Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Tiranía judicial

Andrés Raúl Páez
Abogado y prof. UCV

En el inicio del año 2020 realizaremos algunas reflexiones sobre las manipulaciones tribunalicias, no acorde ni con la majestad que exige la administración de justicia, y menos con lo que se espera de la cúspide del poder judicial en Venezuela, y otros organismos que deberían velar por la defensa de los derechos humanos, que guardan estrecha vinculación de apalancamiento al régimen opresor.

Para nadie es un secreto que el método o las fórmulas de escogencia para ser magistrado del TSJ fueron burlados grotescamente de forma fraudulenta, horas después de haber perdido las parlamentarias el oficialismo en diciembre del 2015, designando sin legitimidad para ello, a 13 magistrados principales y 23 suplentes, ex diputados del PSUV y dirigentes políticos vinculados directamente al régimen.

De acuerdo con el informe Informe presentado el 4 de julio del 2019, por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se lee textualmente en el párrafo segundo (introducción) que, en Venezuela, se “destacan patrones de violaciones que afectan directa e indirectamente a todos los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.”

En el párrafo 37 del trabajo realizado por Michelle Bachelet, se confirma que, para junio del 2019, la Corte Suprema de Justicia había levantado la inmunidad parlamentaria a 22 diputados de la Asamblea Nacional, entre ellos el Presidente de la Asamblea Nacional. Muchos de ellos han sido acusados de traición, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil y asociación, entre otros cargos, 2 diputados se encuentran en detención preventiva y 16 buscaron protección en embajadas extranjeras, han abandonado el país o se han escondido.

De la cifra escandalosa anterior, de 22 diputados, el balance final 2019 nos lleva a 28 representantes del parlamento que han sido fusilados políticamente, sistemáticamente, ante el paredón o verdugo TSJ, sin respetar la inmunidad parlamentaria; dos diputados se mantienen secuestrados en mazmorras, sin cumplirse ninguna garantía constitucional, sin debido proceso, presunción de inocencia, juez natural, amén de no haberse respetado la institución de la inmunidad parlamentaria.

Las detenciones de los diputados Juan Requesens y Gilber Caro, son graves, delicadas por el ensañamiento, las torturas, tratos crueles, degradantes, y múltiples delitos cometidos, no por los representantes designados mediante el voto popular, sino por una infame tiranía judicial, que planifica selectivamente sus objetivos,  criminaliza, ordena encarcelar, secuestra mediante organismos de seguridad civiles y militares, aísla, imputa, sin permitir acceso oportuno a las actas, sin comunicación alguna con defensores ni familiares, entre otros vicios que no quedarán impunes.

En el informe (párrafo 57) de la alta comisionada de la ONU, se confirma que, “el Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de los derechos humanos. Ninguna de esas instituciones, así como tampoco el Gobierno o la policía dan protección a las víctimas y testigos de violaciones a los derechos humanos. Además, el Fiscal General ha participado de una retórica pública de estigmatización y desacreditación de la oposición y de quienes critican al Gobierno, violando así el principio de presunción de inocencia.”

El equipo del Foro Penal ha contabilizado más de 12.000 detenciones arbitrarias, procesados por razones políticas, bajo medidas cautelares, prohibiciones de salida del país, régimen de presentaciones, prohibiciones de declarar, además de 388 presos políticos que aún permanecen detenidos, sin debido proceso, ni fórmulas de juicios con el respeto a garantías de una justicia sin dilaciones, idoneidad e imparcialidad de sus juzgadores.

La ONG Espacio Público ha confirmado de enero hasta noviembre del 2019, más de 1017 casos de violación a la libertad de expresión en Venezuela, en donde el poder judicial venezolano, no ha estado a la altura que demanda la defensa DD.HH., y menos aún de las tendencias de sistemas interamericanos.

La CIDH condenó al estado venezolano en fecha 30-08-2019, por hechos relacionados con el funcionamiento de la administración de justicia (Caso Prof Alvarez Ramos) directamente con la libertad de prensa, libertad de información, y el ejercicio de la libertad de expresión, sin fronteras, amparado especialmente por el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

La tiranía judicial de la mano de la usurpación, evade la exigencia de los ciudadanos, sobre el constante y permanente debate, en materia de rendición de cuentas, transparencia en la gestión, el escrutinio público de cada uno de los sectores o niveles de la administración pública, que hoy esta intervenida en sus altas esferas por militares que no poseen experiencia, ni capacidad, ni están sometidos a supervisión o contraloría alguna.

El estado venezolano está obligado al resguardo y defensa DD.HH., al cumplimiento alcance y vigencia de los fallos de la CIDH, a pesar del Estado Forajido hoy convertido en Estado Fallido.

En este sentido, es importante resaltar el reciente pronunciamiento emitido el 31 de diciembre del 2019, por la Cátedra de Derecho Constitucional de la Casa que Vence las Sombras, titulado “Es la Sala del TSJ quien desacata” para analizar diversas sentencias en Sala Electoral y Sala Constitucional, y  demostrar con argumentos “los niveles de una Tiranía Judicial instaurada en Venezuela, la derogatoria de la Constitución y la materialización de un esquema fraudulento que bajo la premisa de la anulación de todo control ha llevado al país a la ruina.”

Desde la perspectiva de los catedráticos de Derecho Constitucional de la UCV, se insiste en “las denuncias por los notorios y flagrantes actos dirigidos a la sistemática violación de la Constitución, la usurpación ejecutada por un régimen que ha destruido al Estado de Derecho e infringido íntegramente la dogmática de Libertades Públicas, bajo el esquema de violencia institucional”.

La tiranía judicial es quien no cumple la Carta Magna, ni los poderes sumisos que sostienen el régimen totalitario en Venezuela.

Aunque el panorama institucional se encuentra devastado, somos optimistas que el año 2020 será el resurgir de la esperanza, mediante acciones colectivas orientadas al rescate nacional, al gentilicio, a los valores y principios que se encuentran en nuestras raíces republicanas.

En definitiva es vital,  el cese oportuno y efectivo de la usurpación, a través de la resistencia cívica ciudadana, con el apoyo en los últimos reductos o bastiones de la democracia, como lo son, las universidades, los estudiantes, docentes, egresados, defendiendo la autonomía de nuestras casas de estudios, los sindicatos, los gremios en todas sus modalidades, y especialmente el funcionamiento de la Asamblea Nacional,  bajo una unidad superior, de propósitos: el rescate de la Democracia, el imperio de la Ley, autonomía de poderes y libertad plena de todos los presos políticos.

Tuiter @andresraulpaezp

LO QUE ES TENDENCIA

Artículos Relacionados