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Siete detenidos por el atroz asesinato de Ángela Aguirre

La imputación estuvo a cargo de cuatro Fiscalías: 13° y 16°
del estado Bolívar; 66° con competencia nacional y 46° con competencia en violencia contra la mujer.

La defensa de los siete detenidos fue llevada por las abogadas y
exfiscales Martha Torres y Nayleth Romero.

– A José Alberto Cedeño se le calificó la comisión del delito de
femicidio agravado, abuso sexual y suministro de sustancias nocivas
contra Ángela Aguirre.

– Wilmer Díaz, José Zorrilla, Glauber Zorrilla y Orlando Salazar
fueron imputados por la presunta comisión de los delitos de femicidio
agravado como cómplices necesarios, omisión al socorro y violencia
sexual agravada.

– Joselyn Barrero y Dayana Nicieza por la presunta comisión de los
delitos de cómplice necesario en femicidio agravado y omisión al
socorro.

El 12 de abril, el periodista del estado Bolívar que ahora se
encuentra en Brasil, German Dam, denunció que la fiscal Hemely
Hernández habría recibido presuntamente un soborno de parte de los
parientes de los detenidos.

Habló de un total de “100.000 dólares y tres kilos de oro -así como
bienes muebles e inmuebles- fueron distribuidos entre la fiscal,
funcionarios del Cicpc y jueces para favorecer a los responsables del
homicidio de Ángel Aguirre y a sus cómplices”.

El 6 de abril, la familia de Ángela Aguirre recusó a la fiscal Emily
Hernández. explicó que las razones fueron:

1.- Hernández solicitó la declinación del tribunal de violencia contra
la mujer para que el expediente FP12-P-2019-787 fuera llevado por un
tribunal penal ordinario. Según la defensa de la familia Aguirre, esto
da a entender que el MP desestimó que se tratase de un caso de
violencia contra la mujer.

2.- La fiscal Hernández habría anunciado que solo dos personas
quedarían privados de libertad.

3.- La fiscal habría ignorado los primeros resultados forenses.

En ninguna de las razones de la familia Aguirre para recusar a la
fiscal se encuentra la del soborno, que Dam denunció en sus redes
sociales.

Tras la difusión de un audio, donde Ángela manifestaba que José
Alberto la había violado y con la competencia de los fiscales en
materia de Violencia contra la Mujer pautaron la audiencia de
presentación de los siete detenidos por el caso para el 13 de abril,
donde les imputaron los delitos correspondientes.

A José Alberto le imputaron los delitos de feminicidio, abuso sexual,
suministro de sustancias a una menor y omisión al socorro. En cuanto a los demás por cómplices necesarios de feminicidio y omisión al
socorro.

Hasta ahora, sus familiares esperan que les apliquen a los siete
detenidos una sentencia condenatoria.

El 14 de abril en la madrugada, el Tribunal 1° en Funciones de Control
en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito
Judicial Penal del estado Bolívar fijó postura. Dictó medida de
privativa de libertad por los delitos de femicidio agravado, abuso
sexual, omisión al socorro y suministro de sustancias nocivas, de
forma diferenciada a cada aprehendido.

Sin embargo, os detenidos se encuentran en la delegación eje de
homicidios de Moreno de Mendoza en San Félix, gozando de beneficios
como un piso para ellos solos, con aire acondicionado, comida  y
visitas libres, permisos conyugales sin restricciones.

La pregunta importante es ¿quién tiene el poder entre estos 7
detenidos que ha evitado el trasladado a sus lugares de reclusión
correspondientes? ¿Hay algún familiar o los llamados padrinos quienes están velando por la seguridad de los 7 implicados?

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