La Alcaldía de Maneiro, en la isla de Margarita, alertó que una constructora está usando una denuncia «reciclada» para presionarla frente a las autoridades y permita una construcción ilegal en el sector Playa El Ángel, avenida Aldonza Manrique, calle El Carite.
El empresario Rómulo Soto, representante de la constructora y sistemas Internacionales Cosint, acusó hace tres años de una presunta corrupción al director de Desarrollo Urbano de la Alcaldía de Maneiro, Justiniano Mata, después que el organismo cancelara en ese entonces las obras en el lugar luego de denuncias de vecinos.
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La Alcaldía salió al paso después que en algunos medios de comunicación, como el Diario 2001, trascendiera que el Ministerio Público (MP) imputó a Mata tras denuncia de Soto, por esa misma acusación.
De acuerdo a la información, el MP imputó a Justiniano Mata por el supuesto delito de «Retraso u Omisión Agravada Intencional de Funciones». El mismo está previsto «en el artículo 69 de la Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra la Corrupción».
De igual forma, lo señalan de «Falsa Declaración de Funcionario Público, previsto en el artículo 74 de la mencionada Ley Contra la Corrupción, datos que reposan en el Expediente Fiscal número MP-125505-2022». Sin embargo, la Alcaldía de Maneiro expresó que eso no se ha podido probar.
LOS HECHOS DE HACE TRES AÑOS
Internacionales Cosint construyó en Playa El Ángel sin contar con todos los permisos necesarios. Los residentes denunciaron la situación y posteriormente, la Alcaldía de Maneiro actuó y paralizó las obras.
Esto se debe a que la empresa recibió una ordenanza para edificar cinco locales, pero pretendían que le aprobaran para construir 14. Asimismo, eran necesario 18 puestos de estacionamiento, pero la constructora únicamente contaba con cuatro.
En consecuencia, las autoridades del municipio frenaron las labores. No obstante, Soto buscó «caminos verdes» para insistir con la construcción y judicializar lo hecho por la alcaldía. Esto, pese a que se hizo apegado a la ley, reseñó Notiespartano.
Asimismo, señalaron que a pesar de la denuncia de presunta corrupción, no han podido demostrar que la paralización se hiciera de forma ilícita.
