucre, en Petare, por parte de megabandas,
infundiendo temor a una población trabajadora, indefensa, a través de videos en donde
se divulgan imágenes de delincuentes utilizando armas largas y cortas de alta potencia,
descargando un arsenal de proyectiles, afectando a sus vecinos, y comunidades
colindantes, como La Urbina, Palo verde.

Así la reconocida periodista Marianella Salazar emitió diversas opiniones, a través de su
cuenta tuiter, durante la última semana, denunciando por diferentes mensajes de esa
red social, la gravedad, en el sentido de no poder dormir por el tiroteo, el inmenso
arsenal con grueso calibre, por la amenaza a quienes viven en Petare y sus cercanías.
Concretamente el sábado 2 mayo escribió “La noche promete. No será fácil conciliar el
sueño”, refiriéndose al tiroteo entre bandas que por cuarto día consecutivo se registró
en el barrio José Félix Ribas de Petare.

Ante el ejercicio constitucional de la libertad de expresión por parte de la periodista
Marianela Salazar, quien vive en la Urb. El Marqués, y es afectada directamente por la
situación de anarquía, violencia e impunidad en Petare ¿Cuál fue la respuesta de la tiranía? Emitir un pronunciamiento a través del Canal VTV el martes 5-5-2020, en donde
el Ministro de Comunicación, arremete directamente contra la periodista invocando que
estaba enterada de la incursión armada. Previamente Globovisión emitió un comunicado
el domingo 3-5-2020 en su portal, contra la periodista Salazar indicando “que sabía de
la incursión terrorista de La Guaira”. Por otro lado Maduro en cadena nacional acusa a
la DEA de haber sido la causante de los tiroteos en Petare “para distraer la invasión.”
¡Caramba! La capacidad para desarrollar campañas o propagandas de desprestigio, sin
asidero, sin lógica o capacidad argumentativa, sobre hechos ciertos, no contribuye a
generar sosiego, tranquilidad sobre la ciudadanía que exige cuentas claras, rendición de
cuentas en materia de servicios públicos básicos, defensa DDHH, y el respeto de la
libertad de información.

El poder judicial en Venezuela, cuya integración en más del 95% son jueces temporales,
excarceló el 6-5-2020, a la periodista Ana Belén Tovar, Gerente de Operaciones de
Venemedios y editora de la web Entorno Inteligente, tras cinco meses de estar
injustamente detenida en la DGCIM. Por no haber cometido delito nunca debió ser
detenida ni criminalizada.

El 6 de mayo, varios relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), pidieron al régimen, dar información sobre sus planes para hacer frente a la
grave crisis económica que vive el país y su efecto sobre los derechos humanos,
especialmente denunciaron que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU estima
que en Venezuela, un tercio de la población sufre de inseguridad alimentaria, y
mostraron su alarma por informes que apuntan a que periodistas, abogados y
trabajadores médicos han sufrido represalias o detenciones por denunciar estos
problemas económicos y sociales.

La alta conflictividad social que es inocultable en Venezuela, generan por parte de la
tiranía, nuevos hechos de violencia, contra reporteros, trabajadores de la prensa,
estigmatización, odio, tergiversación y campañas de descrédito contra periodistas,
contra ONG, que han luchado durante décadas contra la opacidad, por la defensa de
derechos humanos fundamentales, ayudando a las víctimas.

Observamos que se repite en Venezuela, el formato, sistemático, de criminalizar a
reporteros, periodistas, sometiéndolos a la jurisdicción penal, prohibiéndoles
posteriormente dar declaraciones sobre los motivos que suscitaron la arbitraria
detención, incluyendo la ilegal orden de no declarar.

De esta manera se impone una censura judicial contra profesionales, que deben cumplir con el mandato de la Ley del Ejercicio del Periodismo, su Reglamento y el Código de Etica Profesional del Periodista.

La pretendida calificación como delitos, en la actuación de periodistas que cumplen la
labor de divulgar la realidad de la conflictividad social, bajo mecanismos procesales de
juzgados penales, violan directamente garantías constitucionales protegidas expresamente por los artículos 57, 58 y 337 de la Carta Magna, en armonía con un
conjunto de Tratados Internacionales, ratificados por Venezuela, que además han sido
denunciados por múltiples defensores DDHH, ONG, el Colegio Nacional de Periodistas,
repudiados, por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, por la
Secretaria General de la OEA, y especialmente por reiteradas sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, que hemos analizado en artículos anteriores.

Sigamos defendiendo con fuerza, la vigencia de conquistas ancestrales de los
ciudadanos, amparados especialmente por el artículo 13 de la Convención Americana de
los Derechos Humanos, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos y
Deberes del Hombre, por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y
especialmente por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyas
garantías de la libertad de expresión, libertad de información, no pueden ser
restringidas en estados de excepción, bajo ningún motivo.

Desde la Consultoría Jurídica del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), el respaldo a
PROVEA, Acceso a la Justicia, Espacio Público, IPYS, ONG defensores DDHH, SNTP,
portales digitales independientes, a los periodistas Ana Belén Tovar, Elides Rojas,
Arnaldo Sumoza, Eduardo Galindo, Marianella Salazar, a todos y cada uno de los
profesionales de la comunicación social, para seguir divulgando la realidad, sin
cortapisas, sin censura, sin temores, con ética, equilibrio, por reportar hechos
vinculados a la dramática situación que viven los venezolanos.

Rechazamos, cualquier campaña que persiguen estigmatizarlos, amenazarlos, cuyo
ejercicio o despliegue informativo, no constituyen delitos, aunque el aparato represivo
compuesto por organismos de seguridad civil y militar, tribunales integrados por
magistrados temporales, fiscales del ministerio público que no poseen imparcialidad e
idoneidad, realicen bajo cargos o imputaciones de delitos de odio, claros mecanismos
de censura, para inhabilitar y criminalizar.

¡Informar No es delito!

Twitter @andresraulpaezp

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