La Justicia venezolana excarceló, aunque con régimen de presentación, a 30 personas que habían sido detenidas en un sauna de Valencia, estado Carabobo, el 24 de julio.
Los tres detenidos restantes (el dueño del local y dos masajistas) deberán presentar fiadores para su posterior liberación.
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Las personas detenidas fueron imputadas por los delitos de ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica. Sin embargo, los activistas sostienen que estos cargos son falsos y que las personas fueron detenidas por su orientación sexual.
#HomofobiaDeEstado
Los fiscales acusaron:
1. Ultraje al pudor
2. Agavillamiento
3. Contaminación sónica
La juez de tribunal municipal
"Si a todo"+régimen de presentación.
Es oficial, Venezuela es un país que CRIMINALIZA la Homosexualidad. Se veía venir y llego
— 🇻🇪Richelle Briceño🇻🇪 (@Richelle_ABC) July 27, 2023
El Observatorio de Violencia LGBTIQ+ presentó quejas ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. También está articulando otras acciones con distintas ONG defensoras de derechos humanos para exponer el caso ante otras instituciones nacionales e internacionales.
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El observatorio advirtió sobre el riesgo de criminalización de estas 33 personas pertenecientes a la comunidad LGBTI+. Además, relató que la detención fue arbitraria.
Durante la acción policial se incautaron objetos personales. La minuta policial aseguró que “estaban haciendo una orgía” y que había teléfonos con videos de “contenido sexual”.
#Urgente Culmina audiencia de presentación de los 33 detenidos:
• 30 salen con régimen de presentación.
• El dueño y los 2 masajistas deben presentar fiadores.
• Tribunal admitió toda la solicitud de la fiscalía.#LibertadPlenaYa #NoMasDiscriminacion pic.twitter.com/50eJo5uGZg
— Observatorio 🇻🇪 de Violencias LGBTIQ+ (@ovlgbtiq) July 27, 2023
¿DE QUÉ SE LES ACUSÓ A ESTAS PERSONAS?
Yendri Velásquez, activista y miembro del Observatorio de Violencia LGBTIQ+, acotó que no hay razón para detenerlos. En ese sentido, indicó que el delito de ultraje al pudor ocurre cuando se trata de un acto público. Sin embargo, este no es el caso.
«No hay fundamento suficiente para que la Fiscalía genere este proceso de imputación. Ni para que los tribunales acepten esta solicitud por parte de la Fiscalía», aseveró Velásquez.
Con respecto a los otros dos delitos, expresó que no hay como comprobar el agavillamiento y no tienen como justificar las acusaciones de contaminación sónica.
«Lo que es evidente es que hay un ensañamiento por prejuicios homofóbicos y esto nos preocupa», dijo.
