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Habló Misión ONU y no le gustará a Maduro: torturas de Dgcim y Sebin son maquinaria de represión

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (MIIV) presentó una actualización del informe sobre los derechos humanos en el país. El texto evidencia nuevas violaciones en contra de los derechos humanos de los venezolanos y complicidad en organismos del Estado.

El informe explica que los organismos de inteligencia del Estado funcionan como estructuras bien coordinadas para la ejecución de un plan, orquestado desde los niveles más altos del gobierno. El objetivo es reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad.

La misión detalla las funciones y los aportes de varias personas en diferentes niveles de las cadenas de mando de estos organismos. Por ello, insta a las autoridades a que investiguen sus responsabilidades y las juzguen en consecuencia.

"Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los DDHH", declaró Marta Valiñas, presidenta de la MIIV.

ALERTA EN BOLÍVAR

La MIIV destacó la situación en el estado de Bolívar donde actores estatales y no estatales han cometido violaciones y crímenes contra las poblaciones locales, en zonas de extracción de oro.

La Misión basó las conclusiones de ambos informes en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia. Además, se analizaron los expedientes judiciales y otros documentos relacionados con los incidentes.

"Venezuela sigue enfrentando una profunda crisis de derechos humanos. Nuestros informes de hoy se refieren tan solo a dos aspectos de esta situación. Instamos a la comunidad internacional a que continúe monitoreando de cerca la evolución de los acontecimientos en Venezuela y vigile si se están produciendo avances creíbles para asegurar una justicia imparcial e independiente", dijo Valiñas.

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD DEL DGCIM Y SEBIN

El informe detalla el papel que desempeñan personas en distintos niveles de las cadenas de mando de la DGCIM y el SEBIN, en la ejecución de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición al Gobierno, incluso mediante la comisión de torturas de extrema gravedad, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad.

La Misión documentó 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. La tortura se llevó a cabo en su sede “Boleíta”, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país.

El SEBIN ha torturado o infligido malos tratos a detenidos -entre ellos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos-. Estos actos se han llevado a cabo principalmente en el centro de detención “El Helicoide”, en Caracas. La Misión ha investigado 51 casos que ocurrieron desde 2014. El informe detalla cómo las órdenes fueron impartidas por autoridades del más alto nivel a funcionarios de menor rango.

"Tanto el SEBIN como la DGCIM hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos", agrega.

LOS CRÍMENES QUEDAN IMPUNES

La MIIV advierte que las autoridades venezolanas no han investigado ni procesado a los responsables de crímenes de lesa humanidad. También señala que las reformas anunciadas a partir de 2021 tampoco solucionaron la falta de independencia e imparcialidad que aqueja al sistema de justicia.

"Las violaciones y los crímenes del SEBIN y la DGCIM continúan hasta hoy. Se mantienen las mismas estructuras, patrones y prácticas. Varios de los funcionarios entre los investigados por la Misión siguen trabajando para estos organismos y en algunos casos han sido ascendidos", añade.

El análisis de la Misión detalla, cómo esta maquinaria fue puesta en marcha por el presidente Maduro y otras autoridades de alto nivel como parte de un plan deliberado del Gobierno para reprimir a la oposición.

"Los crímenes de lesa humanidad, cometidos a través de los organismos de inteligencia del Estado, orquestadas por personas en los niveles más altos de autoridad, han tenido lugar en un clima de casi total impunidad. La comunidad internacional debe hacer todo lo posible para que se garanticen los derechos de las víctimas a la justicia y a la reparación", declaró Francisco Cox, miembro de la misión de la MIIV.

VIOLACIONES A DDHH EN EL ARCO MINERO

"El llamado Arco Minero del Orinoco establecido por Nicolás Maduro en 2016 se ha convertido en una zona donde los grupos armados criminales siguen operando abiertamente, controlando las minas y las poblaciones", añade.

El informe de la MIIV documenta cómo actores estatales y no estatales han cometido violaciones de derechos humanos contra la población local, en el marco de la lucha por el control de las zonas mineras. Entre ellos figuran privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género. Las autoridades no sólo no han adoptado medidas para prevenir o reprimir estos abusos, sino que la Misión ha recibido información que sugiere una connivencia entre actores estatales y no estatales en algunas partes del estado de Bolívar.

LEA TAMBIÉN: LOS DARDOS DE RAMÍREZ SOBRE DETENCIÓN DE SU HERMANO: "FUE ORDEN DIRECTA DE MADURO"

En el municipio Gran Sabana, al sur del estado, la Misión ha documentado en profundidad varios casos en los que las fuerzas del Estado han atacado a las poblaciones indígenas, cometiendo una serie de violaciones. Entre ellos, los enfrentamientos que se produjeron en 2019 tras el intento de la oposición de trasladar ayuda humanitaria a Gran Sabana desde Brasil, cuando las fuerzas estatales cometieron torturas y privaciones arbitrarias de la vida contra personas indígenas.

"La situación en el estado de Bolívar y en otras zonas mineras es profundamente preocupante. Las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en una violenta batalla entre actores estatales y grupos armados criminales por el control del oro. Nuestro informe pone de manifiesto la necesidad de seguir investigando esta región que, paradójicamente, es una zona casi olvidada del país, pero, al mismo tiempo, genera una riqueza lícita e ilícita procedente de los minerales de cantidades inmensas", declaró Patricia Tappatá Valdez, miembro de la Misión.

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