«Ni presa por abortar, ni muerta por intentar»: Activistas y ONG piden despenalización del aborto en el país

«Ni presa por abortar, ni muerta por intentar»: Activistas y ONG piden despenalización del aborto en el país

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín 2 Min de Lectura
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Foto: Provea

Un grupo de activistas y miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG) protestaron este jueves, 28 de septiembre, ante la Asamblea Nacional para exigir la legalización del aborto en Venezuela.

La protesta fue convocada para conmemorar el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. Como en otras actividades de este movimiento, los colores verde y morado predominaron entre las manifestantes.

«Ni presa por abortar ni muerta por intentar», decía uno de los escritos que se vieron en la protesta. «Ser madre es una decisión, no una imposición» y «Fuera la religión de nuestros ovarios», también estuvieron presentes.

Activistas frente al Palacio Federal Legislativo. Foto: Provea

Los asistentes, en su mayoría mujeres, subrayaron que desean la legalización del aborto «legal, seguro y gratuito». «Es una necesidad, es parte de nuestros derechos humanos», dijo la psicóloga Bolívar Pérez, de acuerdo a Unión Radio.

VIDA DE LAS MUJERES EN RIESGO

Pérez recordó que «todos los estratos sociales abortan», por lo que es un problema para toda la ciudadanía. Sin embargo, quienes tienen «mayor riesgo de perder sus vidas son las mujeres pobres».

«Venezuela es un país donde la tasa de embarazo precoz es la primera en toda Sudamérica, y esto no es más que el producto de un Estado que ha olvidado sus obligaciones en cuanto a educación sexual y reproductiva», dijo la activista Richelle Briceño.

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Las activistas recordaron que en Venezuela el aborto es «ilegal incluso en casos de abuso sexual». Para las manifestantes, esta situación pone «en riesgo las vidas de las mujeres», puesto que deben someterse al procedimiento de forma clandestina.

El aborto se encuentra penalizado por el Código Penal venezolano. En caso de que una mujer haya hecho este procedimiento bajo su consentimiento, enfrenta una pena de seis meses a dos años en prisión.

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