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Cambio de nombre a Vargas es "inútil, antihistórico e improcedente jurídicamente"

Como inútil, antihistórica, impopular e improcedente jurídicamente calificó Carlos Guaita, coordinador del Frente de Abogados por Vargas, la reforma a la Constitución aprobada el pasado jueves por el Consejo Legislativo del estado y que da pie al cambio de nombre de Vargas por La Guaira.

Explicó que tras conocerse la noticia de la solicitud hecha por el gobernador Jorge Luis García Carneiro sobre el cambio de nombre el pasado 20 de marzo una comisión acudió a la secretaría del órgano legislativo, donde “no reposa ningún documento con esta característica”.

Recordó que el nombre del estado data de 1870, cuando se cambió el concepto de provincias a estados dando paso a los departamentos Libertador y Vargas. “Uno exaltó la figura del genio militar de América como lo fue Bolívar y también al más prominente civil para la época”.

El también abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela detalló que de tratarse de una reforma a la Constitución del estado se deben llevar a cabo tres consultas en no menos de nueve meses para que el procedimiento concluya.

“Sin embargo, por tratarse de un procedimiento que se ejecutó en tan poco tiempo podría considerarse lo que se hizo como una enmienda. Pero modificar 48 artículos de la carta magna regional no califica como enmienda. No sabemos a ciencia cierta qué fue lo que ellos hicieron” detalló.

Guaita insistió en que el nombre, territorio y los límites del estado vienen determinados por una ley orgánica emitida por el Congreso Nacional el 29 de mayo de 1998, que crea más tarde el Territorio Federal Vargas. “Según el artículo 218 de la Constitución nacional las leyes se derogan por otras leyes de igual o mayor rango. Por eso no se puede cambiar una ley nacional por un acto legislativo”.

Para el también miembro de Cope regional el camino jurídico que debió tomarse está regido por el artículo 71 de la Constitución. “Primero se lleva a cabo un referéndum consultivo, que de ser aprobado pasa directamente a la Asamblea Nacional, que es el ente con la competencia para derogar la ley orgánica de la cual se originó el nombre del estado. Por eso es inconstitucional lo que hicieron”.

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