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Las ONG venezolanas afirman que es "imposible" que den al Estado información sobre sus beneficiarios

Las organizaciones no gubernamentales darán una respuesta “conjunta y contundente” a la resolución del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz que las obliga a inscribirse en el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oicina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Ruso-Oncdoft).

Esa respuesta pasará por negarse de plano a entregar el listado de sus beneficiarios, como lo establece la providencia administrativa del Ministerio del Interior; por denunciar este decreto ante la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet; y a actuar coordinadamente en sus acciones contra el decreto, que, según las ONGs venezolana, sobrepasa el marco de aplicación de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, aprobada en 2012. 

Así lo señalaron a Caraota Digital los directivos de tres de las al menos diez ONGs que fueron hostigadas el año pasado por el Gobierno chavista: Luis Francisco Cabezas, de Convite A.C.; Marino Alvarado, de Provea, y Ali Daniels, de Acceso a la Justicia

Las ONGs venezolana emitirán en los próximos días una posición conjunta ante la resolución del Ministerio del Interior, que probablemente no será objeto de grandes discusiones, pues la posición de los tres voceros, que hablaron independientemente, es prácticamente la misma 

Una resolución inaplicable en dictadura

Alvarado señala que la posibilidad de darle al Gobierno chavista el listado de sus beneficiarios está totalmente descartada, por una razón muy sencilla: es darle al mismo Estado que, según la ONU y la investigación de la Corte Penal Internacional, viola los derechos humanos, la información sobre los sujetos que lo están denunciando. 

“Es como si en la Argentina o en el Chile de los 80, las dictaduras de Videla o Pinochet tuvieran acceso a los que denunciaban las desapariciones. Nosotros en Provea no vamos a cumplir con esto”. 

Por su parte, y aunque aclaró que declaraba en condición personal y no como director de Convite A.C. (cuya oficina fue allanada en diciembre del año pasado, mientras él pasaba unas horas detenido), Cabezas que “no se trata de ponernos a derecho, porque nosotros, las ONGs, estamos a derecho”. 

“De entrada es un exabrupto que se parta del principio de que las ONGs somos o pudiéramos ser terroristas, violando todo principio de presunción de inocencia”, señala Cabezas, agregando que, si bien obviamente las ONGs más perjudicadas por la obligación de dar la lista de sus beneficiarios son las que defienden los derechos humanos, las que cumplen misión social también se ven afectadas. 

En esto coincide Daniels, quien recuerda el caso reciente del alcalde de Sucre (Yaracuy), Adrián Duque, y su insólita amenaza de quitar el CLAP y el gas a las familias con pacientes Covid-19 que violaran la cuarentena. 

“Sabemos cómo el régimen presiona a los que reciben beneficios de las ONGs. Pueden ser objeto de estigmatización”. 

“Si algo hemos aprendido los venezolanos es sobre el mal uso de las listas que hace el Gobierno”, indica Daniels, a lo que añade Cabezas que “se pone en riesgo la privacidad de los que reciben los beneficios”. 

Lo que harán las ONGs

Para Alvarado, por responsabilidad no solo ética, sino porque así funcionan las ONGs en cualquier país, no pueden dar el nombre de aquellos a quienes benefician. “Imagínate a una víctima de las FAES acusando a las FAES y que tengamos que darle esa lista al Estado, señala”. 

Daniels, por su parte, señala que la resolución extralimita la Ley contra el Terrorismo porque esta, en su artículo 4 numeral 21, afirma que son sujetos de la Ley considera “sujetos obligados” a aquellos que tienen la obligación de tener un registro ante el Estado venezolano, cosa que en el casode las ONGs se intenta ahora bajo una norma sublegal. 

Agregó que todas las ONGs venezolanas están registradas ante el Seniat y funcionan a través del sistema financiero, por lo cual, si se sospecha de legitimación de capitales, el organismo llamado a actuar es la Superintendencia de Bancos, y no el Ministerio del Interior. 

Para este doctor en Derecho, sin embargo, no tiene sentido recurrir al TSJ a reparar lo que es un absurdo jurídico, en este caso, que un decreto vaya más allá de una Ley, “porque como decía el maestro (Pedro) Nikken, uno a este TSJ va a pedir un amparo y sale divorciado (...) son muchos los casos de resoluciones del TSJ que terminan vulnerando más los derechos que los demandantes pretendían reparar”. 

Para el representante de Acceso a la Justicia, este decreto “complementa la lógica del enemigo interno, segùn la cual, todos los que se oponen al Estado son enemigos bélicos y así deben ser tratados, lo cual es muy peligroso, especialmente en un momento como este, en el que se ve que al menos en las fronteras, la soberanía es una palabra vacía”, indica, en referencia al caso de Apure, la FANB y las FARC. 

Para Cabezas, por su parte, las ONGs no están negadas a tener un marco de actuación, “siempre que no limite nuestras actividades” y no parta de la presunción de que se realizan actividades terroristas o legitimación de capitales. 

Por su parte, Alvarado, enfático, concluye que “no vamos a hacer el papel de sapos cooperantes ante un Gobierno que viola los derechos humanos, es represivo y torturador”. 

Los tres voceros coinciden, además, que este decreto representa un incremento de la escalada represiva que entre 2020 y este año ha generado allanamientos y detenciones en ONGs como Azul Positivo, Convite y Alimenta la Solidaridad/Caracas Mi Convive; y hostigamiento a Prepara Familia, Acción Solidaria y Provea, entre otros.

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