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"Desaplica el ordenamiento constitucional contra la República": partido socialista MEP rechazó Ley Antibloqueo

El partido socialista Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), rechazó la Ley Antibloqueo propuesta por el régimen de Nicolás Maduro, asegurando que “desaplica el ordenamiento constitucional contra la República y el pueblo”.

Mediante un comunicado, firmado por Jesús Angel Paz Galarrada y Salom Mesa; el MEP aseguró que la Ley "no constituye la vanguardia de la clase obrera y demás trabajadores manuales, intelectuales de la ciudad y del campo".

Por lo tanto, el partido socialista consideró que no estaba en el orden jurídico y desaplicaba el ordenamiento constitucional contra la República y la población.

Asimismo, resaltó que el proyecto de ley era una "retórica incoherente", la cual prometía "fantasías", como recuperación de la capacidad de ahorro del venezolano, servicios públicos de calidad, impulso a la inversión privada, pleno disfrute de los DDHH.

"En otras palabras, devolverle a los venezolanos todo lo que ellos mismos han destruido en estas dos décadas, por sus avaricias y falta de racionalidad", dijo.

Comunicado

MEP rechazó Ley Antibloqueo

Nicolás Maduro acudió el pasado 29 de septiembre a la sede de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para solicitar formalmente un debate y aprobación del proyecto de Ley Constitucional Antibloqueo.

Durante una transmisión por Venezolana de Televisión (VTV), Maduro aseguró que esta propuesta era "histórica" para el momento que vivía Venezuela.

Resaltó que Venezuela estaba gravemente amenazada por "poderes imperiales y víctima de un bloqueo criminal”.

Además, de acuerdo a Bloomberg, el proyecto de Ley abría la puerta a una mayor inversión privada en la economía de la nación. Esto podría deshacer décadas de intervención estatal.

El texto de la ley "anti-bloqueo" describe al ejecutivo como el que tiene el poder de modificar la propiedad; la gestión o la administración de las empresas públicas y las empresas mixtas.

En ese sentido, esto podría permitir una mayor inversión privada o extranjera en la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

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