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Rector Márquez: Inhabilitaciones son inconvenientes en el rescate de la confianza del voto

Enrique Márquez, rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), se pronunció este lunes en contra de las inhabilitaciones que emitió la Contraloría General. En ese sentido, consideró que estas medidas violan los derechos constitucionales de los afectados.

Para Márquez, las inhabilitaciones de la Contraloría son algo “absolutamente inconveniente en la ruta de rescate de la confianza del voto”. Por lo tanto, subrayó que el caso de la Gobernación de Barinas es una evidencia de la situación.

“Sin duda alguna está práctica debilita a la Contraloría, al CNE y a la imagen de un Estado que por mandato constitucional debe ser democrático, además de violar derechos constitucionales a los afectados, al no permitir, entre otras cosas, el derecho a la defensa en estos casos”, dijo.

Captura de pantalla de la publicación de Márquez en Twitter (@ENRIQUEMARQUEZP)

Tras la suspensión de las elecciones ganadas por Freddy Superlano, la MUD decidió que su esposa, Aurora Silva fuera la candidata. Sin embargo, a pesar de que nunca ejerció algún cargo público, la dirigente también fue inhabilitada para participar en las elecciones.

“DEBEMOS PERSEVERAR”

A pesar de reconocer los problemas de las inhabilitaciones, Márquez insistió que esto ocurre en el marco de la crisis política y el “esfuerzo de diálogo nacional”. “Nos debe llevar a admitir que lograremos avances y sufriremos retrocesos en esta dura ruta”, agregó.

“Debemos perseverar. Nuestra Venezuela nos necesita insistiendo en su reconstrucción en medio de la crisis. Solo existe la solución que construyamos entre todos. A cada quien le corresponde una responsabilidad. Asumo la mía con pleno compromiso de no desmayar en el camino”, concluyó.

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Tras la suspensión de las elecciones, el CNE convocó a otros comicios para el 9 de enero de 2022. Foto: referencial

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó repetir las elecciones en el estado Barinas, tras la inhabilitación de Superlano. El Poder Judicial alegó que el dirigente no puede “ejercer cualquier cargo público”, a pesar de que recibió un indulto de Nicolás Maduro en agosto de 2020.

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