Luego de ocasionar un revuelo en todo el país, el chavismo decidió retractarse sobre la medida que regulaba los servicios de delivery.
Las autoridades del Estado tomaron la decisión luego de una reunión con representantes de las empresas operadoras de servicio de encomiendas a domicilio, mejor conocidas como delivery.
A través de un comunicado, señalaron que sostuvieron una «cordial y fructífera reunión». El objetivo del encuentro era avanzar en un plan conjunto de trabajo.
«En este encuentro, el Ejecutivo Nacional acordó dejar sin efecto la resolución del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, (referida al servicio de entrega a domicilio y publicada en Gaceta Oficial N° 42.813, del 5 de febrero de 2024), y transferir el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel) al Ministerio del Poder Popular para el Transporte», señaló el gobierno en un comunicado.
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Esta decisión fue acogida con gran beneplácito por parte de las empresas prestadoras de delivery.
No obstante, acordaron conformar una Comisión de Trabajo y otra de Seguridad junto a organismos del Estado venezolano. En este sentido, se enlazará a los Cuadrantes de Paz con los prestadores de delivery.
«Ambas partes acordaron mantenerse en constante diálogo, en aras de mejorar su impacto y relacionamiento, a través de la consolidación de políticas de apoyo y de cooperación conjunta, donde el principal beneficiario sea el pueblo venezolano», concluyó.
LA MEDIDA SOBRE LOS DELIVERY
El director de Servicios Legales de KPMG en Venezuela, Tomás Martínez, comentó que es una norma que en principio «buscaba regular la prestación del servicio de entregas a domicilio a través de todas las plataformas».
«Bien sea por empresas públicas o privadas. El objeto que tiene es garantizar la entrega oportuna, confianza y confidencialidad de datos a usuarios», expresó en entrevista para Shirley Varnagy en Onda.
«En principio entendemos que el negocio fundamental de estas personas es el servicio de entrega a domicilio. A razón de ello, debían contar con una habilitación postal para poder realizarlo día a día. Esto era el ámbito de la norma, el alcance que tenía y hacia quién iba dirigido», detalló.
Explicó Martínez que una empresa debía obtener una habilitación postal a través de una solicitud que se dirigía a Ipostel.
«Esa solicitud deviene después en un contrato de concesión, con en el cual ya estaría habilitada», apuntó. No obstante, aclaró que dicho permiso iba a estar vigente por un año.
Además, Martínez también recordó que había un importe a cobrar del 1 %. «La empresa tenía la obligación de enterarse los primeros cada cinco días lo recogido por concepto de ese importe».
